El pasado 15 de abril, el Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, las leyes y reformas que buscan reestructurar la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.
La última reforma de gran calado al Poder Judicial Federal, fue la realizada por el Presidente Ernesto Zedillo en 1994, dando paso a un poder autónomo e independiente del ejecutivo federal, reduciendo el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 21 a 11, cancelando los 5 ministros supernumerarios, quitando los nombramientos vitalicios y dando paso a un servicio civil de carrera con un órgano regulador y fiscalizador que no existía, como ahora conocemos al Consejo de la Judicatura Federal, generando estabilidad tanto en la presidencia de la corte como en la asignación de sus miembros con la intervención del Poder Legislativo como representantes de los valores e intereses de la República.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el capítulo IV habla de todo lo relacionado al Poder Judicial (artículos 94 a 107).
Las reformas aprobadas en días pasados según lo publicado en el sitio web del Senado de la República, da cuenta de lo siguiente:
“…La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación fue aprobada en lo general con 94 votos a favor, 19 en contra y dos abstenciones. En lo particular, el Pleno rechazó los cambios que plantearon senadores de Morena, PAN y PT, por lo que los artículos reservados se avalaron en los términos del dictamen con 86 votos a favor, 23 en contra y dos abstenciones.
En tanto, la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación se avaló en lo general por 105 votos a favor, ocho en contra y una abstención. En lo particular, la Asamblea no aceptó las reservas que propuso el senador Emiliano Álvarez Icaza, por lo que aprobó estos artículos como lo propone el dictamen.
Los senadores aprobaron, en lo general y en lo particular, las modificaciones a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con 103 votos a favor y ocho en contra; a la Ley Federal de Defensoría Pública, con 104 a favor, ocho en contra y una abstención; a la Ley de Amparo, con 87 a favor, 23 en contra y una abstención.
La Ley Reglamentaria de las fracciones uno y dos del artículo 105 de la Constitución, por su parte, fue aprobada con 83 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones; y los cambios al Código Federal de Procedimientos Civiles se avalaron con 106 votos a favor y ocho en contra.
El Pleno aceptó la adición de un artículo Décimo Tercero transitorio del dictamen, que planteó el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, para establecer que con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación y las leyes reglamentarias:
La persona que, a la entrada en vigor de esta reforma, ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, durará en el cargo hasta el 30 de noviembre del 2024.
Asimismo, para que el Consejero de la Judicatura Federal, nombrado por el Pleno de la SCJN el primero de diciembre del 2016, concluya su encargo del 30 de noviembre del 2023; y que el Consejero de la Judicatura Federal, nombrado por el pleno de la Suprema Corte el 24 de febrero del 2019, concluya sus funciones el 23 de febrero del 2026.
La adición también dispone que el Consejero de la Judicatura Federal, nombrado por el Ejecutivo Federal el 18 de noviembre del 2019, concluya el 17 de noviembre del 2026; y para que las consejeras de la Judicatura Federal, designadas por el Senado de la República el 20 de noviembre, concluyan su encargo el 19 de noviembre de 2026.
Además, el Consejero de la Judicatura Federal, designado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el primero de diciembre del 2019, durará en funciones hasta el 30 de noviembre de 2026.
El Pleno aprobó -con 80 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones- el régimen transitorio, con la adición del artículo Décimo Tercero admitida por la Asamblea, por lo que, una vez aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto fue enviado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales…”
La controversia surge, ya que después de haber realizado las votaciones antes referidas, más de un senador señaló que no sabía ni conocía lo que habían votado por diversas causas. Sobre todo en lo relacionado en la modificación del periodo de duración del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien en su momento fue propuesto en una terna por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.
De forma y fondo, todo lo ocurrido en el Senado es lamentable en varios aspectos, y haré mención a dos frases que en el trabajo ocupo mucho, senadores: “Hay que leer todo, en el detalle está el diablo” nada justifica el votar y argumentar lo que sea, decía mi abuelo: “desde que se inventaron los pretextos… eso es lo que hace que se tenga una mala percepción en general mala de cualquier actividad relacionada con el servicio público, lo bueno y lo malo es que la ciudadanía premia y castiga en las urnas.
Algo que destacar, es lo referido por el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza, “… esto es una cuestión de ética y moral …” y me hizo acordar de una anécdota comentada en el marco del seminario de Violencia y Paz del Colegio de México. Cuando a un investigador alemán invitado le preguntaron sobre cómo funcionaba en Alemania la implementación de los códigos de ética en las instituciones y contestó: “… no tenemos, no los necesitamos, los alemanes somos éticos e institucionales por la educación que se nos da desde pequeños y en casa…” así que, por eso no somos Alemania.
Nota al pie de Página:
En Campeche como en otros estados y municipios ya arrancaron las campañas políticas; es un lujo que tengan entre sus filas a Renato Sales Heredia, quien además de ser un extraordinario campechano, abogado, papá, esposo, hermano, hijo y amigo podrá ser seguramente uno de los presidentes municipales electos en este 2024, más destacados, éxito en su campaña.