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Jose Luis Camacho

El principio de legalidad enmarcado en el artículo 16 de nuestra Constitución Política señala que mientras toda persona puede hacer todo aquello que no le esté expresamente prohibido por la norma, el servidor público no puede extralimitarse en las atribuciones que le están claramente conferidas. Ello es reflejo del Estado liberal que hemos construido los mexicanos a lo largo de los siglos, en el que se reconoce la más amplia libertad a los particulares al tiempo de restringir el ámbito de acción de los servidores públicos, evitando con ello incurrir en excesos y en concentraciones de poder.

En tal sentido, las atribuciones que posee el Poder Ejecutivo Federal se encuentran enmarcadas en los artículos constitucionales 3o., 6o., 21, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 71, 73 y 74, pero principalmente en el 89, en el que a través de XX fracciones se resumen las atribuciones contenidas en el articulado constitucional y se estipula que las facultades y obligaciones del Presidente son, entre otras, promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso; nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado y demás empleados de la Unión; preservar la seguridad nacional y declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras.

Sin embargo, en ningún artículo de la Constitución ni de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se concede al Presidente de la República la atribución de mandar permanentemente a los cuerpos de seguridad de los municipios ni mucho menos de los Estados, así como tampoco se le da el poder de vigilar y cuidar su actuar imparcial y apegado a la ley. Ésa es atribución del gobierno municipal y local.

En tal sentido, el Primer Mandatario no puede ni debe invadir el ámbito de acción de un presidente municipal, ni de un gobernador. Es decir, por más facultades que tenga el Presidente de la República, él no puede ordenar en materias propias de los gobiernos municipales (como lo es la seguridad, mercados, limpia y panteones) ni en las de los gobiernos locales (estipuladas en artículos constitucionales como el 3o., 5o., 28, 29, 76, 102 y 105 entre otros). Ello garantiza la legalidad, el respeto entre órdenes de gobierno y la mejor coordinación en el tratamiento de la diversa problemática social.

Habrá quien diga que se trata de un lenguaje de estudiosos del Derecho que poca influencia tiene en el mexicano de a pie, apreciación que lamentablemente es verdadera pero no por ello significa que sea lo adecuado en una democracia como la mexicana, que exige ciudadanos informados, defensores de sus derechos y conocedores de su sistema político, pero al no lograr plenamente esa aspiración nos volvemos presa fácil de quien, también sin saber pero con mucha saliva, hace aseveraciones llamativas poco sustentadas en la realidad ni en las leyes.

Específicamente me refiero a quienes desde el último trimestre del año pasado no se cansaron de aseverar que el Presidente Enrique Peña Nieto era el culpable de lo sucedido a 43 jóvenes estudiantes y de su lamentable desenlace, lo cual busca desconocer nuestro marco jurídico y a todas luces es falso y persigue fines distintos a los legítimos anhelos del pueblo mexicano de justicia y seguridad.

A pesar de no tener responsabilidad en los sucesos de Iguala, Guerrero, hay quienes han pretendido culpar al Presidente Enrique Peña Nieto y apostarle a la confusión social y mediática para medrar política y económicamente con la desgracia que no sólo ha golpeado a 43 familias, sino a toda la Nación. ¿En dónde queda la responsabilidad del presidente municipal de Iguala, de su jefe de policía y del cabildo, del gobernador de Guerrero y de su secretario de seguridad? En el limbo porque hablar de ellos puede no ser tan provechoso que utilizar frases como “crimen de Estado” y “gobierno autoritario y represor”.

Quienes hacen tales aseveraciones no buscan que se haga justicia y evitar que suceda otra tragedia, sino mantener las cosas en el estado actual y esperar a que suceda un hecho similar para señalar que tenían la razón, que México es un estado fallido y develar a un iluminado que va a cambiar las cosas.

Pero ni en México ni en ningún lugar del mundo hay iluminados que por acto de magia cambie la realidad lacerante de toda una población, sino líderes que impulsan los cambios necesarios que motiven y permitan la participación de toda la sociedad ser parte de la transformación que su país necesita.

Ni el Presidente de la República es el responsable de lo sucedido, ni el Gobierno del Estado Mexicano estuvo involucrado con delincuentes.

México no debe resolver sus graves problemas con más ilegalidad. Esa es la garantía que nos asiste a todos y que evita que lleguemos a un estado de anarquía. Es necesario que así como los integrantes de la sociedad hemos condenado los hechos de Iguala, Guerrero, condenemos clara y llanamente a quienes buscan medrar con ellos y señalemos a los culpables de privar de la vida no sólo a 43 jóvenes, sino a muchos más. Ello con el objetivo de llegar a nuestro principal y primordial objetivo, que es que la justicia atempere el dolor de las familias de los 43 jóvenes estudiantes y que siente un precedente para que nunca más otro mexicano sufra el dolor de ver que delincuentes se llevan a sus hijos, acaban con sus esperanzas y sus anhelos.

Ése es el clamor popular. Lo demás es demagogia y es oportunismo.

México puede seguir cambiando, pero no depende sólo del gobierno, sino de cada uno de nosotros haciendo la diferencia en nuestras vidas diarias. Empecemos reconociendo que no fue un “crimen de Estado”, ni que “fue el Estado”, sino que fue un puñado de servidores públicos municipales y locales cooptados por la fuerza física o por el monetario con grupos criminales.

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