El viernes santo venció la extensión de plazo de 30 días que las representaciones comerciales de Estados Unidos y Canadá dieron al gobierno mexicano para continuar las mesas de consulta técnica del T-MEC previas a que se convocase el Panel de Controversia por las negativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la importación y comercialización amarillo transgénico para uso pecuario e industrial. Agotado el plazo, ahora viene el pleito que puede estallar en cualquier momento de los próximos seis meses, pues la decisión de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) que representa Katherine Tai y de la Secretaría Comercial de Canadá a cargo de Mary Ng dependerá de su cálculo geopolítico y sus propios en procesos electorales. Es cuestión de tiempo.
El pleito estallará, puesto que el gobierno de México no se desistió del Decreto del pasado 13 de febrero donde se prohíbe el maíz genéticamente modificado (específicamente para resistir sequías y a la aplicación de glifosato como herbicida), y porque en las mesas de análisis técnico —confirmaron los representantes del departamento de agricultura estadounidense que encabeza Tom Vilsack— no se presentó un solo argumento científico que acreditara la negativa mexicana por el presunto daño a la salud humana, animal y vegetal que se le atribuye a ese grano.
Vaya, en el capítulo 9 del T-MEC se especifica (9.20) que las disputas comerciales surgidas de temas sanitarias y fitosanitarias “deberán resolverse conforme a ciencia y tecnología”… y eso no lo ha podido acreditar la Secretaría de Economía a cargo de Raquel Buenrostro, pues ni el subsecretario de salud Hugo López-Gatell ni la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla fueron capaces de proveer a Buenrostro de una sola investigación que sustentaran sus dichos contra el maíz transgénico.
Pláticas infructuosas
En las últimas conversaciones técnicas previa a la Semana Santa, la parte mexicana mantuvo los mantras expresados por grupos adversos a la tecnología genética, como los expuestos por Alejandro Espinoza Calderón, al frente de la Comisión de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, quien asegura que la prohibición al maíz amarillo es precautoria ante posibles riesgos y por tanto atribución soberana; o por investigadores de la UNAM —Ana Laura Wegier u Omar Arellano— que en diversos foros muestran su miedo al impacto cultural, sanitario y de biodiversidad que sobre las comunidades de agricultores.
Por ello los voceros de la USTR expresaron el lunes 10 de abril que las mesas técnicas con su contraparte mexicana “estuvieron lejos de ser productivas”, por lo que ahora diseñan las acciones que tomarán, dijo por su parte el subsecretario de agricultura estadounidense Alexis Taylor.
El golpe avisa
En medio de la creciente disputa de China y Rusia con Estados Unidos y Europa, ni para Joe Biden ni para Justin Trudeau parece adecuado abrir nuevos frentes de combate en la zona sur del continente, siendo evidente la proclividad de López Obrador para justificar la invasión de Rusia a Ucrania y su búsqueda de acercamiento con el gobierno autoritario de Xi Jinping, a quien le pidió ayuda para contener el tráfico de fentanilo. Pero más relevante, para América del Norte, son las crecientes oleadas de migrantes latinoamericanos que atraviesan por territorio mexicano y se asientan en condiciones propia de una catástrofe humanitaria.
Pero al mismo tiempo, los agricultores estadounidenses, con una fuerte presencia electoral que suele inclinarse hacia los republicanos, serán agraviados con cinco mil millones de dólares en maíz amarillo que no podrán vender a México para finales de 2023. El comercio agrícola con Canadá no es tan intenso, pero Trudeau tiene cuentas pendientes con México en materia eléctrica.
Así que es sólo cosa de tiempo para que ambos gobiernos demanden al mexicano por incumplir la letra del T-MEC. Y de perder nuestro país —como todo lo indica—, el Panel de Controversia, las cuotas y aranceles compensatorios caerán directamente sobre las agroexportaciones mexicanas, que suman 11 mil 500 millones de dólares y dan modo de vida a 12 millones de personas… lo cual provocaría una presión social inusitada para López Obrador en las elecciones de 2024.