¿Quién le dijo al presidente Enrique Peña Nieto que la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre no era un tema de competencia federal? ¿Quién le sugirió deslindar a su gobierno de un delito que puede constituirse en un crimen de lesa humanidad? La respuesta se encuentra dentro de su despacho en Los Pinos, donde durante días recibió información de su gabinete de seguridad que era un delito del fuero común. Lo reiteró hace dos semanas el secretario de Gobernación y lo ratificó el procurador general el viernes, en una desafortunada conferencia de prensa. La realidad es que timaron al Presidente y alguien en su equipo lo expuso.
Lo que sus funcionarios le informaron sobre los hechos en Iguala provocó que el 9 de octubre declarara a la prensa que el gobierno de Guerrero debía asumir su responsabilidad sobre los hechos en Iguala. Que asuma “las responsabilidades que corresponden a los gobiernos locales”, precisó. La Secretaría de Gobernación estuvo informada desde el primer momento de lo que sucedía en Iguala. Una hora después de ser informado –a las 22 horas- de lo que pasaba la noche del 26 de septiembre, el gobernador con licencia Ángel Heladio Aguirre le informó por teléfono al subsecretario Luis Enrique Miranda. Aún así, cuando la Fiscalía de Guerrero pidió respaldo a la Policía Federal y al 27 Batallón de Infantería horas más tarde para controlar a los policías municipales, se la negaron.
Esto fue lo último de una omisión prolongada, porque la realidad es que desde meses atrás, lo que sucedía en Iguala era de competencia federal. En mayo pasado la Fiscalía General de Guerrero entregó un expediente y una declaración ministerial a la PGR donde acusaba al entonces alcalde José Luis Abarca de homicidio, y describía el modus operandi con que actuaban las policías de Iguala y Cocula como parte de Guerreros Unidos. La PGR simplemente lo ignoró.
La acusación contra Abarca se centraba en el asesinato de Arturo Hernández Cardona, en 2013, un episodio ampliamente socializado hoy, que el procurador Jesús Murillo Karam negó públicamente tener conocimiento oficial de él. El procurador mintió. Tras el asesinato de Hernández Cardona y otros siete perredistas, el militante de ese partido René Bejarano intervino en el caso y lo federalizó. Meses después, el fiscal de Guerrero Iñaki Blanco acusó a Abarca del homicidio y entregó el expediente a la PGR para su consignación.
La PGR había pedido la investigación de Hernández Cardona al mes de su asesinato, pero no hizo nada. En junio de este año, el subprocurador de Guerrero, Víctor León Maldonado, preguntó al titular de la Unidad de Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, Alberto Ramírez, cuándo consignarían a Abarca por el homicidio. Antes que termine el mes, respondieron, porque estaban esperando la ampliación de declaraciones de un testigo para consolidar el caso. Ese testigo parece ser José María Chávez Magaña, “El Pony”, jefe de La Familia Michoacana en el estado de México y capturado en junio. “El Pony” estableció la relación de Abarca con Joaquín “El Chapo” Guzmán, y declaró en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada que estaban confrontados por un préstamo que le hizo Guzmán que nunca le pagó. Como consecuencia, después de que Guzmán fue detenido, dijo “El Pony”, su sobrino se vengó y secuestró a su suegra, la madre de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, a quien videograbó y distribuyó la entrevista clandestina por YouTube. La suegra de Abarca admitió la participación de sus hijos en el crimen organizado y lo acusó a él y al ex gobernador de recibir dinero de delincuentes. La PGR no hizo nada contra Abarca. Después de casi cuatro meses de inacción en SEIDO, Blanco le insistió el 24 de septiembre a Ramírez, de la PGR, cuándo iban a consignar al alcalde de Iguala. La respuesta fue similar a la que dio en junio: en breve. Dos días después de ese intercambio, sucedieron los hechos en Iguala. Abarca y su esposa se fugaron el 30 de septiembre, pese a estar vigilados por la policía estatal, y hasta la fecha aún no se sabe quién los ayudo a evadir a la justicia. Pero la paralización de la PGR durante todos esos meses permitió que Guerreros Unidos continuara sus operaciones en colusión con las autoridades municipales en Iguala, en un entorno de impunidad que alimentó la actitud de Murillo Karam y de los responsables de la SEIDO –su titular Rodrigo Archundia fue removido en octubre y remplazado por Hugo Ruiz, muy cercano a la subprocuradora Mariana Benítez, mano derecha del procurador-. No fue la única negligencia de Murillo Karam y su equipo. En mayo de 2014, la PGR recibió de la Fiscalía de Guerrero una declaración ministerial donde se describía con detalle el modus operandi de las autoridades de Iguala y Cocula en combinación con Guerreros Unidos. Era una premonición de lo que sucedería en septiembre. De esto se hablará en este espacio mañana, como parte de toda la documentación que prueba que lo que pasaba en Iguala desde hace tiempo era de competencia federal, no del orden común, como hicieron creer el Presidente de la República. rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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