La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, encontró responsabilidad institucional y de servidores públicos de la Fiscalía del Estado de Chiapas, en el caso del periodista Mario Leonel Gómez Sánchez, asesinado el 21 de septiembre de 2018, en Yajalón, Chiapas.
El organismo acreditó en su investigación violaciones a los derechos humanos previo y posterior al asesinato del periodista, así como en contra de su familia, que consistieron en omisiones y falta de actuaciones en la investigaciones.
Al cumplirse tres años del asesinato del corresponsal de El Heraldo, y a unas semanas de llevarse a cabo el juicio oral en el caso, se emitió la Recomendación CEDH/13/2021-R, dirigida al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, Olaf Gómez Hernández, por violaciones al derecho a la vida, integridad, y seguridad personal, al acceso a la justicia, a la libertad de expresión y a la verdad del periodista Mario Gómez y su familia, por lo que determinó una reparación de daño integral por violaciones a los derechos humanos de las víctimas.
Entre las nueve recomendaciones destacan, las de “realizar Procedimiento Administrativo y de
Investigación en contra de los servidores públicos que incurrieron en actos y omisiones en agravio de las víctimas a efecto de establecer la responsabilidad en que hayan incurrido”; integrar con la debida diligencia y en un plazo razonable la investigación por el homicidio el periodista, así como las carpetas de investigación por los delitos de amenazas en contra de familiares del periodista. Además de actualizar e implementar con debida diligencia las medidas cautelares.
En el análisis de los hechos realizado por la CEDH, a partir del asesinato del periodista se advierte que por lo menos cinco fiscales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, entre otros funcionarios, tuvieron conocimiento de los hechos de amenazas denunciadas por el periodista desde 2016, quienes en su momento declararon su incompetencia en el caso, sin que alguno de ellos investigara los hechos, por lo que incurrieron en la obstrucción de la justicia de la víctima.
Llama la atención en particular el que la CEDH indica en su análisis que “tampoco se agotaron las líneas de investigación que permitieran el pleno esclarecimiento de los hechos y la identificación de los autores intelectuales y materiales del homicidio del periodista”. A la fecha familiares del periodista no tiene certeza de que la Fiscalía haya iniciado una investigación por la autoría intelectual.
La Comisión abunda, el Fiscal encargado de la investigación inicial, no solo no agotó las líneas de investigación en el caso, sino que tampoco se consideró investigar la labor periodísticas de la víctima, y las amenazas previas recibidas y que en su momento fueron denunciadas.
Ello a pesar de que en sus diferentes denuncias el periodista hizo referencia en su narración de hechos que las amenazas eran por su labor periodística, por lo que se violentó la libertad de expresión desde el momento en que las amenazas denunciadas por el periodista no fueron investigadas.
La Recomendación llega a unas semanas de que se lleve a cabo el juicio oral en contra de tres de los presuntos autores materiales del asesinato del periodista, programada el 12 de octubre, en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Distrito Judicial de Ocosingo, y después de que esta audiencia fuera pospuesta hasta por cinco veces hasta la fecha.
Esperamos que la Fiscalía de Chiapas no solo acepte esta Recomendación, sino que lleve a cabo su cumplimiento total e inicie las investigaciones necesarias en contra de funcionarios de esa institución que violentaron no solo los derechos del periodista sino de sus familiares y de la libertad de expresión.