Alejandra Macías Sánchez

Es conocido que el sistema de pensiones en México está fragmentado a nivel federal, con subsistemas públicos y privados que se mezclan en distintas instituciones de seguridad social, empresas productivas del estado y programas sociales. Sin embargo, generalmente, el análisis deja a un lado los diversos subsistemas de pensiones que se gestan e implementan en los estados y municipios.

Recibir una pensión es un derecho innegable de todo mexicano, el problema es cómo financiamos esas pensiones. Para 2022, se proyectaron 1.4 billones de pesos para pagar pensiones contributivas y no contributivas; esto es uno de cada cinco pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Dicho monto no contempla los recursos que los gobiernos locales destinan a pagar pensiones de subsistemas que no son del todo conocidos.  

Los subsistemas de pensiones en los estados incluyen aquellos a cargo de los gobiernos estatales y municipales, y de las universidades públicas. Es difícil conocer el número exacto de subsistemas que existen, así como el gasto que ejercen. Es por ello que, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en el marco del Informe de finanzas Públicas Locales, se dio a la tarea de tratar de dimensionar la problemática que enfrentan los estados para pagar pensiones.

En primer lugar, con el análisis de las cuentas públicas y presupuestos de egresos de 2018 a 2022, fue posible observar que los estados reportan haber gastado en pensiones 19 mil 568 mdp en 2021. En segundo lugar, se realizaron 209 solicitudes de transparencia a las 32 entidades federativas y tres municipios en cada una de ellas. En las solicitudes se indagó sobre los tipos de subsistemas, características, beneficios y montos destinados a cubrir las pensiones. El resultado arroja que, en 2021, los gobiernos locales destinaron otros 18 mil millones de pesos para pensiones además de lo reportado oficialmente. 

También se encontró que los pensionados locales reciben mayores beneficios que los pensionados de instituciones federales. Por un lado, una trabajadora o un trabajador municipal en Mexicali (Baja California) o en Puebla (Puebla) o en Río Grande (Yucatán), por mencionar algunos, se puede pensionar con el mismo monto de su último salario, un beneficio que es virtualmente imposible para un trabajador que se jubilará con los recursos de su Afore.

Por otro lado, los pensionados de los estados parecen tener mejores condiciones de acceso. Los trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit únicamente requieren haber trabajado 35 años en la institución para jubilarse, sin importar su edad. En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, los trabajadores se pueden jubilar a los 50 años si acumularon 30 años de servicio, o a los 60 si trabajaron en la Universidad al menos 20 años. En San Luis Potosí, los trabajadores estatales solo requieren 28 años de trabajo para las mujeres y 30 para los hombres, sin importar su edad.

Las diferencias entre sistemas generan desigualdades para los beneficiarios, sin mencionar que el costo de prometer pensiones onerosas, sin contemplar su financiamiento, puede derivar en la insostenibilidad de todo el sistema de pensiones mexicano, así como del sistema fiscal en su conjunto. 

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