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Jonathan Nácar /Tomás de la Rosa
›El pago de una supuesta deuda permitió al líder del sindicato minero “desaparecer” 3.2 millones de dólares que pertenecían a los mineros de Cananea, para lo que utilizó una red de por lo menos10 personas y seis empresas, cuatro de ellas con irregularidades

A partir de la creación de empresas “simuladoras” o fantasma por parte de personajes con un largo historial de fraudes, triangulaciones de recursos a través de más de 10 personas y la consumación de las operaciones de lavado de dinero a lo largo de nueve años, presuntamente permitió al líder sindical minero Napoleón Gómez Urrutia, Napito, dispersar una parte de los 55 millones de dólares que desde 2005 debieron recibir trabajadores por la privatización de la mina Mexicana de Cananea.

A partir de personajes que ahora forman parte de las acusaciones contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, el también senador de Morena construyó una red que mantuvo por lo menos nueve años y que operó de manera similar a la que le permitió al exmandatario veracruzano desviar recursos públicos para su beneficio, de acuerdo con las acusaciones en su contra.

Documentos como son expedientes, registros públicos de la propiedad y denuncias que actualmente son investigadas por las autoridades federales, y a las que ejecentral tuvo acceso, muestran el entramado con el que al menos desde 2005 y hasta 2014, Gómez Urrutia presuntamente desvió una gran parte de los 3.2 millones de dólares que en 2005 dispersó de la cuenta 10964526 de Scotiabank Inverlat, a nombre del sindicato minero, a través de diversas transferencias, según constataron indagatorias e información de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional de Valores.

A partir de los documentos oficiales, este periódico presenta el detalle de las operaciones que habrían permitido el lavado de sólo una fracción de esos 55 millones de dólares, que a 13 años de que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) recibiera como parte del 5% de pago a los mineros de Cananea, cuyo monto se integró al Fideicomiso 9645-2 (constituido en 1988), a favor de los dos mil trabajadores de las minas que pertenecían a Grupo México, y que a la fecha se desconoce el destino del 90% del resto de los recursos.

Morenistas. Los senadores de Morena, Pedro Miguel Haces Barba, Ricardo Monreal
y Napoleón Gómez Urrutia, en la sesión del Senado, el 4 de diciembre de 2018. Foto: Cuartoscuro

Morenistas. Los senadores de Morena, Pedro Miguel Haces Barba, Ricardo Monreal
y Napoleón Gómez Urrutia, en la sesión del Senado, el 4 de diciembre de 2018. Foto: Cuartoscuro

Las denuncias contra el líder minero se reactivaron en las últimas semanas, luego de que en noviembre del año pasado el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en la Ciudad de México concedió una suspensión contra el aseguramiento de tres cuentas bancarias del sindicato, por un monto de 340 mil dólares, que habían sido congeladas como parte de las investigaciones sobre el desvío del dinero de los mineros de Cananea.

Este periódico buscó al senador morenista y a los voceros del sindicato minero para conocer su versión respecto a las acusaciones en su contra; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se tuvo respuesta.

Todo comenzó en San Pedro

En una operación que podría considerarse inusual, pero aparentemente lícita, según consta en las actas, el sindicato minero, bajo la representación de Gómez Urrutia adquirió dos predios de más de 10 mil metros cuadrados en una zona exclusiva del Condominio Horizontal denominado El Santuario, ubicado en la calle Santander, al norte del Fraccionamientos Bosques de San Ángel, municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

La vendedora fue María del Carmen Páez Martínez de De la Garza Evia, supuesta corredora de arte de Monterrey, quien recibió por parte del sindicato un millón 825 mil dólares, equivalentes a poco más de 19 millones 292 mil pesos en ese entonces, provenientes del Fideicomiso 9645-2.

La compraventa de esos bienes fue una operación en regla; aunque el nombre de María del Carmen Páez Martínez de De la Garza Evia aparece desde 2005 en las investigaciones contra Gómez Urrutia, como presunta prestanombres del líder minero, que permitieron a Napo –como le llaman sus allegados–, y a Héctor Félix Estrella, entonces tesorero del sindicato, presuntamente desviar alrededor de 3.2 millones de dólares a cuentas bancarias a nombre de esta empresaria regiomontana, casada con el empresario inmobiliario, Alberto de la Garza Evia.

