Los intentos de reforma fiscal, han estado siempre limitados por la política y por la decisión de centralizar en el orden federal, las principales potestades tributarias, las de mayor potencial recaudatorio, quedando algunas pocas, muy limitadas, a las entidades federativas, de las cuales la más importante hoy es el impuesto sobre nóminas, se ha desaprovechado el impuesto a la tenencia, que desde 2012, es estatal, aunque hay algunos que no ni lo cobran, o han depredado su base, haciendo minúscula la recaudación generada por el mimo, muy por debajo de lo que se venía cobrando, antes de la decisión del Gobierno del Presidente Calderón de desaparecerlo, dando a las entidades federativas la posibilidad de clonarlo con las mismas característica de cuando era federal. Fue una transferencia mal hecha, política, no sujeta a lo que implicaría hacerlo en un contexto verdaderamente federal. Tal y como se hizo la reducción deliran en los primeros años de este Siglo, donde la Secretaria de Hacienda, compensó a las entidades federativas, el costo de una decisión de interés central.
Por cierto no sería malo volver a pensar en centralizarlo, para armonizarlo y dejarlo como un acto de colaboración administrativa, cobrado por las entidades federativas, pero normado por el gobierno central. Ya se intentó el año pasado, pero una entidad federativa se opuso a hacerlo, se requería consenso, esto es unanimidad, entidad que por cierto no lo cobra, aunque si lo legisló con subsidio muy alto, que deriva en una mínima recaudación.
Pero veamos lo nacional.
Las posibilidades para instrumentar la reforma fiscal ideal, han estado acotadas por los intereses de los diferentes poderes económicos y grupos de presión, de ahí que, a pesar de algunas reformas importantes en 1947, 1964 y 1980, o propuestas como la de 2001, la modernización de la administración tributaria con la creación del SAT, la política tributaria ha sido insuficiente, para financiar con la inversión productiva de infraestructura, así como el gasto social, reducir la inequidad en la distribución de la carga fiscal, modificar la estructura tributaria y la concentración del poder tributario en el orden federal.
Propuestas importantes de reforma fiscal han existido, sobran diagnósticos, incluso propuestas, sin embargo la negociación política, no ha sido suficiente. Ni el contenido federalista de las mismas, debido a las debilidades estructurales de nuestro pacto fiscal.
El problema ha sido quizás la falta de conección entre economía y política a la hora de formular las propuestas, así como su enffoque centralista. Por ello las memorias de muchos de los actores de la materia dan constancia de ello, de cómo la político delimita, obstaculiza o impide las reformas.
Los avances han existido, siempre enfrentando resistencias, lo mismo para sustituir crear el IVA, que para modificar el ISR, o como la que se dió por la homologación del IVA en la frontera o al gravar con impuestos específicos, a sectores siempre beneficiados con tratamientos preferenciales, como los alimentos con alto valor calórico, refrescos, aguas gaseosas, jugos enlatados, etcétera, sin necesidad de incrementar la tasa general del IVA. Por cierto con resultados recaudatorios afortunados y una buena gestión del SAT.
La reducción a la mitad del precio del petróleo iniciada en 2014, dado el peso de los ingresos petroleros en los ingresos tributarios, una tercera parte del total, ha obligado a ajustes al gasto público, y requiere una revisión integral de la política fiscal, esto es del gasto, ingresos y financiamiento, así como la del Pacto Fiscal.