Una de las noticias más esperadas y que más comentarios y opiniones ha generado a lo largo de las últimas semanas, tuvo que ver con la reorganización del gabinete presidencial, con la reasignación de las tareas prioritarias y la postulación de quienes posiblemente estarán vinculados en la contienda del 2018. En el fondo de la decisión presidencial, sin embargo, se gesta el legado de Peña para la historia, una simbiosis entre lo que podría ser el reto más grande o la responsabilidad más importante de esta administración: la concreción del ideario del Pacto por México o, dicho en otras palabras, la culminación del proyecto de transformación que impulsará nuestro futuro en la ruta del crecimiento.
La movilidad política y la incorporación de nuevos actores constituye una decisión acertada y puede ser trascendente. A pesar de que las estadísticas y datos más reveladores indican que el país avanza en el camino correcto, en una trayectoria en la que lamentablemente encuentra viento de frente, la percepción generalizada de los mexicanos con relación al desempeño del gobierno constituye un factor que obstaculiza un cambio verdadero. Si el gobierno no puede modificarse, por lo menos que lo dirijan nuevos actores.
Ante atrocidades como Ayotzinapa, han sido muchas las voces que, desde el oficialismo de los Pinos o desde las trincheras opositoras en San Lázaro, se han inclinado con gran tino a reconocer en el impulso de la legalidad y del Estado de Derecho la única alternativa legítima y necesaria a través de la cual se pueda recuperar la calma y el sosiego.
La observancia de la ley y el cumplimiento de sus objetivos no constituyen un tema de percepción, sino de realidad. La impunidad no se combate por medio de desplegados sino a través del procesamiento más efectivo de aquellos que, contra los intereses de nuestra sociedad, infringen las normas de convivencia de las que depende el orden que garantiza nuestra convivencia pacífica y armónica. El combate contra la ilegalidad debe encausarse a través del reforzamiento de los procesos para lograr el castigo en contra de quienes la transgreden; por antonomasia, hablamos del fortalecimiento del proceso penal ante los tribunales establecidos.
A pesar de que las normas de derecho protegen bienes y valores sociales de muy distinta índole, y que el cumplimiento de la legalidad como agenda política debe impulsarse hacia todos los ámbitos de la vida nacional, no puede soslayarse el hecho de que, la abolición de la impunidad mediante el castigo ejemplar en contra de quienes cometen un delito se sitúa en una posición especial con relación al resto de las materias, pues la seguridad personal, la vida y la integridad de las personas, son quizá los valores esenciales que más atesora el hombre.
El 18 de junio de 2008 apareció publicado un decreto de reformas a distintos preceptos de la Constitución General, a través de los cuales se incorporaron los principios de lo que ya es un nuevo sistema de justicia penal en el país. Además de la oralidad en el procesamiento del delito, lo que ha constituido una característica singular, ampliamente destacada y comentada, el nuevo proceso acusatorio adversarial arroja una serie de privilegios a favor de la víctima y del procesado que garantizan el acceso a la justicia para ambas partes. La publicidad y la transparencia como principios rectores del juicio; la existencia de la conciliación en el proceso y los medios alternativos para resolverlo, la contradicción; como la calidad científica de los procedimientos para la obtención, resguardo, preparación y desahogo de pruebas, nos revelan una nueva cara de la justicia que supera la anquilosada labor ordinaria de los tribunales criminales de nuestra época, atareados con una tediosa tarea de recopilar documentos por la que tanto se retrasa el propósito principal de resolver un conflicto.
Las características del novedoso proceso penal requieren no solo de nuevas leyes, de las que ya se ha ocupado la legislatura pasada y en las que habrá de estar igualmente inmersa la presente, como lo fue la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también de capacitación e infraestructura. Los juzgados penales y quienes colaboran en ellos no están preparados, todavía no en su totalidad, para hacer frente al gran reto que implica impartir justicia en vivo.
Para hacer frente al gran reto de modificar nuestra tradición jurídica en el ámbito penal y, consecuentemente, de la procuración e impartición de justicia, pilar de la legalidad y el Estado de Derecho, el Poder Judicial de la Federación recibió, dentro del presupuesto para 2015, una partida subsidiaria especial de 1,009,642,931 pesos, desde luego, recursos públicos perfectamente fiscalizables en la Cuenta Pública correspondiente.
Es de destacar que de acuerdo con el Artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional de 2008, se estableció un plazo de ocho años dentro del cual la adaptación del sistema habría de lograrse en su integridad, considerando la complejidad del propósito. El vencimiento de ese plazo tendrá lugar en el mes de junio de 2016.
Todo lo anterior es de llamar la atención, porque en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, justo cuando oficialmente entrará en vigor el sistema, aparece la partida correspondiente a Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal con un monto de 713,145,294 pesos, que representa un 29 por ciento menos a lo presupuestado para el ejercicio presente que termina.
Es de entenderse la obligada y necesaria reasignación de presupuestos y la labor de administración eficiente de los recursos públicos. Sin embargo, la necesidad de los mexicanos en el ámbito de la legalidad y la justicia, en este caso a través del nuevo sistema de justicia penal, demanda un esfuerzo singular precisamente en la misma fecha en que entrará en vigor. Después de haberse invertido la mayor cantidad de recursos posibles para hacer frente al nuevo reto en materia de justicia, y tomando en cuenta el carácter absolutamente mayoritario de juicios criminales en el ámbito local, la gran interrogante será sobre si la decisión de ahorrar recursos en un aspecto tan crucial para el Gobierno Federal, los gobiernos locales y todos los mexicanos que dependemos de ellos, se está tomando realmente con relación a la partida y en el momento adecuado. ¿No acaso serán ahorros mal entendidos?