La multimillonaria bolsa que representa el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), que el gobierno federal pretende quitar a los estados para que sea la Secretaría de Educación Pública (SEP) la que lo controle, representó durante los últimos seis años una “caja chica” para las autoridades locales.
De acuerdo con el Sistema Público de Consulta de Auditorías, de 2015 (año en que se creó el Fone, en sustitución del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, FAEB) a 2020 están pendientes de solventar 9 mil 263.2 millones de pesos que los gobiernos estatales no han logrado solventar.
El martes pasado, el gobierno federal publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que notificaba lo siguiente: “La @SEP_mx informa que la Federación asume el control de la nómina de educación de los estados y apoya su financiamiento, liberando a las entidades de una presión de gasto y dando certeza al pago de los sueldos de maestras, maestros y personal administrativo”.
Presupuestalmente, el anuncio era relevante, pues para este año la nómina magisterial se calculó en 424 mil 326 millones de pesos, una de las partidas más grandes del gasto público y que equivale a más del 50% del gasto federalizado (dinero que la Federación transfiere cada año a los estados) y que para este 2022 superó los 830 mil millones de pesos.
Aunque más tarde la SEP publicó una tarjeta informativa en la que aclara que ese proceso se encuentra en fase de diagnóstico y que la Secretaría de Hacienda está conciliando la información con las entidades, lo cierto es que el objetivo del gobierno federal es manejar ese fondo y evitar situaciones como las vividas recientemente en Michoacán y Guerrero, donde los maestros han cerrado vialidades y realizado plantones por retrasos en el pago de sus salarios.
Por la elevada cantidad de recursos que maneja y el carácter estratégico que tiene (de esa bolsa depende el ingreso de millones de profesores y la estabilidad social de las entidades), el Fone ha sido constantemente revisado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues persisten “fugas de dinero” al destinarse recursos a conceptos ajenos a la educación, falta de documentación comprobatoria, pagos a profesores que no tienen plazas acreditadas o a centros de trabajo que no están censados.
En el Informe de la Cuenta Pública de 2020, el más reciente realizado por la ASF, el órgano fiscalizador detectó que la mayor parte de las anomalías se registraron en estados que ese año eran gobernados por partidos diferentes a Morena, tales como Zacatecas (PRI), Yucatán (PAN), Aguascalientes (PAN), Chihuahua (PAN), San Luis Potosí (PRI) y Michoacán (PRD).