Casi tres lustros después, la plusvalía de la zona se disparó cerca de 700% o bien 16% promedio anual, porque actualmente las propiedades aledañas a esos predios se venden en mil 933 dólares el metro cuadrado. Es decir, el predio que adquirió y posteriormente cedió el sindicato minero se cotiza actualmente en unos 19.33 millones de dólares, según el portal especializado en bienes raíces, Metros Cúbicos. Sin embargo, el líder sindical malbarato esas propiedades.

Deuda inexplicable

Seis días después de que María del Carmen Páez Martínez recibió un millón 825 mil dólares por los predios ubicados en el municipio considerado como el más rico del país por su alto PIB per cápita, el sindicato reconoció, de manera inexplicable, porque no existe documento que lo especifique, una deuda por 26 millones de pesos (unos 2.45 millones de dólares), con una empresa que entonces era de muy reciente creación, denominada Inmobiliaria Vajaco, según la escritura que protocolizó el acuerdo entre el sindicato minero y el misterioso acreedor.

“Declara el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, por conducto de su secretario general, Napoleón Gómez Urrutia, que reconoce adeudar a Inmobiliaria Vajaco, S.A. de C.V., la cantidad de 26 millones de pesos, derivada de una cesión de derechos de fecha de 28 de diciembre de 2005, pero que en estos momentos su representada no tiene liquidez para solventar en efectivo, por lo que propone a través de este convenio que dicha cantidad sea cubierta mediante la dación en pago que el sindicato realice a favor de Inmobiliaria Vajaco, S.A. de C.V., de los inmuebles”, señala el acta del Juez Cuadragésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior Justicia de la Ciudad México.

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No sólo era una deuda inexplicable, sino que estaba utilizando dinero que no era propiedad del SNTMMSSRM, sino sólo de los mineros de Cananea.

Sobre el motivo que originó la deuda del sindicato con Vajaco, empresa que originalmente era, en marzo de 2004, como Grupo Alde de Querétaro, filial del Grupo Alde –creada desde 1995 por los empresarios guanajuatenses Eugenio Albo Moreno y su hijo Albo Moreno Urías–, y lo que motivó que ese pasivo fuera avalado por Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del sindicato, este semanario consultó al sindicato; sin embargo, no se tuvo respuesta.

Con la dación en pago a Inmobiliaria Vajaco por la deuda de 26 millones de pesos, el sindicato perdió dinero, porque la deuda era mucho más barata que el costo del predio y le hubiera sido más conveniente vender la propiedad ante el crecimiento comercial que estaba mostrando.

Debut y despedida 

Desde su origen en la constitución de Inmobiliaria Vajaco se advierte ciertas irregularidades. No sólo porque según su registro inicial como Grupo Alde de Querétaro S.A., de C.V., se hizo desde enero de 2005, pero el registro quedó protocolizado hasta agosto de 2011, cuando cambió de dueños y de denominación social.

Para todas las operaciones aparece un solo notario el número 230 de la Ciudad de México, Alfredo Bazúa Witte, quien primero fue designado para registrar a Grupo Alde y transformarla en Inmobiliaria Vajaco. En un segundo trámite se utilizó para el reconocimiento de la deuda de los 26 millones de pesos, entre el sindicato y la empresa. También hizo el registro de la demanda que se interpuso contra el sindicato minero y la sentencia que le permitió a Vajaco apropiarse de los predios de San Pedro Garza García.

El nombre de Bazúa Witte además figura en indagatorias que lo vinculan con la conformación de compañías presuntamente simuladoras para desviar recursos en beneficio de Gómez Urrutia y su familia.

Once meses después de haber sido constituida Grupo Alde de Querétaro, en enero de 2005, cambió de denominación y los socios, Eugenio Albo Moreno y Eugenio Albo Urías, ambos notarios y empresarios guanajuatenses sobre quienes pesan decenas de denuncias penales por fraudes inmobiliarios en al menos ocho estados del país, vendieron todas sus acciones en el mismo capital inicial que invirtieron en su conformación. Es decir, la compañía se vendió en un millón de pesos a dos personajes de bajo perfil de quienes no registran operaciones visibles y a quienes indagan las autoridades.

Para protegerse, entre las condiciones que impusieron los empresarios Albo fue que el nombre de Grupo Alde de Querétaro no pudiera ser utilizado tras el cambio de denominación de la empresa a Inmobiliaria Vajaco, que de lo contrario se haría acreedor a una multa de 10 millones de pesos. El socio mayoritario que adquirió las acciones resultó ser un personaje identificado como Daniel Ulises Cinco Zebadúa o Daniel Cinco Zebadúa, y Diego Bermúdez Benavides, supuesto empleado o empresario chiapaneco en el ramo farmacéutico.

