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Jonathan Nácar

Al abrir el expediente, toda la primera parte de la investigación la integra información incompleta y difícil de verificar, hipótesis y deducciones carentes de sustento, recopilación de datos aislados y sin un orden cronológico, registro de operaciones y montos sin vinculación directa con la persona que se investiga y datos sustentados en notas periodísticas como “fuentes abiertas”. 

No se trata de un caso menor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); se trata de uno de alto perfil, que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha presumido en sus mañaneras como ejemplo de corrupción del pasado. Es el expediente de Rafael Jesús Caraveo Opengo, el puente entre los sobornos entregados por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya y los legisladores para aprobar las reformas energéticas de Enrique Peña Nieto. 

Así, con esas deficiencias y debilidades quedó estructurado el expediente que la UIF en torno a las operaciones financieras y fiscales del exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República, quien fue exhibido en un video difundido el 17 de agosto de 2020, en el que se le ve recibiendo y contando fajos de billetes. Esta es la historia que reconstruye en exclusiva ejecentral.

Entre las 70 personas que fueron señaladas en la denuncia de Lozoya Austin, está el exsenador de Acción Nacional, Jorge Luis Lavalle Maury, quien tras una maratónica audiencia que se prolongó por 18 horas el pasado 13 de abril, fue vinculado a proceso por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. El exlegislador panista —quien se mantendrá preso hasta el 13 de julio, cuando se cumpla el plazo que decretó el juez para las indagatorias complementarias—, tenía desde finales de los años noventa, a Caraveo Opengo como uno de sus colaboradores de confianza. 

Aunque el informe de la UIF, a cargo de Santiago Nieto Castillo, incluye una parte ínfima de las operaciones que involucran a ambos exfuncionarios, —quienes según las investigaciones empezaron su relación laboral y de negocios desde 1999 —, la recopilación de los datos resulta incapaz de dilucidar las cuantiosas sumas de dinero y los posibles beneficiados de las obscuras transacciones de las que el propio Rafael Caraveo dio cuenta en una declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con lo publicado por el diario Reforma en noviembre del año pasado, a partir del acceso que tuvo el medio a la declaración del exfuncionario originario de Campeche, Caraveo Opengo confesó a la FGR haber recibido, por órdenes presuntamente de Lavalle Maury, no una maleta, sino 15 bagajes con dinero en efectivo que el exfuncionario recibió en al menos siete ocasiones. 

Sin embargo, en los hallazgos de la UIF a los que ejecentral tuvo acceso, indican que Caraveo Opengo, señalado por las autoridades como una pieza clave del entramado de corrupción, en realidad no figura como el operador principal en varios de los movimientos detectados, ni tampoco es posible ubicarlo en los más cuantiosos. De 2003 a 2019, por ejemplo, el organismo encargado de combatir el lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo sólo detectó tres operaciones con dinero en efectivo que pudieron ser atribuidas directamente a Rafael Caraveo.

Los documentos de la Unidad advierten que en el apartado de las operaciones con dinero en efectivo se registran un par de depósitos realizados en junio de 2019, por un monto de 154 mil 909 cada uno, que en total ascendieron a una suma de 309 mil 819 pesos; así como una operación de retiro por la cantidad de 125 mil pesos, realizada en noviembre de 2003. En los detalles de esos movimientos sólo indican institución (banco) cuenta, localidad, sucursal, y fecha de la operación, los cuales muestran que los depósitos y el retiro registrados en esos años se realizaron en su natal Campeche, pero sin especificar entradas de los montos o algún otro detalle relevante de estas transacciones. 

A nombre de Rafael Caraveo, quien según las indagatorias de la FGR comenzó a recibir el dinero de los sobornos presuntamente provenientes de la constructora brasileña Odebrecht y que se remontan a finales de 2013, la unidad de la Secretaría de Hacienda sólo pudo identificar un total de nueve operaciones en tres instituciones financieras diferentes. 

Pero de esos movimientos, tres de ellos fueron una consulta de saldo sin especificar monto en septiembre de 2019; cinco en julio de 2017, y una más que se refiere a la compra de un vehículo, de la cual se especifica que el entonces funcionario del Senado obtuvo en octubre de 2013 un crédito por 156 mil 999 pesos, a pagar en 24 meses, pero que terminó por abonar a capital con un pago por el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), por 151 mil 605 pesos. Sobre esto último, la Unidad sostiene que fue detectado porque “su perfil transaccional no concuerda con lo declarado”.

