La discusión en el Congreso sobre la nueva Ley de Seguridad Interna animada desde el gobierno y respaldada por el PRI, es engañosa. Se detonó por el mensaje del secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, de urgir al legislativo a dar marco jurídico a las Fuerzas Armadas para hacer tareas de seguridad pública en las calles mexicanas, en una llamada de atención que no ha sido todavía del todo analizada. El general criticó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sin mencionarlo, al expresar que el papel de ser policía pertenece a policías y no a militares, que no han hecho su trabajo porque la encomienda a su colega de gabinete de fortalecerlas, ha sido incumplida. Pero también fue maniqueo al no hacer una autocrítica por su silencio ante las decisiones del Ejecutivo de frenar la profesionalización de las policías, que trajo como consecuencia el desgaste y el descrédito de las Fuerzas Armadas, por lo cual reclamó airadamente la semana pasada.
Que el Senado y la Cámara de Diputados no se equivoquen una vez más. Quieren dictaminar al vapor la Ley de Seguridad Interna que exigió el general secretario la semana pasada, arrollados por la coyuntura del ciclo mediático al que se sumó la clase política encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, quien afirmó que es esencial legislar en la materia. Antes de que avance la militarización del país, hay que entender y explicar porqué se ha llegado a este punto de crisis de gobierno que el legislativo quiere resolver. Si existe una debilidad institucional y las policías estatales y municipales son el eslabón más vulnerable de la seguridad pública, es porque quienes ahora buscan apresurar la Ley de Seguridad Interna, son quienes, en función de sus necesidades políticas de corto plazo, sacrificaron la profesionalización de las policías. Se puede argumentar que intentan cubrir sus errores y deficiencias con otro error aún mayor y sin punto de retorno. Si se han dado cuenta o no de esta contradicción, es tema para otra discusión.
La profesionalización de las policías fue desechada como estrategia de largo plazo por el gobierno del presidente Peña Nieto, lo que las hubiera dotado de mayores recursos y posibilidades para enfrentar a la delincuencia. No se puede saber cuáles hubieran podido ser los resultados alcanzados en este momento, pero sí está claro qué no habría podido hacer el gobierno en el momento en que comenzó a aplazar el desarrollo y mejoramiento de las policías: desarrollar la estrategia de aniquilación del cártel de Los Caballeros Templarios en Michoacán en 2013, mediante el uso de paramilitares –algunos de ellos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación-, disfrazados grupos de autodefensas. Esto le dio herramientas retóricas al gobierno para presumir que su lucha contra criminales, a diferencia del gobierno de Felipe Calderón, sí funcionaba.
Todo aquello fueron juegos pirotécnicos. Durante la administración actual, el gobierno y el PRI frenaron sistemáticamente la evaluación y el control de confianza de los policías, violando las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entró en vigor el 2 de enero de 2009. El artículo 183 especificaba sanciones al servidor público que inscribiera en una institución a una persona sin contar con el certificado de evaluación y control de confianza. El artículo 139 establecía sanciones a quien nombrara a un policía, ministerio público o perito a quien no hubiera sido certificada y registrada en términos de esa ley, con un Tercero Transitorio que marcaba un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor del decreto, para practicar las evaluaciones.
La ruptura del camino para profesionalizar a la policía comenzó antes de que Peña Nieto cumpliera un mes en la Presidencia, cuando el senador Omar Fayad –hoy gobernador de Hidalgo-, presentó una iniciativa de reforma al Tercero Transitorio, aprobada el 28 de diciembre de 2012, seis días antes de vencer el plazo para evaluar al personal de seguridad, para ampliarlo10 meses más. El 15 de octubre de ese año, Fayad presentó una segunda reforma, apoyada por senadores del PAN y el PRD, para aumentar otra vez el periodo. Este se venció el 31 de octubre de 2014, cuando todos los integrantes de los cuerpos de policías que no tuvieran la certificación de los centros de evaluación y control de confianza, tendrían que haber sido separados de sus cargos. Tampoco se sancionó a quienes nombraran a policías, ministerios públicos o peritos sin pasar por ese proceso. Los hubieras no existen, pero cabe la pregunta retórica: de haberse cumplido en tiempo y forma lo que marca la ley, ¿la suerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos por policías de tres municipios de Guerrero coludidos con criminales, habría sido la misma?
La discusión encabezada por el gobierno y el PRI para que se dictamine la Ley de Seguridad Interna, también es hipócrita. Frenar la profesionalización de las policías alargó el tiempo de los militares en las calles. A esa negligencia que permitió actividades criminales, ahora quieren sumar la atrocidad de militarizar el país. Una vez más hay que insistir. La solución al problema no es la Ley de Seguridad Interna, sino un nuevo modelo policial en el país que profesionalice esos cuerpos. Ya han sido suficientemente irresponsables –por las consecuencias humanas, sociales y políticos causados-, para que vuelvan a caer en el mismo error. La simulación sólo ahonda los problemas, y eleva costos y tiempos para su solución.
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