Para encauzar la necesidad de grandes cambios en el país, en la histórica LXII Legislatura se realizaron 32 reformas constitucionales.
1. Histórica LXII Legislatura
Con el cierre del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura, podría decirse que la actividad legislativa de las Cámaras del Congreso de la Unión prácticamente habrá concluido. Ciertamente, con un palmarés impresionante, que paradójicamente genera distintas lecturas.
En el sentido estrictamente formal, los cambios impulsados a través del orden jurídico constitucional son de tal magnitud que sustentan esos dichos que hay de que se trata de otra Constitución. Como suele suceder, el impacto de los números es lo que prevalece, en donde al tocarse un artículo de la Constitución entonces se le estaría deformando de su sentido original. Si por los números fuera, los artículos de la Constitución se han modificado en 618 ocasiones desde su promulgación en 1917, faltando aún varios más por contabilizarse.
En realidad, esto no ha sucedido así. La Constitución se encuentra a dos años de su Centenario y ha sido la gran capacidad de condensar y contener los acuerdos nacionales que le dieron los constituyentes lo que ha alejado los conflictos irreductibles, cualquier posibilidad de polarización extrema o guerra civil, del horizonte nacional. Sobre esa base, a partir de 1917, ha sido posible tener en el país casi cien años de estabilidad política, una mejor sociedad, desarrollo y paz social.
En este sentido, para encauzar la necesidad de grandes cambios que nos permitan consolidar una nación moderna, plural, democrática y más justa, durante esta histórica LXII Legislatura, se realizaron 32 reformas constitucionales, incluidas algunas iniciadas en Legislatura anterior y concluidas en la actual, pero sobre todo, destaca la realización de las reformas estructurales.
La numeralia global realizada durante la actual Legislatura registra 34 reformas constitucionales que en realidad son 32 (hay tres que se registran dos veces en la estadística al haber ido y venido del Senado: Educación, Telecomunicaciones y Disciplina Financiera); se expidieron 38 nuevas leyes y se realizaron reformas a 392 ordenamientos ya existentes, además de haberse emitido 26 decretos del Congreso, lo que da un total de 489 reformas constitucionales o leyes con efectos en el orden jurídico nacional.
En lo que se refiere a la gestión legislativa, en total durante la Legislatura se presentaron y turnaron a Comisiones 2 mil 886 iniciativas de todo tipo; de las cuales concluyeron el proceso legislativo 1,510, siendo aprobados 489 dictámenes y desechados 1,054, lo que da una eficiencia total de la Cámara de Diputados del 54%, que es un récord de eficiencia más que aceptable.
2. Las reformas constitucionales durante la LXII Legislatura:
Hay 16 reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial durante la presente Legislatura; las seis primeras enlistadas son las estructurales; en conjunto, son:
i) Competencia Económica;
ii) Educación de calidad;
iii) Telecomunicaciones;
iv) Energética;
v) Político-electoral;
vi) Transparencia;
vii) Facultad para emitir Legislación Penal Unica;
viii) Candidaturas independientes;
ix) Prohibición del trabajo infantil (15 años edad mínima)
x) Responsabilidad de servidores públicos municipales (art 115);
xi) Derecho a la identidad;
xii) Causales de nulidad en elecciones;
xiii) Facultad para legislar en materia de Derechos de las Víctimas;
xiv) Autorizaciones para recibir condecoraciones y prestar servicios en legaciones extranjeras;
xv) Registro público inmobiliario y catastros.
Las reformas constitucionales iniciadas en legislatura anterior, pero aprobadas en la actual, son las siguientes:
xvi) Controversias entre las Entidades Federativas;
xvii) Libertad de Convicciones Eticas, de Conciencia y Religión.
xviii) Estado laico.
Los proyectos de Decreto turnados a la validación del Constituyente Permanente en las Legislaturas Locales son los siguientes:
xix) Derechos Políticos de Comunidades Indígenas;
xx) Disciplina Financiera de Estados y Municipios;
xxi) Justicia para Adolescentes;
xxii) Sistema Nacional Anticorrupción;
xxiii) Facultad para legislar en materia de Legislación Forzada;
No obstante, en el Senado aún quedan para mejores tiempos en la próxima Legislatura, los siguientes proyectos legislativos de reforma constitucional aprobados en la Cámara de Diputados y turnados a la Colegisladora para su revisión:
xxiv) Gobierno de Coalición (art 116, en las entidades federativas);
xxv) Desindexación del Salario Mínimo.
xxvi) Movilidad universal;
xxvii) Arraigo;
xxviii) Seguro de Desempleo y Pensión para Adultos Mayores;
xxix) Consulta Popular;
xxx) Fomento al medio ambiente en la educación pública.
xxxi) Dominio de tierras propiedad de extranjeros con fines habitacionales en litorales.
xxxii) Inmunidad de servidores públicos.
