Docentes, empleados, médicas, empresarias, estudiantes, amas de casa y comerciantes se pronuncian en contra del texto divulgado el 18 de septiembre, en el que intelectuales, científicos y académicos urgieron al presidente Andrés Manuel López Obrador a hacer un lado el odio y la división en sus discursos, así como el desprecio a organizaciones civiles.
En aquel documento, los 650 firmantes refieren que López Obrador atenta contra la libertad de expresión y acusaron que para ello emprende “sanciones administrativas” y estrategias de “amagos judiciales” a medios y publicaciones independientes que han cuestionado sus posturas y decisiones.
A través de un nuevo documento, más de 28 mil personas manifiestan su solidaridad al presidente López Obrador y rechazan que la libertad de expresión se encuentre bajo asedio: “La amplia y libre difusión de que ha alcanzado el texto de marras niega de manera contundente si principal aserto: que la libertad de expresión está bajo asedio”.
Los firmantes aseveran que en los más de 21 meses transcurridos desde el 1 de diciembre de 2018 – cuando AMLO asumió posesión como presidente de México – “nadie ha sido presionado al silencio por el Ejecutivo federal”.
Señalan que ningún “informador u opinador” ha sido hostigado, despedido, detenido, procesado, torturado, desaparecido o asesinado por consigna de la Presidencia, y abundan que actualmente, el debate público está “más vivo y vibrante que nunca”.
“Lo que es claro es que los firmantes (del texto En defensa de la libertad de expresión) querrían suprimir ese debate, amordazar al presidente y reinstaurar el monólogo y la verdad única que imperó hasta hace dos años bajo el corrupto régimen neoliberal y el aparato mediático oligárquico”.
Los firmantes de este nuevo documento insisten en que quienes firmaron el desplegado del 18 de septiembre eran “amos y señores del pensamiento, el análisis y la crítica” que daba lugar a la violencia de Estado, la corrupción, la frivolidad y el desaseo electoral.
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Aseguran que los intelectuales, científicos y académicos no pueden denostar un solo acto de censura porque no lo ha habido. El único señalamiento, señalan, es la sanción administrativa a la empresa editora Nexos, ante lo que señalan que nunca se le señaló a este medio por lo que publica, sino por falsificación de un documento.
“No hay tampoco ‘amagos judiciales’ a ‘medios y publicaciones independiente’ sino la revisión general de los vínculos corruptos e inmorales entre el poder público y empresas privadas que fueron distintivo del régimen anterior”.
Sobre las organizaciones, señalan que muchas de ellas dicen ser “ciudadanas” y sólo fungieron como “tapadera” del saqueo al erario, lavado de dinero y privatización indebida de bienes públicos.
Ante todo ello, aseguran que el texto En defensa de la libertad de expresión no representa sino un intento por sacar del debate la voz presidencial, la cual es considerada una “expresión legítima de la mayoría absoluta de los ciudadanos”. CJG
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