Redacción ejecentral
La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dictó órdenes de aprehensión en contra de ocho ex funcionarios de Veraxruz acusados de delitos electorales.
La Fepade recordó que ayer se detuvieron y fueron trasladados a un penal Villa Aldama, del exalcalde de Boca del Río, Anselmo Estandía Colom, la jefa de zona de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Graciela Tejeda Martinez y un exsubdirector de área, Felipe Sosa Mora. ES DE INTERÉS | Por “Bocagate” caen exedil y dos de Sedesol
Las capturas pendientes son de: Ranulfo Márquez Hernández, César Augusto Perdomo Buenrostro, Enrique Mariano Molina Ramírez, Salvador Manzur Díaz, Pablo Anaya Rivera.
Se les vincula por realizar servicios de manera ilegal (Programas de Desarrollo Humano) durante marzo y abril de 2013, donde asistieron a diversas reuniones de trabajo partidistas afines al entonces gobernador Javier Duarte, celebradas indistintamente, en la “Casa de Cultura” y en los Hoteles “Fiesta Inn”, “Costa Inn”, “Rivoli” y “NH”, en Boca de Río, Veracruz.
La Fiscalía contra delitos electorales señala que en su calidad de funcionarios mantenían comunicación para la planeación de la campaña electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y les proporcionaban y ponían a su disposición dichos Programas e información sobre los padrones de beneficiarios del programa social federal denominado “Oportunidades”, así como los padrones de candidatos a ser beneficiarios del programa social “65 y Más” o “Pensión para Adultos Mayores”, para dar de alta, incluir a dichos Programas y beneficiar con los mismos, a ciudadanos y ciudadanas que fueran afines al tricolor.
Por ello, se les acusa de vulnerar el adecuado desarrollo de la función pública electoral que abarca la organización y realización los procesos electorales así como la equidad e igualdad de condiciones de la contienda electoral.
Fue en abril de 2013, que el entonces presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, interpuso ante la PGR una denuncia penal. Hecho con el que concluyó el llamado “Pacto por México”.