Agencias de Estados Unidos (EU) tienen acceso, sin autorización judicial, a más de 150 millones de transferencias financieras entre norteamericanos y personas de al menos otros 20 países del mundo, reveló un reportaje de The Wall Street Journal (WSJ).
El diario norteamericano cita los documentos de la organización sin fines de lucro Transaction Record Analysis Center (TRAC), creada por la oficina del fiscal general de Arizona en 2014..
De acuerdo con esta investigación, desde la fiscalía de Arizona se logró un acuerdo con Western Union para supervisar el flujo de dinero relacionado con el trasiego de drogas desde México hacia EU, lo que permitió que al menos 600 funcionarios estatales, locales y federales tengan acceso a las transferencias bancarias.
Esto ha permitido que TRAC contribuya a “cientos de pistas” y detenciones relacionadas a diversos cárteles de la droga, a través de la entrega de nombres completos de remitentes y destinatarios.
Sin embargo, para el senador por Oregon, Ron Wyden, el gobierno de EU está pasando por alto la protección de datos de los norteamericanos, mientras “se sirve un buffet de todo lo que pueda comer de los datos financieros personales”.
Pese a que las autoridades de EU necesitan una orden judicial que demuestre que la obtención de datos personales y financieros son indispensables para una investigación, la TRAC permite saltarse ese requisito para examinar más de 150 millones de transacciones en busca de lavado de dinero.
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Entre las compañías a las que TRAC les captura sus datos financieros están: Western Union, MoneyGram, DolEx y Euronet, principalmente porque las leyes que regulan las operaciones bancarias a nivel federal no se aplican a ellas.
Mientras los grandes bancos están obligados a reportar y revisar cualquier transacción que supere los 10 mil dólares en efectivo; las empresas de servicios monetarios no lo están, pero tampoco se les ha informado a sus usuarios que sus datos personales están o serán puestos bajo escrutinio de las autoridades.
“El enlace de este programa de vigilancia y el papel de las agencias federales es mucho mayor de los que se reveló inicialmente”, destacó el senador Wyden al exigir que se investigue la relación que agencias como la DEA y el FBI tienen con el programa.
Ron Wyden también ha señalado en más de una ocasión que TRAC se sustenta con financiamiento del gobierno federal, algo que la organización ha desmentido, recalcando que se mantiene con lo obtenido en el acuerdo con Western Union.
Para evitar el rastreo de todas las remesas que se envían a otras naciones, Rich Lebel, director de TRAC, indicó que se fijó un máximo de 500 dólares; arriba de esa cifra, los datos son revisados y compartidos con las autoridades de EU.
“Es una investigación policial”, recalcó Lebel, “no lo transmitimos al mundo, pero tampoco huimos ni nos escondemos”.
Sin embargo, para el presidente de la ACLU, esta revisión injustificada de datos financieros personales incrementa las investigaciones indiscriminadas en contra de las minorías: “Este tipo de vigilancia rutinaria es corrosiva y enfría el tipo de discurso y asociación de los que depende la democracia”.
Datos de la ACLU revelan que hasta mayo de 2022, al menos 700 entidades gubernamentales de los tres niveles tenían acceso a la información de la TRAC: 440 agencias locales, 80 estatales, 53 agencias federales y 152 de oficinas de campo de agencias federales específicas.
Esto contribuye a que cada vez más personas comunes sean víctimas de hostigamiento y investigaciones sin justificación, además de servirle a la autoridades de EU para recopilar datos que no deberían estar en su poder, agrega la ACLU. EJ
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