A tres años y un mes de haber sido elegido de manera democrática el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dan varios análisis respecto de uno de los proyectos en materia de seguridad que desde 1917 no se tenían presentes: la adecuación de la Guardia Nacional.
Ello en el marco de muchos cuestionamientos respecto de si con la creación de este ente de seguridad se militarizaba o no la seguridad pública a nivel Federal; en términos fácticos la creación de la Guardia Nacional a cargo de la sustitución de la Política Federal que, a pesar de festejar 90 años de creación, el proyecto como tal surge a mediados de los años 90’s.
El análisis de la pertenencia y desafíos de la Guardia Nacional se dan, por un lado, en razón a que a los soldados del Ejército mexicano se les comisionó, la muestra de ello es que se les daba un brazalete para identificar, y uno de los desafíos es desde el punto de vista jurídico en su actuación como primer respondiente. En términos generales, cuando se contaba con la policía federal, la mayoría estaban capacitados para cumplir con los requerimientos legales correspondientes; sin embargo, la problemática de las deficiencias se asumen por los elementos de la Policía Federal Ministerial.
Varios de los estudios dignos de análisis y reflexión además del realizado por este medio y que está a disposición en: Dos años de la Guardia Nacional: crece, pero sin resultados.
Por otro lado, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), encabezado por Raúl Benítez Manaut, publicó un documento muy completo denominado”Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y violencia en México. Lo pueden consultar en las publicaciones de la organización en www.casede.org
De forma y fondo, es necesario fortalecer las capacidades del capital humano de la Guardia Nacional y homogeneizar los criterios de actuación para prevenir e investigar delitos federales; definir si se va o no a migrar al ámbito militar su organización y administración y cuáles van a ser los principios que los rijan, pues no pues la seguridad pública es una variante de la seguridad nacional; con un mecanismo diferencial básico la rendición de cuentas.
Nota al pie de página:
Se realizó una consulta histórica, que más allá del número de casillas, el ejercicio fue democrático y constitucional a cargo del Instituto Nacional Electoral. Mucho que pensar, pues la ley de ese cumplirse y esto incluye a Presidentes, Expresidentes y Diputados, sobre todo si el proceso de desafuero es Constitucional, Hay cosas que no se deben consultar.