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Redacción ejecentral

Tras un litigió que se prolongó por seis años, la familia del expresidente Luis Echeverría Álvarez deberá pagar la suma de 9 millones de pesos a Raúl Olvera Gómez, quien llegó a desempeñarse como su contador.

Lo anterior luego de que los descendientes de quien fuera presidente de México de 1970 a 1976 perdieran un juicio laboral lo que implicó que un tribunal colegiado les ordenara indemnizar a su exempleado al acreditarse su despido injustificado.

En conferencia de prensa, Heraclio Bonilla Gutiérrez, exabogado de Echeverría Álvarez detalló que, del juicio iniciado en 2015 ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, “resultaron condenados al pago de las prestaciones reclamadas por el trabajador, sin embargo, mediante un Juicio de Amparo, totalmente cuestionable, seguido ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia del Trabajo de la Ciudad de México, lograron revertir temporalmente la decisión de la Junta”.

Sin embargo, “al interponer el trabajador, recurso de revisión en contra de la sentencia de Amparo, logró que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en el Toca 48/2020, con fecha 28 de enero de 2021, dejara sin efectos la sentencia de Amparo y se restituyera al trabajador en los derechos obtenidos mediante el referido Laudo”.

Acompañado por el abogado Marco Antonio Sánchez Hernández, Bonilla Gutiérrez informó que son las empresas: Administradora de inmuebles Citlali, S.A., Inmuebles Superación, S.C., Inmuebles Abril, S.C., Inmuebles Potam, S.C., Inmuebles Cocori, S.C., Inmuebles Nainari, S.C., Club y residencias de Cuernavaca, S.A. de C.V., Cuernavaca primavera, S.A., Operadora de hoteles y restaurantes Sumiya, S.A. de C.V., Bello Caribe, S.C., Inmuebles Pez, S.C. y Bella Ixtapa inmobiliaria, S.A., “heredadas” por los descendientes del exmandatario las que perdieron el litigio y tendrán que pagar a quien fuera su contador.

“Recientemente, incumplieron una oferta de pago a su excontador, Raúl Olvera Gómez, pensando que aún pueden negociar el resultado del laudo, sin embargo, pierden de vista que ya están fuera de tiempo y oportunidad para lograrlo, pues en las actuales condiciones, solo es cuestión de tiempo ejecutar el referido laudo”, refirió el jurista.

Lo cual, dijo, empeora ya que “están poniendo en riesgo, más de 50 millones de pesos del patrimonio empresarial, por obligaciones incumplidas ante instituciones que protegen los derechos sociales de los trabajadores, pero todo depende de la rapidez con que resuelvan nuestro asunto”, señaló.

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