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Simón Vargas

Sólo el que ha vivido la tortura la comprende a plenitud.

 

El periodista Jesús Lemus Barajas, estuvo encarcelado durante tres años en el penal de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco, durante ese tiempo tuvo la oportunidad de sostener platicas con Mario Aburto, Rafael Caro Quintero, Daniel Arizmendi “El Mochaorejas”, entre otros delincuentes, las cuales fueron plasmadas en el libro “Los Malditos”.

Durante una de sus coberturas periodísticas para el periódico local El Tiempo, ubicado en La Piedad, Michoacán y, del cual era fundador y director, fue secuestrado por un comando armado que lo llevó a un centro ilegal de detención en Guanajuato, en donde fue víctima de toda clase de torturas como asfixia hasta la inconciencia, aislamiento en una celda en donde nunca se apagaba la luz, de la cual era extraído solo para ser golpeado y empapado con chorros de agua fría.

En mayo de 2011 por falta de elementos para condenarlo, Jesús Lemus fue exonerado y liberado, él presentó una de las 11 mil 608 quejas por torturas y malos tratos que fueron presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre 2006 y julio de 2014, de las cuales mil 148 corresponden a violaciones atribuibles solo a las fuerzas armadas, en el periodo de diciembre de 2012 a julio de 2014. http://bit.ly/1b05vZr

La madrugada de este lunes (para nosotros), en Ginebra, Suiza, el Relator Especial de la ONU, Juan Méndez, quien visitó México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, emitió un informe en donde dio a conocer sus observaciones con respecto a la práctica de la tortura en nuestro país, del mismo modo, emitió recomendaciones al Estado para combatir y eliminar este mal, revertir la impunidad y garantizar la reparación integral de las víctimas. http://bit.ly/1EMLMHz

“La tortura en México es generalizada, se utiliza predominantemente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad judicial, y con motivo de castigar y extraer confesiones o información incriminatoria”, fue la observación que más incómodo al gobierno federal que rápidamente salió a rechazar, tachando la afirmación de incongruente.

La defensa del gobierno mexicano se basa en las estadísticas oficiales, sin embargo, nada señalan sobre la cifra negra: 93.8 por ciento de los delitos no se denuncian por temor. Al respecto, en el informe se indica que de forma reiterada las víctimas deben denunciar la tortura ante el mismo cuerpo al que acusan de cometerla o permitirla, además de que hay una tendencia por parte de los ministerios públicos, jueces y comisiones de derechos humanos a calificar conductas constitutivas de tortura con tipos penales de menor gravedad, como abuso de autoridad, lesiones o ejercicio indebido de servicio público.

Lo anterior es solo una muestra de porque la realidad que han soportado y aún sufren decenas de mexicanos, no se ve reflejada en las cifras oficiales, a este argumento, se puede agregar el siguiente también proveniente del informe, la preocupante impunidad que impera en México: “el Gobierno informó de sólo cinco sentencias condenatorias de tortura entre 2005 y 2013; dos han quedado firmes e imponen penas de 3 y 37 años, respectivamente”.

El Relator Especial visitó cárceles, centros de prisión preventiva, arraigo e investigaciones, centros de detención de menores, un hospital psiquiátrico, un centro de asistencia social y una estación migratoria, en donde a través de testimonios que “inquietantemente coincidían” tuvo conocimiento de lo siguiente: las personas denuncian haber sido detenidas por personas vestidas de civil que no cuentan con una orden judicial, la detención va acompañada de golpes, insultos y amenazas. Las personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas, que combinan: golpes con puños, pies y palos; “toques” con dispositivos eléctricos; asfixia con bolsa de plástico; introducción de agua con un trapo en la boca (waterboarding); desnudez forzada; amenazas e insultos…

Tal vez el uso de la palabra generalizada, no fue el más afortunado para describir la práctica de la tortura en México por parte del Relator Especial de la ONU, puesto que efectivamente se trata de una falacia, pero el razonamiento que refuta la tesis del informe, también pone al descubierto varias falacias.

Ya que aunque el gobierno ha realizado enormes esfuerzos en la construcción del marco institucional, estos todavía no son visibles para la gran mayoría de las víctimas de tortura, por ejemplo; no se ha asegurado la reparación integral del daño; no existen protocolos que garanticen que toda represalia en contra de las víctimas que denuncien será evitada; la impunidad no ha disminuido; etc.

Falta mucho por hacer para abatir ese terrible flagelo de la tortura. Solo el que lo ha vivido lo comprende a plenitud, es una de las tareas pendientes en la agenda de la justicia.

*Analista en temas de  Seguridad, Educación y Justicia

simon.9@prodigy.net.mx

@simonvargasa

facebook.com/simonvargasa

 

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