 Los líderes sindicales de la CROC y de los mineros, Isaías González (Izquierda) y Napoleón Gómez en un mitin del Congreso del Trabajo. Foto: Cuartoscuro

Los líderes sindicales de la CROC y de los mineros, Isaías González (Izquierda) y Napoleón Gómez en un mitin del Congreso del Trabajo. Foto: Cuartoscuro

Diego Bermúdez Benavides, residente de la ciudad de México adquirió una parte mínima (1/ 100 mil) de las acciones, apenas tiene 23 años de edad y no existe algún otro dato como empresario.

Como parte de esta nueva administración de Inmobiliaria Vajaco fue nombrado Javier Nava Soria comisario, “para el ejercicio fiscal 2011”. Este personaje aparece en los expedientes contra el exgobernador Javier Duarte, como su presunto prestanombres y operador financiero, por lo que fue vinculado a proceso en febrero de 2018, acusado de los delitos de delincuencia organizada y el presunto desvío de más de 223 millones de pesos por ese caso.

De acuerdo con el libro “Fox: negocios a la sombra del poder”, en las empresas de los Eugenio Albo, también participaban familiares del entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada. Muestra de ello es que el sobrino del expresidente panista Arturo Bernabé Torres Fox, era tesorero de Grupo Alde de Querétaro; en tanto, Eugenio Albo Urías, está casado con Mariana Torres Fox, sobrina del exmandatario.

La virtud de la paciencia

El 11 de agosto de 2011, apenas 10 días después de que el notario Bazúa Witte formalizó el registro de Inmobiliaria Vajaco, la empresa demandó al sindicato representado por Gómez Urrutia, exigiendo el cumplimiento del convenio de dación de pago que el mismo líder y ahora senador reconoció en calidad de representante, a través del instrumento notarial: “testimonio de la escritura de la formalización del convenio privado de dación de pago”, del sindicato en favor de la empresa que fue registrado por el mismo notario público.

De acuerdo con el expediente del juicio mercantil entre el SNTMMSSRM e Inmobiliaria Vajaco, así como la consulta de abogados al respecto, se trató de un juicio en el que los abogados del sindicato, considerados unos expertos en litigio, mostraron un bajo rigor. No sólo porque era mejor comercializarlo y pagar la supuesta en efectico, sino porque la inmobiliaria resultó ganadora bajo el argumento de que Cinco Zebadúa no contaba con la personalidad jurídica para mantener una deuda con el sindicato minero.

En una aparente batalla legal entre el sindicato y Vajaco, que se resolvió en cinco meses con la organización laboral como perdedora, porque fue el 12 de agosto de 2011 cuando un juez civil admitió la demanda contra el sindicato y el 18 de enero de 2012 se emitió el fallo definitivo. Fue tan mala su defensa que apeló la decisión judicial que se emitió en su contra fuera del periodo establecido por la ley, por lo que fue desechada de inmediato.

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“Toda vez que las partes no interpusieron, en tiempo, recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha de 28 noviembre de 2011, dentro del término concedido para ello, se les tiene por perdido su derecho para hacerlo; en consecuencia, se declara que la misma ha causado ejecutoria”, indicó el juez del caso.

En la aparente disputa legal, el único argumento del sindicato minero fue que el pago en especie (dación de pago) reconocido por Gómez Urrutia ocurrió el 28 de junio de 2007 y Vajaco nació en la asamblea de Grupo Alde de Querétaro en enero de 2005, pero fue hasta agosto de 2011 que se protocolizó la adquisición de esa empresa.

La defensa sindical alegó además que el accionista de la inmobiliaria, Daniel Ulises Cinco Zebadúa, carecía de personalidad jurídica para reclamar los terrenos porque habían vencido los cuatro años del pacto de dación; sin embargo fue un argumento legal insuficiente, porque Inmobiliaria Vajaco fue integrada al Registro Público de la Propiedad, con lo cual quedó protocolizado el nacimiento de la compañía y su nuevo propietario.

Venta y dispersión fantasma

Después de más de dos años de que se hizo de los terrenos del sindicato, Inmobiliaria Vajaco realizó la venta de los predios. El comprador fue Humberto Garza Valdez, uno de los cuatro hijos del fundador y mayor accionista de Grupo Famsa, empresa con más de 800 establecimientos en México y Estados Unidos en el negocio financiero y tiendas departamentales.