Aunque la afirmación de la UIF está fuera de contexto, como secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, Caraveo Opengo percibía un salario mensual superior a los 100 mil pesos mensuales, adicionalmente bonos y beneficios que podían significar un 50% adicional cada 30 días. Es por eso que dichos depósitos no son extraordinarios.

De acuerdo con los documentos, en total, las operaciones a nombre de Caraveo Opengo, detectadas entre 2013 y 2019, ascendieron a un monto de 217 mil 294 pesos, siendo el valor del auto que el exfuncionario compró el 28 de octubre de 2013 el más cuantioso, pues alcanzó los 207 mil pesos, del cual, se indica, también que pagó un enganche de 50 mil pesos. Además de señalar que no fue declarado, la UIF especifica que “tampoco manifiesta en entrevista personal que realizaría pagos adicionales y de la llamada telefónica que se realizó, no justifico el origen de los recursos”. 

Tres de las operaciones de una cuenta de ahorro abierta desde enero de 2002 —que se registraron en septiembre de 2019—, el informe indica que fueron detectadas luego de que la consulta del saldo se realizara en Egipto, y las cinco operaciones restantes de 2017 se hicieron a través de una dirección IP en Turquía, por lo que, sin precisar mayores detalles, la UIF sostiene simplemente que las mismas habrían generado alerta toda vez que ambos países integran las listas de Jurisdicción de riesgo establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 

La recopilación de información y datos de los que la Unidad se proveyó sobre las operaciones directas a nombre de Rafael Caraveo, a partir de los reportes del sistema financiero como son de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y del Banco de México, entre otras instituciones, no advirtieron movimientos que directamente se pudieran vincular al exfuncionario y que hayan implicado montos exorbitantes o que se pudieran ligar con las operaciones de Odebrecht en el país. En las más de 40 páginas que integran la información contra el exfuncionario, el conglomerado brasileño no se menciona en ninguna parte. 

Se han detectado problemas de duplicidad de registros, montos con corrimientos en punto decimal, incongruencia de importes en los diferentes campos dentro de un mismo registro; por tal motivo la información es solo referencial.” Unidad de Inteligencia Financiera

Cabos sueltos 

De la revisión hecha a los movimientos financieros, la unidad ubicó siete operaciones donde se detectó que se hace referencia a Caraveo Opengo, entre los varios sujetos relacionados a las operaciones entre las que figura el expanista Jorge Luis Lavalle como titular, si bien implican montos que ascienden a cantidades en millones de pesos, se trata de depósitos o transferencias en las que el exsecretario técnico del Senado —quien se supone es la persona central del reporte—, sólo figura en un par de ellas como “autorizado”. Tampoco es posible determinar la vinculación comercial entre algunos de los depósitos ligados a Lavalle Maury y Rafael Caraveo con el Partido de Acción Nacional. 

En el apartado del documento donde se abordan las operaciones atribuidas al exsenador Lavalle Maury se contabilizan, por ejemplo, dos operaciones registradas entre diciembre de 2012 y marzo del año pasado, en donde destacan 13 abonos por un total de 3 millones 506 mil pesos, y dos cargos por 4 millones 435 mil pesos. Entre septiembre de 2012 y diciembre de 2017 también se detectaron 298 depósitos que ascendieron a 12 millones 092 mil 712 pesos.

Y de noviembre de 2019 a febrero de 2020 se ubicaron 14 abonos por 30 millones 049 mil 480 pesos, y 64 cargos por una suma de más de 30 millones 629 mil. Sobre dichas operaciones, el informe anticipa que las actividades son de “Hotelería”, “Despacho Contable” y “senador de la Cámara de Diputados”, en las que se registró como beneficiario a Nayeli Posadas Urtusuastegui, de quien en el informe no se precisa el vínculo con el exlegislador, pero se trata de quien fuera su esposa y madre de sus tres hijos, y de quien se divorció en 2015. 

En el desglose de dichas operaciones que según la UIF ascienden, sólo en los movimientos referidos, a un monto superior a los 80 millones 712 mil pesos, ningún movimiento advierte o se atribuye a los 53 millones que según la Fiscalía, en palabras del propio Santiago Nieto, se derivan de los sobornos de Pemex a Luis Lavalle. 

“La Fiscalía General de la República encontró un soborno por 53 millones de pesos en efectivo y nosotros habíamos detectado transferencias por más de 60 millones de pesos, lo cual no corresponde, evidentemente, con el ingreso que puede tener un senador”, apuntó Santiago Nieto el pasado 10 de abril, aunque en lo que respecta a la información del exsenador en el reporte de Caraveo no se menciona dicho soborno en efectivo. 

