El caso que las autoridades ministeriales y judiciales siguen en contra de Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Estado en la Administración de Enrique Peña Nieto, ex lideresa política del Partido de la Revolución Democrática (PRD) quien de la mano de Cuauhtémoc Cardenas gobernó la ahora Ciudad de México. Las prácticas políticas dan cuenta de un saltimbanqui, su historia personal estuvo al escrutinio público, derivado de una serie de videos dados a conocer en momentos definitorios en la vida política del entonces gobierno del Distrito Federal.
Sí, la memoria no me falla los videos implicaban a varios funcionarios, entre ellos a René Bejarano, esposo de la ahora diputada Dolores Padierna, era el momento en que se definía el matiz del gobierno local a cargo del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. La serie de videos fue
escandaloso ya que exponía prácticas corruptos de funcionarios y de un empresario de origen argentino, Carlos Ahumada.
La semana pasada una increíble casualidad, primero Rosario Robles, fue vinculada a Proceso por varios delitos, de los que no son graves, pero que por un exceso de confianza y falta de agotamiento de flancos jurídicos, el proceso lo conoce un juez que es familiar en segundo grado de consanguineidad con la diputada Padierna y por otro lado el empresario argentino fue detenido por la Interpol, lo cual quedó en el plazo legal sin efecto.
En anteriores entregas referí a uno de mis maestros queretanos que decía: de buenas intenciones están empedrados los caminos al infierno, la frase aplica ya que, por temas difíciles de explicar que rayan en la falta de ética básica en el ejercicio profesional, y falta de cuidado y análisis de las
personas y de los casos, pareciera que no hubo mala intención en todo lo descrito, sólo casualidades. De esas que pueden poner en riesgo aún más la credibilidad del sistema jurídico mexicano.
Por un lado, la defensa de la exfuncionaria federal peñista, argumentando prisa en el desarrollo de la comparecencia pasaron por alto, la recusación del juez por la vía jurisdiccional indicada ya fuera incidental o bien el amparo. Los argumentos son, relativamente simples en términos de la ley,
acreditar a priori, es decir, antes de que se conozca algo dentro del caso, que el juez puede tener un prejuicio en el caso por diversos intereses personales, profesionales, políticos, familiares, etc.
La recusación es algo que teóricamente lo puede hacer la defensa y también el agente del Ministerio Público. Y la excusa, la puede hacer valer con el mismo argumento el Juez; sin embargo, esto ya no ocurrió en el caso de Rosario Robles.
De forma y fondo sé debe de analizarse el cumplimiento y entendimiento íntegro del nuevo proceso penal adversarial, por todos los operadores del sistema, de lo contrario en breve veremos intentos por más retrocesos legislativos y México a nivel internacional nunca le dará vuelta a la tuerca. Y todo a colación de varias casualidades.