La nueva justicia penal

La Ciudad de México, capital del país, constituye por su situación política, por ser el asiento de los poderes federales y domicilio de las agencias gubernamentales más importantes del país, por su posición comercial y por el número de personas que habitan en ella, una muestra, un mosaico de lo que sucede o podría llegar a suceder en el resto de México, que en buena medida sigue sus pasos. Es verdad que la aseveración podría admitir excepciones, pero éstas no debilitan la regla general que así podría asegurarse. Es amén de la consideración anterior que la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal para el Distrito Federal deviene en un tema relevante, no sólo para la capital misma, sino para todo el país (aún y cuanto el sistema penal acusatorio adversarial ya viniera operando en muchas otras entidades), pues su implementación y la problemática que la misma arroje, en la capital, impondrá por la vía de la repetición o del desgaste, las modalidades adecuadas conforme a las cuales el Código Nacional de Procedimientos Penales habrá de interpretarse o, inclusive, hasta modificarse en el futuro. Dentro de la dirección de actos de gobierno encaminados a recuperar la estabilidad en el ámbito de la seguridad, a ganar partidas en el campo de la legalidad y el Estado de Derecho, es quizá la implementación del nuevo sistema de justicia penal lo que podría identificarse como el rubro más destacado dentro del plan de gobierno contenido en lo que fue el Pacto por México. A pesar de que la primera etapa para el Distrito Federal sólo abarcará a los delitos culposos y de cuantía menor, la decisión adoptada echa a andar un proceso reformador en el que no hay vuelta hacia atrás. El nuevo sistema de justicia penal concede al inculpado una nueva posición frente a la representación social acusadora y frente al juez, es respetuoso de la presunción de inocencia y del derecho humano a la debida defensa. El nuevo sistema, sin embargo, es igualmente protector de la víctima y mira por la transparencia y publicidad de la función judicial. En una época caracterizada por una alta incidencia delictiva, algo que destaca del nuevo sistema, más allá de su oralidad y de la inmediatez en la relación entre jueces y justiciables, parece ser algo paradójico: su funcionalidad estriba en la posible disminución de la actividad jurisdiccional propiamente dicha. Sí, a pesar de que existe un nuevo sistema de justicia penal para el Distrito Federal, aquello que más debería interesarnos circunda alrededor de los sistemas alternativos para la impartición de justicia penal; la normatividad que permite la intervención de mediadores y conciliadores, que perseguirán el otorgamiento de un acuerdo de reparación del daño, que una vez aprobado por el Juez, sustituirá propiamente la labor judicial de admisión y valoración de pruebas, con lo que se obtendrá el gran beneficio del ahorro burocrático y, más allá de este, la obtención de un acuerdo que identifica al culpable de la comisión de un delito, sinónimo de erradicación de la impunidad. La gran interrogante, como en todos los casos, no tiene que ver con las particularidades del nuevo proceso penal, ni con sus beneficios previsibles desde el punto de vista jurídico u orgánico, sino más bien, sobre la capacidad de los ministerios públicos, defensores, abogados y jueces, por cuanto a la implementación de un régimen jurídico en una materia tan sensible como la criminal, un régimen que además es significativamente distinto de aquel conforme al cual hemos vivido y hemos sido educados. Es necesario que, además de la capacitación profesional a favor de todos aquellos que tendrán que ver en su desempeño profesional con la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Gobierno de la capital patrocine campañas generales de información y conocimiento sobre los alcances del nuevo sistema y la importancia relativa a la recolección y conservación de pruebas. En esta época en que los presupuestos se encuentran tan ajustados o tan comprometidos, ¿qué tanta capacidad y qué tanta voluntad existirá por parte de la Procuraduría capitalina, para investigar y perseguir a cualquier servidor público que resulte culpable de los grandes desvíos que ocurrieron con motivo de la construcción y descarrilamiento de la Línea 12 del metro? Las disyuntivas, cada vez más, dejan de estar en la cancha del legislativo y pasan a la cancha de los otros poderes y los nuevos órganos constitucionales autónomos. Esperemos que pronto México logre recuperar el camino del orden y el de la esperanza, más lejos estará el camino del desarrollo y el bienestar.