Sobre las operaciones de Rafael Caraveo, donde se mencionan los movimientos del exlegislador preso en el Reclusorio Norte de la CDMX, la referencia que se hace sobre las irregularidades de dichos montos se basa sólo en una cita del portal “tribunacampeche.com”, en el que la Unidad refiere que las notas periodísticas mencionan al señalado  relacionado con corrupción en Pemex con fecha del 09/03/2014, “y en otra del mismo diario a la fecha del 08 de agosto de 2016 donde se menciona que su campaña fue patrocinada por dinero sucio del exfuncionario petrolero Mario Alberto Ávila Lizárraga”. 

Como parte de las operaciones más recientes detectadas sobre Lavalle, el documento subraya un movimiento del 3 de enero de 2020, por un abono de 3 millones 784 mil 225 pesos, derivado de un traspaso de una cuenta del exsenador, –quien a su vez recibió en esa misma cuenta un SPEI por un millón de pesos de una cuenta vinculada al despacho Accuracy Legal and Consulting SC, y un SPEI por 999 mil 999 pesos de otra cuenta ligada a Evef SC; así como un cargo por 19 millones a una cuenta de la cámara de compensación estadounidense Pershing LLC. 

Cabe señalar que Accuracy Legal and Consulting SC es la firma de abogados que en 2018 fundó el también exlegislador blanquiazul Roberto Gil Zuarth, de quien en la primera semana de este mes se dio a conocer públicamente que la UIF había interpuesto una denuncia en su contra por el hallazgo presuntamente de más de 40 millones irregulares en depósitos en efectivos y donativos, así como gastos por más de 170 millones de pesos sin justificar. 

Sobre la filtración al diario Milenio, el expresidente del Senado emplazó públicamente a Santiago Nieto a renunciar a la Unidad si el exsenador demostraba que se trataban de “mentiras”.

En cuanto a la vinculación de Caraveo Opengo y Jorge Luis Lavalle, la UIF cita en el apartado del documento referente a “Información de fuentes abiertas”, cuatro notas periodísticas, todas ellas de agosto de 2020, publicadas días después de que se diera a conocer el video donde aparece Rafael Caraveo, y Guillermo Gutiérrez Badillo recibiendo los fajos de dinero. Gutiérrez Badillo trabajó para el grupo parlamentario del PAN, y cuando se dio a conocer la grabación, en agosto de 2020, se desempeñaba como secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién,

Precisamente los dos gobernadores de Acción Nacional mencionados en la denuncia de Lozoya, incluyen al gobernador Domínguez Servién, y al mandatario de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, de quien a cerca del proceso de declaración de procedencia que se sigue en su contra en la Cámara de Diputados, tras la solicitud de la FGR para desaforarlo, el titular de la UIF reveló el 22 de abril pasado, que la unidad a su cargo había ampliado la denuncia en contra del gobernador ante la Fiscalía. Lo cual se dio a conocer por el propio Santiago Nieto luego de que se revelara que el gobernador Cabeza de Vaca denunció a la Unidad de Inteligencia Financiera de filtrar información confidencial a las autoridades de Estados Unidos. 

Omisiones e inferencias

En la información referente al Registro Público del Comercio donde la UIF halló información relacionada a Rafael Jesús Caraveo se enlistan siete razones sociales diferentes, en las que el subordinado de Lavalle Maury figura en tres de estas como “administrador único” y en otras sólo como accionista. Tal es el caso de la empresa Consorcio Comercial Cazela, una empresa fundada en Campeche en 2002 por Caraveo Opengo y Jorge Luis Lavalle, en asociación con Carlos Said Lavalle Miled y Luis Enrique Zetina Avreu con un capital de 100 mil pesos. En dicha empresa Rafel Caraveo figura como comisario. 

Sin ahondar en los contratos de dichas empresas, o detallar si se detectaron irregularidades en torno sus operaciones, la UIF omite precisar que en Comercializadora Integral Rayfour, S.A de C.V., una de las empresas, también asentada en Campeche, en las que el exfuncionario aparece como accionista mayoritario con seis acciones —180 mil pesos—, y administrador único, fue una empresa contratada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para la adquisición de insumos médicos en el contexto de la pandemia. 

Con base en un reportaje de El Universal, publicado el 19 de agosto de 2020, Caraveo Opengo figura como socio en al menos 10 empresas ante el Registro Público de Comercio, y en lo que respecta a la Comercializadora Integral Rayfour se contabilizaron 14 contratos con el IMSS en diferentes regiones, por un monto general que asciende a más de un millón 337 mil pesos. 

