Hace unos días analizaba el señalamiento que hizo un funcionario de la agencia de administración para el control de drogas (DEA, por sus siglas en inglés) respecto del grado de efectividad en el combate al narcotráfico que tienen las autoridades del país vecino del norte y la comparación que hacía con el del Gobierno de México.
Más allá de las cifras en decomisos de droga, dinero, bienes, detenidos, procesados, sentenciados y las penalidades, etc. El análisis de forma y de fondo es qué tienen ellos que nosotros no tenemos como herramientas para tener esos resultados y qué deberíamos de tener para hacer la diferencia.
La conclusión de manera simple se llama información y educación en términos de Estado de Derecho, en el caso de las autoridades estadounidenses y de otros países es que tienen acceso a un sin número de bases de datos que han sido homologadas en términos tecnológicos y digitales. Por decirlo de alguna manera, vamos treinta años atrás.
Aunado a lo anterior, el personal del cumplimiento con la ley y el orden, cuenta con mecanismos de formación y remuneración que permite que se consideré una profesión con acceso a una vida estable, la base de la actividad profesional es el adecuado uso y manejo a la información y la responsabilidad irreductible de cada persona respecto del debido uso al acceso a cada plataforma y su información.
México intentó hacer una base de datos única conocida como “plataforma México”, la cual, dicho sea de paso, además de no estar actualizada en tiempo real, no permite acceso de ida y vuelta para las autoridades federales, estatales y municipales, ya que se desconfía del nivel y sigilo de las personas que deben tener acceso a esa información, pues cuando hay un uso indebido, hay impunidad en ese tipo de conductas. Además de lo anterior, no se encuentra en términos tecnológicos a la vanguardia, ya que además de que el lenguaje análogo no funciona ni migra a una versión web, los lenguajes disímbolos y la falta de legislación que obligue a hacer una homologación digital son básicamente lo que hace que nuestras investigaciones sean muy lentas.
Un esfuerzo de confiabilidad y voluntad política en México es la creación e implementación del 911. Ello permitió unificar a nivel nacional el teléfono de emergencias, sin duda, un esfuerzo indispensable que el Consejo de Seguridad Nacional realizó a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad en aras del beneficio masivo y generalizado, lo cual ha tenido un buen resultado en bien del país; pero si no queremos seguir con una mala percepción de nuestras policías, ministerios públicos, etc., debemos buscar que se legisle y ejecute de forma correcta la homologación digital de toda nuestra información. Es algo que trasciende un mandato sexenal, es algo que se requiere para que nuestras policías puedan contar con la posibilidad de hacer investigaciones eficaces y eficientes por el bien de nuestro país y su sociedad, de lo contrario tendremos que seguir tolerando que un funcionario extranjero nos mida. La molestia nacional se trasladó a un tema de legislación en materia de relaciones exteriores, sin embargo, de forma y fondo, es un tema de voluntad interna y de evidencia vista desde dentro y reflejada en el exterior.