Rosario Piedra Ibarra rindió su primer informe de actividades como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el pleno de la Comisión Permanente. Morena, el partido en el poder que la impuso en el cargo, no se cansó de aplaudir. La oposición, de protestar. La activista dijo que el modelo de derechos humanos creado hace 20 años, está agotado y debe cambiar. ¿Para dónde va? Para lo que quiere su patrón, el presidente: acabar con la CNDH, parte de las reformas democráticas de segunda generación, y que los derechos humanos regresen a la tutela del Ejecutivo. De esta forma, la defensa de las garantías será discrecional, limitada y perjudicial para la nación.
La comparecencia de Piedra Ibarra es una vergüenza para la democracia mexicana, y uno de los emblemas del nuevo México que se construye a partir del cinismo, la ignorancia, la incompetencia y la soberbia. Las cuatro categorías definen a la presidenta de la CNDH, incapaz de articular un discurso propio, y que repite como merolico los postulados presidenciales. Lo más importante para ella, según sus jerarquías, es apegarse a la “austeridad republicana”, disminuyendo presupuestos y eliminando herramientas de trabajo, como teléfonos celulares y automóviles blindados. Piedra Ibarra dijo que eran automóviles de lujo, acomodándose a la narrativa oficial, pero mostrando lo primitivo de su pensamiento.
Hablar de ello no es lo de menos. El blindaje, como los bonos y estímulos que también eliminó, eran proporcionados a un grupo de funcionarios de la CNDH porque, en la primera instancia, era la única defensa frente a atentados; en la segunda, como compensación porque diariamente se jugaban la vida. Ni ella ni su equipo requiere de ello, porque la defensa de los derechos humanos es cosa del pasado. No necesita medidas de protección para minimizar los altos riesgos, porque no los va a tomar. Ya lo estamos viendo. No ha hecho nada durante su gestión, salvó desparramar solidaridad con víctimas, sin tomar acciones para ir tras sus victimarios. Las acciones cautelares y las recomendaciones se han ido al mínimo. Pero su analfabetismo legal, en contraste, es inconmensurable.
Hace unos días ordenó la revisión de la recomendación de la CNDH sobre el Caso Ayotzinapa porque, dijo, no existe un método para calificar su estado o nivel de cumplimiento. Piedra Ibarra no está enterada, siquiera, de los asuntos de mayor relevancia que hizo la CNDH durante el último año. La investigación, de acuerdo con cuatro artículos de la normatividad del organismo, está cerrada y concluida, presentó sus recomendaciones -resultado de un trabajo cuyo documento base tiene un millón de páginas- y se ajustó al Reglamento. Las conclusiones fueron reconocidas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quienes dijeron que aportaba elementos importantes para profundizar en una nueva investigación.
Piedra Ibarra se ha convertido en un dique en la vigilancia y protección de los derechos humanos. Desde que llegó al cargo el 12 de noviembre pasado, la CNDH prácticamente se ha paralizado. El momento más notorio quedó evidenciado el miércoles, cuando se presentó al pleno de la Comisión Permanente, y la prensa le preguntó insistentemente su posición sobre la violencia contra los inmigrantes centroamericanos en la frontera con Guatemala. La señora guardó un silencio inexplicable, ignorando repetidamente los cuestionamientos. Después de casi 24 horas, la CNDH emitió un comunicado en donde condenó todo acto de violencia contra los inmigrantes, y exhortó a las autoridades a evitar violaciones a los derechos humanos. No hizo nada más. Los funcionarios de la CNDH en la zona -que aún no han sido purgados por la nueva presidenta-, recabaron las quejas de los inmigrantes, que no fueron suficientes para obligarla a tomar una posición hasta el jueves, tras la andanada de críticas por su mutismo.
Piedra Ibarra es la funcionaria ideal para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ha dado a la tarea de colonizar los organismos autónomos que servían de contrapeso a los abusos del poder, con personas de capacidad cuestionable, cuyo principal atributo debe ser la subordinación sin pudor. La CNDH, que critica López Obrador como un instrumento inservible, repetido por su empleada, se enfrentó en el pasado al Ejército -en el caso Tlatlaya-, a la Policía Federal -en Tanhuato y Nochixtlán-, y a la Marina, por ejecuciones extrajudiciales, por citar sólo unos cuantos ejemplos, y se había convertido en un observador incómodo del gobierno federal. La llegada de Piedra Ibarra cancela esos trabajos y esos avances que costaron mucho, a muchos.
Es paradójico que Piedra Ibarra, cuyo hermano Jesús fue víctima de los abusos de poder durante la Guerra Sucia en los años 70, insulte la memoria de quienes optaron por las armas como un método para cambiar el estado de cosas, y repudie con su servilismo la lucha para construir mecanismos a favor de los derechos humanos. Sin embargo, no es ella a quien hay que reclamarle en última instancia; ni siquiera al presidente, a quien los derechos humanos le dan urticaria. Los principales responsables de esta aberración en la democracia mexicana son los senadores, que tuvieron en sus manos impedir que Piedra Ibarra llegara a la CNDH.
¿Qué hicieron? Una marranada. En la votación del 7 de noviembre hubo quórum con 116 senadores, y necesitaba una mayoría calificada de 77, pero como no la alcanzaron, se repitió la votación, sin dos de los senadores iniciales en el pleno, con lo que alcanzaron la mayoría calificada de 76. La votación fue en papeleta, que oculta quién de la oposición, por miedo o componenda, le dio su voto. Ganó la infamia. En ellos descansará la irresponsable destrucción del mecanismo que salvaguardaba las garantías individuales. Piedra Ibarra, mientras tanto, seguirá navegando en el cinismo, característico de la época.