En el reporte de la UIF consigna que, sobre dicha razón social, Caraveo Opengo cuenta con el registro patronal A1035312103, con un periodo laboral del 16 de agosto de 2019 al 17 de agosto de 2020, y un salario base de 130.00, aunque la fecha de apertura de la empresa tiene fecha del 26 de febrero de 2009. Según la información del portal QuiénEsQuién.Wiki, Comercializadora Integral Rayfour ha recibido 56 contratos, prácticamente todos ellos en 2019, de los cuales el 56% fue mediante adjudicación directa, por un monto general que hasta el 13 de enero de este año se tenía contabilizado en un millón 859 mil 337 pesos. 

Dentro de las operaciones vinculadas a Lavalle Maury, la UIF identifica algunas operaciones de empresas vinculadas al exsenador campechano, que incluyen al Consorcio de Servicios de Campeche S.A. de C.V., Operadora de Hoteles Ocean View, S.A de C.V., y Karim´s de Campeche, en las que el informe da cuenta de la participación de Mohammad Yusuf Amdani quien figura como autorizado.

Sobre dicha persona, la UIF consigna reiteradamente en sus menciones que, “fue nombrado como participe de terrorismo y punto de contacto en América Central para Al Qaeda, indicando también que posee y gestiona múltiples empresas en Honduras, Pakistán, Guatemala, El Salvador y los Estados Unidos”, basándose en un artículo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre Seguridad Marítima y Defensa contra el Terrorismo, publicado en noviembre de 2010. Sin solicitar información oficial a Estados Unidos.

En los documentos de la investigación de Nieto Castillo, ni siquiera se integró la relación comercial que el empresario textilero de origen paquistaní, establecido en Honduras desde la década de los noventa, mantuvo con Jorge Luis Lavalle, quien antes de de-
sempeñarse como delegado de la Sedesol en Campeche entre 2010-2012, fungió como director financiero en el consorcio Karim´s, propiedad de Yusuf Amdani, durante 2000 y 2006.

Precisamente de dicha relación laboral, Lavalle logró adquirir, con una inversión de 25 millones, la maquiladora Campeche Spinning Mills, perteneciente al conglomerado de Grupo Karim´s, quien actualmente mantiene operaciones en México, Nicaragua, Guatemala, Estados Unidos, Paquistán, entre otros. 

Sobre Mohamad Yusuf, quien la revista Forbes designó como el cuarto empresario más rico de Centroamérica en 2014, fue señalado de haber importado las vacunas apócrifas que fueron aseguradas en el Aeropuerto Internacional de Campeche, de las que dio cuenta el SAT el 17 de marzo pasado. 

Sobre Campeche Spinning Mills, abastecedora de hilos y telas asentada en Campeche desde el año 2002, así como Empresas Charge S.A de C.V., ambas empresas ligadas a Jorge Luis Lavalle y su secretario técnico, Rafael Caraveo, cuando el entonces senador presidió en 2015 el Comité de Administración del Senado, el expediente de la UIF ni siquiera hace mención de ellas. 

No obstante, la Unidad sí reitera en varias de las operaciones de 2016 vinculadas con las empresas del Grupo Kari´s y de Mohamad Yusuf, que “la operación no refiere en esta cuenta a ninguno de los dos sujetos; sin embargo, se infiere que alguno participa en la cuenta”, en referencia al propio Yusuf Amdani, y una persona de nombre Mohammad Aslam Khan, quien es señalado como “autorizado” en algunas cuentas, donde tampoco son mencionados Caraveo Opengo, ni Lavalle Maury. 

›En total, entre 2014 y 2017, la UIF detectó seis transferencias internacionales ligadas supuestamente a Rafael Caraveo, aunque en ninguna se hace referencia a su nombre. Cinco operaciones con Estados Unidos como país destino, y una más a España conforman los traspasos, de las cuales se hace la acotación que “no es concluyente, ya que se han detectado algunos problemas de duplicidad de registros, montos con corrimientos en punto decimal, incongruencia de importes en los diferentes campos dentro de un mismo registro u operación, entre otras; por tal motivo esta información es solo referencial”, admite la UIF. 

Ese mismo criterio de reportar información superficial o básica y no concluyente también se hizo presente en la información sobre las declaraciones informativas de terceros (DIOT), así como la posible duplicación de datos respecto a las operaciones de enajenación vinculadas a Jesús Caraveo. En cuanto al registro de “actividades vulnerables”, se menciona un crédito con Distribuidora Liverpool, por un monto de 200 mil pesos, de noviembre de 2017; en cuanto a tarjetas de servicios o de crédito se enlistan seis operaciones por un monto que asciende a los 463 mil 475 pesos. 

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