La historia

La reforma fue propuesta de López Obrador en febrero de 2024, apenas unos meses antes de las elecciones. Se aprobó por unanimidad en San Lázaro y en el Senado, después obtuvo el aval de los 32 congresos locales. Sin embargo, su declaración de constitucionalidad está congelada en San Lázaro y eso hace imposible su publicación por una razón: aplicarla le costaría al erario más o menos 40 mil millones de pesos al año que hoy no se quieren, o no se pueden gastar. El costo se sabía desde que se hizo la propuesta, pero era una especie de promesa de campaña desde la Presidencia a la que la oposición se sumó porque electoralmente habría sido muy costoso oponerse. La realidad hoy es que no hay salario mínimo constitucional para esa burocracia baja aunque todos los diputados federales, todos los senadores y todos los diputados locales lo aprobaron. Con un paso en el procedimiento legislativo detenido, la voluntad popular representada en todos los legisladores se ignora por los mismos que aprobaron la reforma y lo que es peor: nadie dice nada.