El 3 de septiembre de 2014 fue cuando Inmobiliaria Vajaco, representada por Roberto Benjamín Ibarra de Rueda, abogado asociado en el despacho Contreras y Janeiro Abogados SC., firmó el contrato de compraventa de los predios de El Santuario, por un monto de 31 millones 178 mil pesos como ganancia para Inmobiliaria Vajaco, con el ignoto Cinco Zebadúa como titular.

El despacho en el que entonces laboraba Ibarra de Rueda, se definía como “una de las firmas de abogados de mayor relevancia en el país”, creada en enero de 2003 por José Contreras Mantecón y José Juan Janeiro Rodríguez, señalados como presuntos operadores en el desvío de recursos del gobierno de Veracruz durante la gestión de Duarte Ochoa (diciembre de 2010 a noviembre de 2016). Al menos hasta el año pasado, Janeiro Rodríguez era considerado por las autoridades de Veracruz como testigo colaborador contra el exgobernador.

Por parte del comprador, Garza Valdez, fundador de la empresa que hasta el 29 de enero tenía un valor de mercado de cuatro mil 550 millones de pesos, compró los dos terrenos el 21 de octubre de 2014. Y dos años después de la adquisición, el empresario recibió el visto bueno de las autoridades del municipio de San Pedro Garza García para la construcción de mil metros cuadrados en uno de los predios. Vivienda que tendría además seis cajones para el estacionamiento de vehículos.

En tanto, sobre la ganancia de más de 30 millones de pesos que Inmobiliaria Vajaco recibió por la compraventa de los predios, las indagatorias de las autoridades tienen ubicado que un monto de poco más de 10 millones 153 mil pesos fueron dispersados a través de cuatro empresas señaladas como simuladoras o fantasma por el SAT, todas ellas creadas entre diciembre de 2012 y julio de 2013.

Liderazgos. Napo y Vicente Fox, en la apertura de la XXXIII convención general del Sindicato Minero en 2004. Foto: Cuartoscuro

Liderazgos. Napo y Vicente Fox, en la apertura de la XXXIII convención general del Sindicato Minero en 2004. Foto: Cuartoscuro

Se trata de Administradora Edga y Umay, SC, empresas mediante las cuales se realizaron cuatro operaciones en las que Inmobiliaria Vajaco habría desviado cinco millones 349 mil pesos; Patmos Consultoría, S.A. de C.V., que habría servido para desviar alrededor de 275 millones 735 mil pesos; Adara Consultoría, S.A. de C.V., con un posible blanqueo de un millón 334 mil pesos; y un monto más por un millón 194 mil través de operaciones de Consultoría Beliw, S.A. de C.V.

Lo que se le viene a Napito

La próxima semana será ratificada la denuncia ante la Fiscalía General de la República, que hace siete días se presentó en contra del senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, y serán ofrecidas pruebas que demostrarían sus actuaciones irregulares como representante sindical, así lo confirmó a este periódico Sergio Vázquez Villareal, miembro de la Comisión Especial de reclamantes del 5% y de los 55 millones de dólares de Mineros de Cananea.

En entrevista, el minero en retiro aseguró que el descongelamiento de las cuentas bancarias a nombre del sindicato que representa Napoleón Gómez ha reactivado las denuncias en exigencia de que se aclare con qué dinero es que el ahora legislador ha creado varias empresas, señaladas como fantasma, que tiene en sociedad con dos de sus hijos. “Debemos saber si es del dinero que nos debe a nosotros”, acusó.

Vázquez Villareal reconoció que, en 2005, un año después de que le fueron depositados los 55 millones de dólares, el secretario general les hizo un pago parcial, “y metimos la demanda por la diferencia. De los 55 millones de dólares, nos repartió ocho millones de dólares y se quedó con el resto. Una auditoría que él mandó a hacer mostró que el dinero se fue en la compra de unos terrenos muy caros en Monterrey, y un montón de gasto que hace con el dinero de los trabajadores”, apuntó respecto a la trama de desvío que este periódico realizó sobre los predios de El Santuario.

“La obligación (de Napoleón) era cobrar es dinero y entregarlo a los trabajadores y no quedárselo (…) Vamos a interponer una demanda en su contra”, adelantó.

Al otorgar el sindicato minero las propiedades del santuario a la
empresa inmobiliaria vajaco, como reconocimiento de una deuda, perdió una ganancia de, al menos, 16 por ciento.

  • EL DATONapoleón Gómez Urrutia firmó el 28 de junio de 2007 el convenio de dación de pago con Vajaco, en la CDMX, pero en ese año estaba autoexiliado en Canadá.

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