Por último, en el Senado aprobaron una Minuta más de Reforma Constitucional con la pretensión de que, en un solo día, , pudiera ser revisada por la Cámara de Diputados, que se refiere al proyecto de Reforma Política del Distrito Federal, que implicaría la reforma o adición de 51 artículos más de la Constitución General de la República.
3. La agenda del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.
Por otra parte, conforme a los propósitos asumidos por el Grupo Parlamentario del PRI en la última sesión plenaria realizada en los días previos al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio (30 de enero en la Cd de México) se procesaron todos los temas propuestos excepto dos: el paquete legislativo de seguridad y justicia enviado por el Ejecutivo Federal relativo al mando único, y la expedición de la Ley General de Aguas, que se decidió someter a consulta con grupos y expertos, dado el riesgo que se tenía de invocar el “fantasma de la privatización”.
Otros temas enunciados en la agenda del partido gobernante fueron procesados ya en la Cámara de Diputados y se encuentran en la Cámara revisora, aguardando los tiempos siempre largos del Senado, como son la Ley de la Fiscalía General de la República; la pensión universal a adultos mayores y la creación del Seguro de Desempleo; la ley del CONEVAL; la nueva Ley de Obras Públicas y, eventualmente, la prevención y sanción del robo de hidrocarburos, que ni siquiera en esto pudo ponerse de acuerdo el Senado.
Cabe señalar, por otra parte, que una legislación noble como lo es la reforma a la Ley de Crédito Popular y sus correlativos en Cooperativas, dotando de nuevas facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros así como correlativos en la legislación penal, esto es, el paquete resolutivo adoptado a partir del caso FICREA, generó efectos inesperados en las sociedades cooperativas de crédito del sector rural o de menor cuantía (las llamadas SOFINCOS), quienes reclaman que se les conculcaron derechos preexistentes y que habrían de optar por ampararse al entrar en vigor la nueva legislación.
Es por ello que en el Senado se abrió nuevamente el debate al respecto y la legislación que buscaba crear una solución legal para los defraudados por Ficrea, basada en la recuperación y realización líquida de los activos de esa financiera irregular pudiera ser adelantada, retornando sus ahorros a más del 80% de los verdaderos pequeños ahorradores defraudados.
Más allá de ello, el balance del Grupo Parlamentario del PRI es consecuente con la propia efectividad que tuvo la Cámara de Diputados. No podría ser de otra forma, siendo como es el del PRI el grupo mayor, responsable del gobierno interior de las Cámaras, además de la responsabilidad y calidad que se le acredita a su Coordinación.
4. La sucesión presidencial adelantada.
La conclusión del último periodo ordinario de la LXII Legislatura ha desatado el cálculo político sobre el futuro del coordinador de los diputados del PRI y presidente del Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
De manera abierta, la comentocracia sazona los temas habituales con la pregunta, “¿qué van a hacer con Beltrones?”. Esta pregunta condensa la cuestión: es decir, el diputado Beltrones ha demostrado su capacidad, lealtad y calidad en la política y las labores que le fueron encomendadas, pero en el grupo compacto del grupo gobernante aún se le mira con recelo, si bien ha logrado construir una relación propia y muy saludable con el titular del Ejecutivo Federal.
De manera abierta también, columnistas y comentaristas han expresado puntos de vista al respecto. En corto, dicen, hay una consideración dual en el entorno presidencial: una, que habla que aprovechar las capacidades del diputado Beltrones ubicándole al frente de la política, en donde el relevo de la dirigencia del PRI abriría la ventana de oportunidad; en otra perspectiva, otra corriente contraria a empoderar al diputado Beltrones estaría por proponerle una responsabilidad burocrática, buscando contener el crecimiento que ha tenido.
Todo ello, inserto en lo que viene siendo ya la apertura de la carrera por la sucesión presidencial. Se asume que las elecciones intermedias concluirán en alguna suerte de “empate técnico” entre el PRI y el PAN además de la escisión de las izquierdas en dos polos, el PRD y Morena, con una integración equivalente a la actual en la Cámara Baja y una distribución muy parecida a la actual en las gubernaturas en disputa, con la variante de si el PAN pierde Sonora u obtiene San Luis Potosí o viceversa, y si Guerrero logra realizar su elección y no ser anulada por sabotaje o acumulación de irregularidades.
Los observadores ubican ya una carrera tempranera, acicateada por el señor López quien se asume ya como contendiente presidencial único de Morena, con la reacción de lo que queda de la izquierda en el PRD al asumir al jefe de Gobierno del DF Miguel Angel Mancera, quien ni siquiera es militante de este partido, como posible aspirante de otras izquierdas. Por ello, dicen, en la izquierda el duelo será entre el señor López y Mancera.
