En días pasados se confirmó no sólo el retiro voluntario y masivo del personal de la Fiscalía General de la República (FGR), sino además el despido de mucho del personal que integra el servicio servicio civil de carrera de esa institución.
Sin duda, la transición institucional en materia de seguridad y justicia, es parte de la transformación del Estado Democrático de Derecho, pero como lo he dicho en varias ocasiones en este espacio de reflexión; todo cambio exitoso y real debe ser acompañado de una estrategia y no hay estrategia de cambio que valga, sin la adecuada difusión y comunicación, al interior de las instituciones entre sus funcionarios, mandos medios y superiores así como a los ejecutores (servidores públicos).
En el caso concreto, el cambio de la FGR tomó por sorpresa a servidores públicos que recibieron una “notificación de rescisión del contrato laboral por supresión de plazas presupuestales” es decir; falta de presupuesto para pagar; sin importar, carga de trabajo, antigüedad, expertis, información, etc.
El problema de forma y fondo es que además de que con ello se rompe el ciclo natural del servicio civil de carrera, que sería la fortaleza institucional que permitiría un ascenso y estabilidad institucional, no se estableció con claridad el criterio para suprimir cada plaza, si bien es cierto la autonomía de una fiscalía es para evitar que el poder político se entrometa en la aplicación de la ley y la imposición del orden.
Lo que diferencia el nuevo sistema de justicia penal de México con el de Alemania, Francia, Italia, Chile, Colombia, Argentina, Guatemala, España, Rusia, Japón, y casi todo el mundo, es que los operadores (policías, peritos, fiscales, jueces) tienen estabilidad laboral, capacitación, certificación, especialización y es un estilo de vida personal y profesional u todos saben y conocen de qué va todo, en todo momento.
La reforma constitucional en México en materia de seguridad y justicia, inició en el 2004 en Nuevo León se adoptó en el 2008 y se tuvo una vacatio legis (periodo de entrada en vigor de una ley entre su publicación y la aplicación) de ocho años, para que todos migraran; eso no pasó y el único camino para cumplir los compromisos internacionales (vinculados con tratados de libre comercio, etc.) de migrar todo a la oralidad; fue generar un Código Nacional de Procedimientos Penales.
México siempre se ha caracterizado por no tener una agenda de Estado, todo cambia, cada tres o seis años según el encargo político; tener una agenda de estado implicaría tener una hija de ruta, estabilidad laboral, reglas de operación y procesos de ingreso y egreso institucional. Actualmente, los servidores públicos al dejar de serlo tienen un impedimento legal de 10 años para ejercer algo relacionado con el encargo y sus salidas pueden ser tan nebulosas como las que esta aplicando la FGR incluso con quien no deseaba dejar la instalación de manera voluntaria.
Todos deseamos tener instituciones que sirvan y cumplan su función; sin embargo, cada vez es más riesgo combatir a la delincuencia, no hay proyección laboral, es mal pagada en general, hay estudios serios que comparan los ingresos de distintas profesiones vs el riesgo y el dato de que muchas empleadas domésticas, ganan más que un policía local o fiscal básico, hacen poco atractivo el servicio público en materia de seguridad y justicia.
El análisis y reflexión de fondo; debe ser desde los procesos de ingreso, ya que se ha descuidado en la calidad y como diría un maestro; pareciera que de buenas intenciones están empedrados los caminos al infierno, veamos cuanto más nos cuesta cómo país estás decisiones en materia de seguridad y justicia.
Nota al pie de página:
Les invito a que vean dos documéntales: “Presunto Culpable” y “Duda Razonable”, verán que el problema está siempre en los operadores que conformamos las instituciones. Y si tienen ganas de profundizar lean el “Índice Estatal de desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2021” que hace Impunidad Cero y el “Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021” de World Justice Project.