La muerte del juez Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas, como la ocurrida en Colima en días pasados, frente a sus dos menores hijas, perdiendo la vida al interior de su casa, indefenso, a manos de una célula de sicarios de grupos de la delincuencia organizada, genera en los que nos dedicamos al servicio de la seguridad y justicia, no solo impotencia y frustración. Hace que nos cuestionemos, sí las actuales políticas públicas de los tres poderes valen las vidas de tantos funcionarios que se han perdido en el camino del combate a la criminalidad y la impunidad y sobre todo sí las estrategias son las correctas.
La pandemia por Covid-19 ha propiciado que tengamos una crisis de salud, sin embargo, algunas actividades no paran, una de ellas es el tema de seguridad y justicia, una tragedia como la ocurrida en Colima, hace ver que los policías que estaban asignados para la guardia y protección de varios jueces y que fueron retirados al inicio de esta administración por cuestiones de austeridad, quizá si son necesarios y no un lujo como lo habían superfluamente calificado algunos, como dice el dicho, ahogado el niño a tapar el pozo.
Ahora, van a evaluar en el Poder Judicial Federal, sí contratan más servicios de protección federal o sí la Fiscalía General de la República, refuerza sus áreas de Operaciones Especiales que es la de adscripción de escoltas, también el poder legislativo, analiza sí es necesario crear la figura de jueces sin rostro, el tema es más grave, si bien es cierto un juez es más visible con el sistema de justicia penal adversarial y es quien tiene la última palabra respecto de la inocencia o culpabilidad de una persona en la comisión de un hecho delictuoso, lo cierto es que, quitarle el rostro al juez no protege al sistema jurídico penal mexicano, no es la solución para que este realmente funcione, entonces caeríamos en la necesidad de quitarle el rostro a todos los funcionarios en la cadena del sistema (policías, peritos, agentes del ministerio públicos, guardias y custodios, etc.), lo cual implicaría caer en falta de certeza jurídica para el imputado.
Los últimos dos homicidios de jueces, vinculados con el ejercicio de su función son hace 4 años en Metepec, Estado de México y ahora en Colima, qué tienen en común los dos homicidios, que ambos jueces, habían tomado decisiones, respecto de grupos de la delincuencia organizada, es decir, habían afectado los intereses de alguna organización delictiva, por hacer su trabajo. Esto lamentablemente, ha ocurrido en otras partes del mundo, como Italia y Colombia, la pregunta es; quién pensó que en México no pasaría. La estrategia, siempre debe de tener un buen diagnóstico y prospectiva del problema, la duda es: existe, y si existe qué dice, que hay qué hacer, cuánto nos va a costar, cuánto tiempo hay que tener seguridad, se puede o no renunciar.
En la medida en que avancen las investigaciones del caso de Colima, se tendrá más claridad, respecto de cuál de las muchas decisiones tomadas por el juez fue la que detonó la venganza y quienes son los responsables.
Lo que de forma y fondo dejó de evidencia el hecho, es la falta de protocolos internos en el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura, conocimiento del mapa de riesgos como herramienta para la toma de decisión en el cambio de adscripción, ya que entre Jalisco y Colima no disminuye en lo absoluto la vulnerabilidad del juez y su familia, por otro lado, la nota que el periódico El Universal publicó, relativa a la información que el Centro Nacional de Inteligencia tuvo, producto de una intervención telefónica de la preparación de “algo grande” a cargo de sicarios en esa zona, deja entre ver que, no hay colaboración interinstitucional, y entre poderes, ya que, sólo se tomaron medidas respecto de altos funcionarios del poder ejecutivo, olvidando la cadena del sistema que abarca jueces, policías, peritos, agentes del ministerios públicos, personal administrativo-operativo de menos nivel que de titulares de unidad o secretarios de estado. Quizá esta dura y lamentable situación, nos impulse a considerar las buenas prácticas y protocolos de otros países, que han pasado por hechos similares, de lo contrario, todos los funcionarios en el tema somos presa fácil de una situación parecida y la solución no puede ser dejar de tener rostro.