En lo que se refiere a la derecha, se estarían configurando las pretensiones del “Rey del Moche”, Gustavo Madero, quien no escatima en el gasto suntuario de sus Mirreyes (Ricardo Raphael dixit) frente al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle y Margarita Zavala, quien también figura entre los aspirantes a la candidatura presidencial panista.
En el partido gobernante, los analistas estiman que el Presidente Peña será el gran elector, acorde a la tradición presidencial priísta, y que el candidato habrá de salir del Gabinete, en donde al momento siguen punteando Luis Videgaray y Miguel Angel Osorio Chong, de Hacienda y Gobernación respectivamente. Uno dependería, como en el tiempo de Salinas, de la eficiencia de la política de ajuste y despegue económico; el otro, de que la política y la seguridad pública se estabilizaran, recuperando la paz social en donde se hubiere mermado.
Todo esto sucede sin que en el Instituto Nacional Electoral se animen siquiera a reconvenir a quienes, como el señor López, sin rubor alguno, se encuentran en abierta campaña presidencial muy, muy adelantada.
5. Siete Meses de la noche de Iguala.
El domingo se cumplieron siete meses de los trágicos acontecimientos de Iguala, que para un sector muy radical de la izquierda se han convertido en la base de confrontación con el Estado Mexicano y la Presidencia de la República. Es obvio, el proceso electoral cataliza la movilización y las exigencias, habida cuenta que en el eslabonamiento de causas y demandas prevalece la preocupación por un eventual sabotaje a las elecciones en Guerrero y, en apunte añadido por el sacerdote Alejandro Solalinde, se cuela una convocatoria a hacer de los comicios un ejercicio de “revocación de mandato” al Presidente Peña Nieto.
El sábado 12 de abril por la noche finalizaron los trabajos correspondientes a la segunda Convención Nacional Popular, realizada en las instalaciones de la Escuela Normal Rural “Isidro Vargas” de Ayotzinapa en Guerrero. Durante las jornadas de actividades participaron 214 delegados de diversos organismos y grupos sociales y cuasi-guerrillas, en donde se desarrollaron tres ejes de trabajo: la construcción de un referente nacional, la elaboración de un programa político así como la realización de un plan nacional de lucha que incluye acciones a corto, mediano y largo plazo.
Entre los acuerdos alcanzados en dicha Convención se destaca el convocar movilizaciones a finales de abril. En primera instancia se estableció la realización de un par de actividades los días 25 --en donde se realizó un evento cultural en el zócalo de la capital del país- y 26 del pasado mes de abril-- en donde se desarrolló la onceava Acción Global por Ayotzinapa- en la ciudad de México.
Aunado a lo anterior se estableció realizar una movilización más el 30 de abril en el convulso estado de Guerrero, en donde la CETEG no ha cesado de retar al gobierno y ha proseguido con sus ataques a las instituciones y quema de vehículos e instalaciones públicas. De igual forma, se acordó que el primero de mayo, Día del Trabajo, los organismos que participan en la Asamblea Nacional Popular lleven a cabo otra mega marcha en el DF.
Para el 26 de mayo, séptimo mes tras la noche de Iguala, la convención del descontento convino desarrollar las actividades correspondientes a la Doceava Acción Global por Ayotzinapa (aunque es en Iguala en donde sucedieron las desapariciones forzadas de los 43) en donde como cada mes, se llamará a la ciudadanía a sumarse a las exigencias de justicia.
Al respecto, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Vidulfo Rosales, indicó que a los cinco ejes de lucha estipulados en la primera Convención Nacional --entre ellos la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, castigo a los culpables de este ataque, la destitución del Presidente Enrique Peña Nieto, libertad a los presos políticos y cancelación de las reformas estructurales-- se suma la exigencia de pleno respeto a los derechos humanos.
En tal sentido aseguró que los participantes de la Convención exigirán al gobierno erradicar la tortura, eliminar la desaparición forzada además de demandar que el Estado mexicano cumpla con las recomendaciones hechas por organismos internacionales en el tema de derechos humanos. Añadió que dentro de las exigencias se contemplará el respeto a los recursos naturales, a las comunidades indígenas y a la no privatización del agua.
En lo referente al boicot electoral, Rosales indicó que la Convención estableció impulsar esta medida en las entidades donde se considere que existen las condiciones idóneas. Mencionó que algunos estados podrían ser Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Michoacán. Por lo pronto, en Guerrero la CETEG se encuentra inmersa en un franco proceso de confrontación con los partidos y la autoridad electoral, mediante el acoso a los posibles funcionarios de casilla, la destrucción de mobiliario y propaganda electoral.
En todo caso, Guerrero sigue apuntando a ser la gran incógnita en el proceso electoral en su conjunto.