El 26 de septiembre pasado, se cumplieron cinco años de la desaparición de 43 normalistas en el municipio de Iguala, Guerrero; el origen de los hechos fue que señalado por los familiares y medios de comunicación, que los jóvenes, pretendían acudir a la Ciudad de México a la marcha vinculada con los hechos del 2 de octubre de 1968.
Resulta interesante que uno de los derechos humanos más importante, que es la libre expresión y manifestación de las ideas; sea el origen del drama y la Ciudad de México vive y revive cada 26 de septiembre y 2 de octubre; no cabe duda que la población de esta compleja ciudad, debe ser reconocida por su tolerancia al caos organizado por tan diversas causas.
Lo que llama la atención y genera reflexión en quien conoció de múltiples hechos ocurrido en agravio de personas que ejercen estos derechos humanos con fines de información, cuando conocía de hechos vinculados con la aplicación de protocolos de “encapsulamiento” realizados por los elementos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana.
El análisis se desprende de la contradicción; del concepto del cumplimiento del deber y el proteger a la ciudadanía. En el marco de la manifestación del 26 de septiembre, una manifestación pacífica y legítima; se vio empañada por la aparición de un contingente de “pseudo anarquistas” que según el Presidente Andrés Manuel López Obrador, son conservadores inconformes, que sería la contradicción menos importante ya que históricamente, estos movimientos se han asociado con la izquierda. La contradicción es la falta de hacer de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Evidentemente, no hubo presencia de la policía, ni para hacer contención ni para encapsular o bien para detener a quienes con el pretexto de manifestar sus ideas, nuevamente como ya había ocurrido con la marcha feminista en contra los feminicidios y violaciones, vandalizaron todo lo que había su paso, hicieron pintas, rompieron cristales, destruyeron fachadas, los daños se calculan en cien millones de pesos, es una pérdida material menor en comparación a la percepción internacional, que asume que la autoridad policial es incompetente y de ornamento.
Más cuando se dice que cumplir con la ley y hacerla cumplir; es caer en provocaciones y para justificar la omisión de la autoridad se dice que sólo fueron daños materiales, quizá se debe de pensar que ya en dos ocasiones la manifestación ha sido el pretexto para exhibir que la autoridad, no sabe hacer su trabajo respetando los derechos humanos, haciendo cumplir la ley.
En todos los países del mundo existen manifestaciones; pero quien no lo hace respetando el marco constitucional, tiene sanciones, es llevado ante la autoridad, aquí se dice que quedará en manos de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad, hacer las investigaciones; pero todo eso se puede evitar en gran medida, si la autoridad preventiva, es decir la policía, realiza acciones de análisis de conductas, andar encapuchado por la calle y con martillos, latas de pintura, etc. y flujo de personas la concentración, son elementos que pueden ser utilizados a través del C5 y las acciones pueden ser disuadir, encapsular, etc. Esas son cuestiones de forma que hacen fondo, de lo contrario el próximo 2 de octubre, no sabremos qué nos espera.