La moral no da moras

Uno de los políticos más satanizados que ha habido en México es Jorge Díaz Serrano, quien como director de Pemex bajó el precio del petróleo en 1981 en línea con la reducción que había hecho la OPEP. La acción, por instrucciones del presidente López Portillo y sin consultar con su jefe inmediato, José Andrés de Oteyza, secretario de Patrimonio y Fomento Industrial –hoy Energía-, provocó un pleito en el gabinete, que revirtió la decisión y volvió a elevar el precio, lo que fue un desastre para México, que perdió ingresos por 10 mil millones de dólares. Pese a no ser el responsable de ello, Díaz Serrano, que se encaminaba a la candidatura presidencial, le entregó su renuncia a López Portillo acompañada de una frase: “Un presidente nunca se equivoca”. La anécdota de Díaz Serrano es lo más cercano al cuidado que un colaborador debe tener con su jefe superior. La decisión de actuar sin discutirlo en el gabinete económico, fue una orden del presidente que no quería entrar en un conflicto con De Oteyza, y cuando el secretario reclamó, dio una muestra de ética institucional y responsabilidad política. No ventiló a los autores de la decisión y cargó con ella toda su vida. No es algo que suceda regularmente. En el actual gobierno, cuando el consenso de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto estaba en picada en diciembre, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presentó la renuncia a su jefe para abrirle las posibilidad de un cambio general en el gabinete. La decisión, filtrada a la prensa, le generó críticas y acusaciones en Los Pinos de colegas que se sintieron expuestos y traicionados por él. Peña Nieto no le aceptó la renuncia; tiene mucha aversión a ellas. Cuando Alberto Bazbaz le entregó su renuncia por el desastre que hizo como procurador en el gobierno del estado de México en el Caso Paulette, Peña Nieto no se la aceptó hasta la tercera vez que se la dio. Al presidente tampoco le gusta cesar a sus colaboradores. Como gobernador sólo lo hizo con dos por razones directamente relacionadas con su trabajo, y en Los Pinos sólo con uno, por un asunto menor que, sin embargo, era un escándalo mediático. En su administración, ha habido, sin embargo, candidatos más claros para el despido. Los dos más notables son el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, responsable de los procesos de licitación opacos que han generado mucha inconformidad en sector privado por la coincidencia en que las obras más importantes han caído en las empresas de empresarios muy cercanos al presidente, y David Korenfeld, el apaleado director de la Comisión Nacional de Agua, que utilizó un helicóptero federal para fines privados. En ambos casos, si el presidente no tuvo la determinación de despedirlos, tendrían que haber ayudado a su líder por la debilidad que mostraba. Ruiz Esparza no lo hizo, mientras que Korenfeld optaría por irse. Ninguno de ellos actuó como Díaz Serrano con López Portillo, con lo que contribuyeron al desprestigio del gobierno peñista y la percepción de corrupción. El tema no es menor. De acuerdo con un documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de 2013, la integridad en la administración pública es una condición importante para el funcionamiento efectivo del Estado, así como para asegurar la confianza pública en el gobierno y para crear las condiciones para el desarrollo económico y social sostenido. Estas líneas han formado parte de los discursos del presidente Peña Nieto, pero no han tenido sustento en la vida práctica de su gestión. El año pasado, por ejemplo, sólo después de días de ser exhibido por el conflicto de interés de trabajar como coordinador de Vinculación en Los Pinos al tiempo de ser consultor externo de una multinacional, Jesús Ramírez Stabros renunció. Nadie pensó en despedirlo en la Presidencia y, peor aún, cuando el PRI hizo su valoración sobre el candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, Ramírez Stabros fue uno de los convocados. Evidentemente, hay una disfuncionalidad en el gobierno peñista sobre los conflictos de interés y los abusos de cargos. Paradójicamente, el gobierno de Peña Nieto es uno de los promotores de la Iniciativa de Gobiernos Abiertos, de la cual también es presidente desde 2014, cuando se comprometió a “promover la transparencia, la lucha contra la corrupción y el empoderamiento de los ciudadanos”. Su oferta deja mucho que desear al verse la realidad en su administración. Los códigos de ética de otros gobiernos exigen que jamás de dispensen favores especiales o privilegios a nadie, ni que se acepten privilegios o beneficios bajo circunstancias que pueda generar una duda razonable de que ello conduzca a influir sus acciones públicas. Si ello mismo se aplicara en México, Ruiz Esparza y Korenfeld, cuando menos, estarían en falta. La realidad mexicana es etnocentrista, con rasgos superlativos en la actual administración. Se acerca más a lo que pregonaba Gonzalo N. Santos, el arquetipo nacional del cacique, con frases tan floridas como cínicas, quien decía que “la moral no es el árbol que da moras”, para justificar la corrupción en la clase política mexicana. Se supone que vivimos tiempos muy diferentes a aquellos del siglo pasado, pero el déficit de la Presidencia actual, es que aún no lo demuestra.