Justicia limitada, otra crisis en la pandemia

19 de Abril de 2024

Justicia limitada, otra crisis en la pandemia

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El retraso en las audiencias, la falta de publicidad y continuidad en los casos de libertad de expresión mostraron el peor rostro del poder judicial

Durante la crisis sanitaria que hemos enfrentado desde hace un año, el sistema de justicia mostró su mayor vulnerabilidad en México. Reaccionó de manera muy lenta, puso en evidencia las carencias tecnológicas en juzgados y la falta de condiciones en las salas de juicio, restringió derechos y tuvo algunos retrocesos que mostraron las carencias de nuestro sistema judicial, lo que seguirá siendo uno de los mayores retos en tiempos de pandemia.

¿Qué quedó en evidencia? La falta de atención en los procesos judiciales que se siguen, la cancelación y retraso en audiencias; la falta de tecnología adecuada para que éstas se llevaran a cabo, así como el incumplimiento de los principios rectores fundamentales del nuevo sistema penal acusatorio como son los de publicidad, concentración y continuidad durante el juicio.

Lo anterior puso también en riesgo las garantías constitucionales de un acceso pronto y expedito a la justicia y sobre todo los derechos de las víctimas. En ello coincidieron los participantes en la conferencia sobre acceso a la justicia para las víctimas ante la crisis sanitaria, que se llevó el 19 de febrero, convocada por el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), y donde se hicieron algunas reflexiones que es importante compartir.

Con relación a las condiciones de acceso a la justicia y la libertad de expresión, los ahí participantes coincidieron en que el sistema de justicia no estaba preparando para enfrentar esta situación de crisis sanitaria, pero tampoco tuvo la sensibilidad para hacerlo de manera ágil. Esto llevó a suspender audiencias una y otra vez, algo que si bien ya venía ocurriendo en casos como el de Javier Valdez, en otros como el del periodista Mario Gómez en Chiapas —que a más de un año no se ha establecido fecha para el juicio— y el caso de la periodista María Elena Ferral en Veracruz, la crisis sanitaria agudizó los retrasos en detrimento del derecho de las víctimas a una justicia pronta.

Si de por sí la impartición de justicia en México ha sido lenta y tortuosa, en este contexto de crisis se complicó mucho más señaló Griselda Triana, esposa de Javier Valdez. “Las audiencias se pospusieron varias veces, unas por fallas técnicas, o por falta de condiciones en las salas; en el caso de otros familiares la situación no fue distinta, se les negó acceso a los expedientes, se limitaron sus derechos, todo se alentó, sin que se estableciera un mecanismo de atención para ello”.

Impunidad. Durante 2020 fueron asesinados nueve periodistas en el país.

Los jueces han tenido en este contexto los argumentos perfectos para diferir una y otra vez las audiencias y evadir así algunos de los principios rectores del nuevo sistema penal como es Publicidad, que establece que las audiencias serán públicas, pudiendo acceder las partes que intervienen en el conflicto penal y todo el público con ciertas excepciones (artículo 64), mencionándose también como parte de éste a las y los periodistas (artículo 5), además del principio de Continuidad que señala que “las audiencias tendrán lugar de manera continua, sucesiva y secuencial. O sea sin interrupciones innecesarias” (artículo 7).

Esto no ha ocurrido hasta hoy, el principio de Publicidad se ha visto totalmente afectado porque los periodistas y medios que quieren hacer cobertura en casos relevantes para la sociedad no lo pueden hacer, pero los tribunales tampoco han generado las condiciones para ello. En plena era digital no han sido capaces de crear una plataforma que permita la observancia de estos procesos.

Para Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica, la crisis sanitaria muestra la fragilidad del poder judicial, que aún no acaba de consolidar su transición al sistema de justicia oral, y también sus carencias. Vino a acentuar la lentitud que ya se tenía en varios juicios, lo que alimenta también

la

impunidad, en particular en el caso de los asesinatos y desapariciones, y ya no se diga en otros procesos.

Con todo ello la lucha de las víctimas se ha visto afectada enormemente, porque se han visto invisibilizadas sus demandas, la atención se ha vuelto aún más deficiente y más burocrática,—cuando no totalmente ignorada—, porque hoy lo que importa es la pandemia. La lucha por la justicia se ha vuelto doblemente difícil, alejándola aún más para las víctimas.

En crisis. La emergencia sanitaria no contuvo la violencia hacia la prensa.

Los medios han dado prioridad a la emergencia sanitaria, algo totalmente entendible, pero venimos de una emergencia de años que es la violencia contra la prensa que aún en la pandemia no se detuvo. Tan sólo en 2020 fueron asesinados 9 periodistas. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) abrió a diciembre de 2020; 120 carpetas de investigación, 81 de estas por amenazas y 12 por intimidación y lesiones respectivamente. Además

obtuvo 7 sentencias, 2 de estas por homicidio, pero el resto de los casos siguen sin avanzar. Con ello hay que decir que la emergencia sanitaria no contuvo la violencia hacia la prensa.

Coincido con lo que dijo Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, que señaló que “el sistema de justicia se vio rebasado y tuvo como consecuencias

la parálisis de la justicia, en México existe más de un 90% de impunidad en los casos de homicidio contra periodistas y 100% de impunidad en

desapariciones. Esto empeoró en el contexto de la emergencia sanitaria. La corrupción continuó, la impunidad y falta de empatía en la investigación y resolución de estos casos continuó siendo una constante en los delitos contra la libertad de expresión a nivel federal y en los casos locales, la situación es aún más trágica.

Mendiola advirtió que tanto periodistas y medios como la sociedad, están viendo limitado el derecho de publicidad en casos que nos interesan como sociedad. “A nivel de justicia penal, los logros que se habían alcanzado, han incurrido en retrocesos”, advirtió. Los retos más grandes están en las fiscalías locales y a nivel de procuración e impartición de justicia. Y el problema es ¿qué va a pasar después de que pase la emergencia? ¿Cómo se va a garantizar a las víctimas sus derechos después de tanto tiempo?

*Representante de Reporteros Sin Fronteras en México