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María Idalia Gómez y Óscar Santillán

Hasta hace unos días era asesor del director de Pemex Exploración y Producción, pero fue inhabilitado por 10 años. La razón: la Secretaría de la Función Pública detectó una evolución en su patrimonio que no corresponde con su salario y que no pudo justificar. Su nombre: Bernardo Bosch.

Aunque la sanción no es definitiva y se puede impugnar en tribunales, su caso podría ser el hilo de una madeja más grande. El tabasqueño Bernardo Bosch es cuñado de la recién nombrada presidenta de la mesa directiva en el Senado, Mónica Fernández, y fue este vínculo lo que le permitió sobrevivir en el mismo cargo al cambio de sexenio.

Desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, el nombre de Bosch Hernández surgió como parte de operaciones, posiblemente irregulares, cometidas desde Pemex, junto con el de su entonces jefe, Froylán Gracia, señalado como hombre de confianza de Emilio Lozoya y que fue coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex.

Bosch llegó a trabajar a la empresa productiva del Estado desde 1998 como subgerente de Pemex Exploración y Producción. En la gestión de Peña Nieto siguió atendiendo las auditorías de la Secretaría de la Función Pública, del Órgano Interno de Control y de la Auditoría Superior de la Federación. En 2014 fue Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social de Pemex, desde donde se hacían donativos a gobiernos estatales y municipales; pero fue en su administración que se denunció que los apoyos hacia el gobierno de Veracruz, en la gestión de Javier Duarte, desaparecieron. En el último tramo del anterior gobierno fue gerente de Relaciones Públicas de Pemex.

Las inconsistencias en su patrimonio, detectadas por la Función Pública, habrían ocurrido cuando Bosch Hernández ocupó esos dos cargos. El monto no comprobado por el ahora exfuncionario no fue revelado, pero 10 años de inhabilitación se imponen cuando el monto que implicaría un enriquecimiento ilícito es alto.

Bosch puede impugnar el fallo ante tribunales para impedir que quede firme la resolución administrativa. Las autoridades valoran si lo denuncian penalmente ante la Fiscalía General de la República.   

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