El pasado 4 de noviembre la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo promovido por la asociación civil SMART declarando inconstitucionales algunos artículos de la Ley General de Salud que penalizan ciertas conductas relacionadas con el consumo de drogas ilegales. Los cuatro fundadores de esta asociación ahora podrán cultivar y consumir marihuana con fines recreativos. A pesar de que el debate acerca de la legalización de las drogas en general, y de la marihuana en particular, ha estado presente en la agenda pública desde hace años, este episodio sienta un precedente. Hoy por hoy es inevitable llevar a cabo una discusión abierta sobre los efectos de las sustancias ilegales y su papel en la sociedad. Esto implica discutir temas de salud pública, pero también de seguridad.
A raíz de este caso, distintos actores políticos han buscado posicionarse – algunos de manera más clara – sobre el tema. El Presidente Peña Nieto convocó a abrir un debate especializado para definir las políticas y acciones a seguir sobre la marihuana; el PAN favorece la postura del mandatario de tener un debate amplio; el PRD se muestra a favor de la despenalización; y el PRI y Morena sugieren que el tema sea sometido a consulta pública. Sin duda esta discusión estará presente en algunas de las próximas elecciones locales y los distintos candidatos deberán tener clara una postura al respecto, más si la decisión termina siendo producto de un referéndum.
Según diversas encuestas publicadas, la gran mayoría de la población está en contra de la legalización de la marihuana, aunque cuando se les pregunta por su uso con fines medicinales un buen porcentaje modera su postura. La encuesta en vivienda de Parametría registra un 77% de oposición y 20% de apoyo a la legalización hasta octubre de 2015. La serie telefónica de BGC del 9 de noviembre marca un 63% de oposición a la legalización de la marihuana y un 34% de personas que apoyan esta medida, aunque algunas bajo ciertas condiciones.
Por su parte, la encuesta nacional levantada en mayo por la empresa Varela y Asociados nos indica que el 75% de la población que rechaza la legalización de la marihuana se reduce a 30% si es únicamente con propósitos medicinales. Solamente el 23% de la población estaría a favor de legalizar la marihuana sin la condicionante de salud. En esta misma encuesta observamos que el 93% de la población estaría en contra de legalizar otras sustancias, como la cocaína. Por otro lado, el 50% de la población responde que, de legalizarse la marihuana, habría más violencia en el país y el 31% que habría menos violencia.
Las personas que favorecen la legalización de la marihuana sin consideraciones de salud tienen características específicas. El 70% considera que a raíz de su legalización disminuiría la violencia en el país, por lo que podemos concluir que algunos incorporan consideraciones sobre la inseguridad en su preferencia. Predomina más el género masculino aunque, tanto los hombres como las mujeres que aprueban la legalización, se concentran más ciertos segmentos de edad – menores de 40 en el caso de los hombres y menores de 25 en el caso de las mujeres. Predominan los niveles de escolaridad de preparatoria o mayores y, lo más importante, son mayoritariamente votantes apartidistas. Por último, cerca de la mitad está a favor de que el gobierno negocie con grupos del crimen organizado para reducir la violencia en el país.
Por su parte, la población que se opone a la legalización, aún con propósitos medicinales exclusivamente, se concentra en amas de casa, niveles de escolaridad de primaria o menor, y algunos votantes del PAN y PRI más que de otros partidos. También cerca del 40% de este grupo considera que la legalización de la marihuana se asociaría a un incremento de violencia en el país y el 70% están en contra de que el gobierno negocie con el crimen.
A nivel nacional, esto nos muestra un mosaico de preferencias muy variadas con motivaciones específicas. A nivel estatal, los clivajes deben ser aún más marcados e incluso distintos. Esto hace que la responsabilidad de nuestra clase política y de la sociedad civil esté en informarse e informar de manera precisa y objetiva a la población antes de saltar a decisiones que pudieran parecer rentables electoralmente o en términos de activismo. También es de vital importancia tomar en cuenta las condiciones de corrupción y capacidad institucional presentes para, en dado caso, implementar medidas de legalización. Por último, no debemos olvidar cuál sería el verdadero objetivo de legalizar la marihuana o si esto se convertiría en un medio para alcanzar otro fin.
@lorena_becerra