¡¡Cállate chachalaca!! ¡¡Al diablo con las instituciones!! ¿le suena familiar? No se trató de desatinos de un candidato ni de una posición libertaria que buscara reivindicar las causas sociales más justas, fue la expresión más pura del pensamiento de una corriente política que persigue, en función de su propia visión de las cosas, imponer una agenda por la vía antidemocrática de la fuerza.
Así se volvió a ver el domingo pasado en la reunión que sostuvo la Comisión Especial para dar seguimiento a la aplicación de recursos federales en la construcción de la Línea 12 del metro, pues sin invitación alguna, a través de insultos, por la vía coactiva de los gritos y arrebatos, y hasta con el ejercicio de la fuerza más bruta a través de los golpes, Marcelo Ebrard se instaló con el fin de introducir en la discusión del informe que rinde la misma comisión, su propia versión del eterno complot en el que se encuentran sumidas las corrientes más retrogradas de la izquierda.
El modus operandi tiene varios años; hay que estar muy atentos y vigilantes a la manera en que aprovechan las prerrogativas que la ley le ofrece a los partidos para deslizar esa agenda totalitaria. El Estado debe reaccionar con prontitud para garantizar la supervivencia de la libertad de expresión y la democracia como decisión política fundamental en contra de la cual no puede prevalecer ideario alguno.
En este proceso electoral, la utilización de los spots publicitarios constituye una herramienta imprescindible de los partidos para dar a conocer sus postulados y su trayectoria; sin embargo, ese mismo recurso puede convertirse en un instrumento para socavar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones mediante el sometimiento de las voces disidentes a través de su ridiculización o su descalificación, con mensajes falsos, calumniosos o exagerados.
Un ejemplo de lo anterior ocurrió en semanas pasadas a través de un spot que publicó el PRD, en el que mediante el uso asociativo de imágenes pretendía conducir al público a pensar que sus propias desgracias o el estancamiento económico de México, provenía de, entre otros, empresarios, antiguos gobernantes y periodistas, concretamente, Joaquín López Dóriga. Un vehículo perverso que perseguía el uso de las prerrogativas legales para menguar la libertad de expresión, el prestigio y la credibilidad de un analista.
La publicidad electoral de la izquierda encubre el método de la altanería como vehículo para minar cualquier discurso de oposición a sus propios postulados, sin importar la fuente de la que provenga; un camino totalmente antidemocrático que divide al país y mengua la estabilidad de un sistema que, cuando menos en el ámbito estrictamente electoral, ha permitido que vivamos en paz todos estos años a pesar de encontrarnos en un proceso de franca transformación política, un proceso ejemplar para el mundo.
Radiodifusores, televisoras, medios impresos, redes sociales, medios electrónicos y todos quienes colaboran en ellos, lógicamente analistas y locutores, constituyen un factor indispensable para que nuestro sistema político subsista, para que el sentido de libertad que interesa a las mayorías pueda ser realmente respetado y llevado a la práctica como mejor modelo de representatividad nacional en el ámbito gubernamental.
Afortunadamente las instituciones que se han venido construyendo y las reformas constitucionales que se han venido aprobando han podido demostrar que el método de la violencia no podrá imponerse jamás al del diálogo democrático y a la razón.
Después de que Joaquín López Dóriga presentara la queja ante el INE y dicho instituto ordenara el retiro del spot publicitario, el PRD presentó la impugnación correspondiente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La semana pasada, la Sala Regional Especializada del propio Tribunal discutió la sentencia respectiva en la que, amén de los criterios de interpretación constitucional más progresistas y pro persona que permite el texto mismo de la Carta Magna y los compromisos internacionales firmados por México, se preservó el innegable derecho a la libertad de expresión y de disasociación de la imagen de los periodistas con relación a posicionamientos electorales con los que no se encuentren personalmente relacionados.
En mérito de que no existía ninguna relación entre el contenido del mensaje publicitario del PRD y la imagen personal del periodista, la Sala Regional Especializada sostuvo la legalidad de la resolución del INE que valoró la calidad antidemocrática y claramente ilegal del spot, conclusión ésta que obliga a la izquierda radical a dar un paso atrás en la mecánica que impulsa para hacer avanzar su agenda.
Esperaremos los resultados que arrojará esta semana la votación plural del informe que da cuenta sobre los avances de la investigación y análisis relativos a la aplicación de recursos federales en la construcción de la Línea 12; ojalá que quienes se vean involucrados hagan valer sus derechos a través de los cauces que permite la ley, y no por la vía de la toma de avenidas, amenazas y violencia. El método electoral y democrático, desde luego, no puede ser altanero.