@lorena_becerra El pasado lunes, dos encuestadores fueron brutalmente asesinados por una turba en el municipio de Ajalpan, Puebla. Los hermanos Copado Molina fueron acusados irresponsablemente de ser plagiarios y las autoridades municipales fueron incapaces de garantizar su seguridad viéndose totalmente rebasadas por la multitud enardecida. Los videos muestran una muchedumbre sin control que, tras haberlos linchado, grita a favor que sean quemados. En una de las tomas aparece un personaje con playera de súper héroe tomándose una foto celebratoria de la salvaje hazaña.
José Abraham y Rey David Copado Molina estaban contratados por una empresa de mercadotecnia para levantar encuestas. Ambos llevaban credenciales que los identificaban plenamente como encuestadores. No obstante, ante la confusión, el enojo y la ignorancia, los habitantes de Ajalpan los sentenciaron y ejecutaron en cuestión de horas. Las familias de estos hombres vivirán siempre con la desazón de saber que sus últimos momentos estuvieron colmados de terror y sufrimiento.
Para todos aquellos que nos dedicamos a medir y estudiar la opinión pública, este episodio ha sido indignante y doloroso. Las personas, como José Abraham y Rey David, que salen cada día a distintos municipios del país a tocar puertas para hacer preguntas que nos permiten entender fenómenos políticos y sociales se enfrentan a una multiplicidad de dificultades. Algunas encuestadoras han sido violadas; muchos son asaltados y golpeados; otros han sido injustamente encarcelados; y unos cuantos han sido secuestrados. En el periodo de influenza una madre de familia que había tomado un trabajo como encuestadora para ayudar a su esposo recién desempleado fue asesinada en Michoacán por el crimen organizado. La mujer, de nombre Carmen, levantaba un cuestionario tan inocuo que preguntaba a las familias sobre las medidas higiénicas que estaban tomando para prevenir el contagio y si conocían los síntomas de la enfermedad.
Estos sucesos exhiben la inseguridad e impunidad que reinan en muchos lugares del país y la vulnerabilidad de tantas personas que por sueldos humildes llegan a perder hasta la vida. Por el contrario, el linchamiento de los hermanos Copado Molina es sintomático del vacío que han dejado las autoridades y su completa incapacidad para lograr que la población se sienta segura. La gente ha dejado de creer que los criminales pueden ser encontrados o castigados y esto, combinado con la psicología de las masas, resulta en los diversos linchamientos que hemos visto en Puebla, Estado de México, Distrito Federal, Chiapas, Morelos, y Guerrero, entre otros.
Según la encuesta más reciente del Barómetro de las Américas (LAPOP 2014) el 60% de la población no confía en que, de ser víctima de un crimen, el sistema judicial castigue al culpable; únicamente el 8% confía en que sí. Este estudio de opinión también revela el endurecimiento de la opinión pública ante el aumento de la inseguridad. El 50% de los entrevistados considera que la medida más efectiva para reducir la criminalidad son castigos más severos. El 22% de la gente está de acuerdo con que se haga justicia por cuenta propia cuando el estado no castiga a los criminales. El 47% considera que se justificaría que los militares llevaran a cabo un golpe de Estado ante una situación de mucha delincuencia. Estos números son aún más extremos para las personas que ya han sido víctimas de algún delito.
Por otro lado, la confianza en las instituciones de seguridad y procuración de justicia deja mucho que desear. En ese mismo estudio, el 60% de la población se declara insatisfecha con el desempeño de la policía en su colonia. El 50% considera que los tribunales no garantizan un juicio justo. Y el 62% calcula que si alguien entra a robar a su casa, la policía tardaría más de 30 minutos y hasta más de 3 horas en acudir, o que jamás llegaría.
La última encuesta de victimización del INEGI (ENVIPE 2015) también ilustra la alta percepción de inseguridad que existe en la mayoría de los estados. A nivel nacional, el 73% de la población considera que su estado es inseguro, el 64% considera que su municipio es inseguro y el 44% que su colonia o localidad son inseguras. El 58% de la población calculada por esa misma encuesta considera que la inseguridad y la delincuencia es el problema más importante en su estado.
En términos de calidad de instituciones, la ENVIPE revela que el 63% de la población a nivel nacional considera que la policía estatal es corrupta, el 67% que también lo es la municipal, y el 65% percibe como corrupto a su ministerio público o procuraduría estatal. De igual forma, únicamente el 43% de la población confía en su policía estatal, 36% en su policía municipal, y 42% en el ministerio público y procuradurías estatales.
Hacer justicia por mano propia es muy difícil de justificar. Representa una regresión a épocas de barbarie y ausencia del Estado de Derecho. Los extremos de violencia y brutalidad que alcanzó la turba de Ajalpan únicamente hacen más repudiable este hecho. Eran personas inocentes. Sin embargo, mientras las autoridades de seguridad y procuración de justicia sigan siendo incapaces de combatir el crimen, castigar a los delincuentes y generar confianza y credibilidad con la ciudadanía, seguiremos observando estos episodios reprobables de bestialidad.