La designación de cargos en la administración pública federal siguen respondiendo a una lógica de “botín”; el presupuesto se maneja con amplios márgenes de discrecionalidad; existen zonas de franca opacidad en las transferencias presupuestarias, gastos indirectos y en la adjudicación de contratos, y las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción operan de manera fragmentada y simulan el cumplimiento de las normas vigentes.
Estas son algunas de las conclusiones a las que llegó el informe Sobre el combate a la corrupción en México. Informe País, 2020, presentado hoy por el Instituto de Investigaciones en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) de la Universidad de Guadalajara, el cual sostiene que la lucha contra este flagelo “ha fracasado por los múltiples defectos de implementación” de las normas con que cuenta el país.
Tras analizar los primeros dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el informe concluye que “la corrupción es una consecuencia de la captura de puestos, presupuestos y decisiones públicas por grupos políticos o económicos (o de ambos, coludidos en redes), que desvían al Estado de sus propósitos fundamentales”.
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El documento detalla que la captura del Estado sigue atravesando por la designación discrecional de los cargos públicos y el desdén a la profesionalización del servicio público; la distribución y la transferencia arbitraria del gasto público; el uso opaco y sin regulación de ahorros presupuestarios de la administración pública federal; la adjudicación directa de contratos para la adquisición de bienes y servicios públicos, así como para la construcción de obras, pese a la legislación que ordena privilegiar las licitaciones públicas.
El informe del IIRCCC también advierte que, a diferencia de la narrativa presidencial —que sostiene que la corrupción ha sido erradicada—, el problema persiste debido a la opacidad de una parte sustantiva de la información pública; la burocratización, la oscuridad y la demora en los procesos de sanción a las conductas tipificadas como faltas y delitos de corrupción, y a la ausencia de cumplimiento en las tareas asignadas al Sistema Nacional Anticorrupción.
“Hemos dicho que no importa cuántos ‘peces gordos’ se pesquen mientras las aguas donde crecen sigan intactas, hoy añado que tampoco es suficiente ‘barrer escaleras’ mientras la basura se siga juntando. Pues bien, como podrán revisar a todo detalle en este informe, las aguas siguen intactas, los peces siguen creciendo y la basura se sigue juntando”, dijo durante la presentación Mauricio Merino, director del IIRCCC.
Como ejemplo de las malas prácticas gubernamentales que obstaculizan el combate a la corrupción, el informe señala que durante la presente administración ha habido un “abandono excesivo” del procedimiento de licitación pública en las contrataciones gubernamentales; sólo en 2020, 79% de los contratos fueron por adjudicación directa, cuando la ley establece que éste es un procedimiento de excepción.
También documenta que en 2020 se reportaron ahorros por 3 mil 744.2 millones de pesos como producto de las medidas de austeridad presupuestaria. Sin embargo, “la información disponible no permite conocer de manera puntual, específica y verídica en qué se gastaron esos recursos”, debido a los amplios márgenes de discrecionalidad con que se maneja el erario.
1,007 solicitudes de información realizó el IIRCCC para el reporte Sobre el combate a la corrupción.
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