La situación después de las elecciones en Honduras continúa deteriorándose a medida que su presidente Orlando Hernández, líder conservador y aliado incondicional de Estados Unidos en Centroamérica, ha disputado el resultado de la votación de la semana pasada mientras trabajaba para reprimir las protestas que se extendían por el país.
Los resultados iniciales arrojaron que Salvador Nasralla, un excomentarista deportivo elegido por una alianza de partidos políticos de izquierda como su candidato, lideraba el conteo de votos después de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre. La iniciativa fue lo suficientemente importante como para que un magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) diera la victoria a Nasralla, calificando su ventaja de “irreversible”.
Al día siguiente, el TSE anunció que Hernández había cerrado la brecha. Luego, de repente, dejó de publicar datos del recuento, alegando que su sistema electrónico había colapsado, lo que provocó críticas de los observadores electorales de la Unión Europea. La policía y los militares inundaron las calles en las horas de silencio que siguieron. El miércoles, el anuncio de que Hernández había superado a Nasralla en el conteo de votos fue recibido con incredulidad.
Varios observadores dijeron a The Intercept que vieron a la élite de la policía militar, a miembros de las unidades TIGRES y Cobras, junto a la Policía Nacional de Honduras durante los enfrentamientos con manifestantes en la capital, Tegucigalpa, y en todo el país.
Desde el miércoles 29 de noviembre al sábado 2 de diciembre, los ataques de la policía hacia los habitantes no cesaron.
La Policía Nacional de Honduras (PNH) y las unidades de la élite de la policía militar se encuentran entre los beneficiarios de la generosa ayuda extranjera relacionada con la seguridad. Las cifras compiladas por Security Assistance Monitor muestran que Honduras recibió casi 114 millones de dólares en apoyo de seguridad desde 2009, y la PNH recibe capacitación por varias ramas del gobierno estadounidense.
EL DATO. El pasado 1 de diciembre, el gobierno de Honduras dijo que se siente “profundamente triste” por el estallido de la violencia en las calles.
En 2015, por ejemplo, los miembros de la PNH recibieron cursos de combate y seguridad por parte de instructores de los cursos en ambos años formaban parte de agencias federales como la DEA, el FBI y la Oficina de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, junto con la policía de Chicago.
En el periodo previo a las elecciones, el secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, anunció que las fuerzas TIGRES y Cobra estarían entre 16 mil policías desplegados para monitorear las elecciones.
El Comando de Operaciones Especiales, conocido como Cobras, son policías antidisturbios entrenados por equipos SWAT de Estados Unidos. La Tropa de Inteligencia de Respuesta Especial de Seguridad o TIGRES, fue creada por Hernández cuando asumió el cargo en 2014 con la promesa de reducir la tasa de homicidios.
Los TIGRES reciben un salario más alto que al resto de la policía hondureña, y también se han beneficiado de una estrecha coordinación con múltiples bases militares de Estados Unidos. Un video obtenido por el Wall Street Journal muestra a Boinas Verdes entrenando con los TIGRES en las montañas de Honduras.
Poco después de la formación de la unidad, los oficiales de TIGRES asignados para trabajar con la Embajada de Estados Unidos en operaciones antinarcóticos robaron 1.3 millones de dólares de traficantes de cocaína atacados en una operación.
Lo más controvertido es que hubo denuncias de que TIGRES estuvo involucrado en el acoso de Berta Cáceres, activista ambiental y de derechos humanos asesinada el año pasado.
Antes de su muerte, Cáceres, abierta crítica del gobierno de Hernández, advirtió que los comandos de TIGRES ocuparon su comunidad rural, donde había liderado un movimiento de protesta contra la construcción de una presa hidroeléctrica.
En la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 68 demócratas han patrocinado la ley H.R. 1299, la Ley de Derechos Humanos de Berta Cáceres en Honduras para hacer que la ayuda exterior hondureña dependa de medidas anticorrupción y detener el asesinato de periodistas y activistas en el país.
El sobrino de Cáceres, Silvio Carrillo, quien vive en Estados Unidos, dice a The Intercept: “Las fuerzas de seguridad hondureñas usan el dinero de nuestros contribuyentes para reprimir las manifestaciones pacíficas contra un fraude electoral. Le estamos dando dinero a Juan Orlando Hernández para que quede impune el asesinato”.
Desde 2014, Honduras ha empleado a cuatro empresas de cabildeo para llegar a los legisladores, miembros de la administración Trump y medios de comunicación estadounidenses.
Los registros muestran que un cabildero, Gus K. West, se ha comunicado con el senador republicano Marco Rubio y el representante demócrata Ted Deutch, entre otros en el Capitolio, para promocionar los esfuerzos de Honduras para combatir el crimen y escribió al New York Times sobre el asesinato de Cáceres. Otra empresa de cabildeo gubernamental, Keybridge Communications, impulsó el esfuerzo de reelección de Hernández, enviando comunicados de prensa a medios de comunicación estadounidenses que promueven el compromiso del presidente para enfrentar la corrupción y la integridad de las elecciones presidenciales.
En una declaración del 1 de diciembre distribuida por Keybridge, el gobierno de Honduras dijo que se siente “profundamente triste de que haya estallado la violencia en las calles de Honduras”, y culpó al presidente depuesto Manuel Zelaya de “incitar” a los partidarios de Nasralla a participar en la violencia”.
Hernández también viajó a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el vicepresidente, Mike Pence, quienes dieron una calurosa bienvenida al líder. También es cercano al jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, quien mencionó que era un “gran tipo” y un “buen amigo”.
Hernández ha sorteado las críticas sobre su manejo del asesinato de Cáceres, el escándalo de seguridad social y los vínculos de su administración con el narco.
“La policía y los militares financiados por Estados Unidos están involucrados en la represión violenta de manifestantes hondureños, usando municiones fabricadas en Estados Unidos”, dijo Dana Frank, profesor de historia en la Universidad de California en Santa Cruz.
Durante años, los miembros del Congreso han pedido la suspensión inmediata de la ayuda policial y militar a Honduras, debido a los continuos abusos contra los derechos humanos como éste, cometidos con impunidad”, dijo Frank. “Ahora esas fuerzas están siendo usadas para reprimir el derecho básico del pueblo hondureño a protestar”. Las elecciones hondureñas ofrecen una oportunidad para dejar claro de qué lado está Estados Unidos: de los procesos democráticos y el Estado de Derecho o bailando con un dictador peligroso que consolida aún más su poder”.
Traducción: Carlos Morales.