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Nadia Rodríguez

Comunidades indígenas de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Chiapas sufren un mismo problema: la presencia del crimen organizado y de grupos armados que impiden que puedan ejercer su libre determinación y autonomía. 

El análisis más reciente de Fundar y otras organizaciones apunta a que la presencia de estos criminales han afectado los proyectos de autonomía indígena que dependen cada vez más “de sus propias capacidades de defensa debido a la corrupción que permea el Estado”. 

Un ejemplo es Guerrero, donde desde 2018 la seguridad pasó a manos exclusivas de las fuerzas estatales, por lo que ante la presencia de cárteles de la droga, los indígenas se han organizado de forma autónoma a través de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), aunque es cada vez más común que existan casos de amenazas, agresiones y asesinatos de miembros de esa organización por parte del crimen organizado.

En Cherán, Nurio, Cheranástico, Zirahuén, Santa Fé de la Laguna, Arantepacua y otras comunidades del estado de Michoacán la situación es similar y los indígenas han conformado brigadas de autodefensas, en algunos casos, de la mano del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).  

Fundar alertó que en los pueblos Rarámuri de Chihuahua, la autonomía religiosa está amenazada por el crecimiento de  la población mestiza y el crimen organizado.

“Pueblos indígenas continúan sufriendo la muerte de sus líderes y miembros, la destrucción de su territorio, el despojo de sus recursos naturales y el desmantelamiento de sus sistemas normativos y de gobernanza”, apunta el análisis. 

Biden anuncia acciones contra pandemia de armas

Considerando la violencia armada como “una pandemia de salud pública”, el gobierno del presidente Biden emitió acciones preliminares para restringir el comercio y fabricación de armas.

Dentro de las medidaS se incluye la instrucción para detener la adquisición de “armas fantasma”, que son paquetes para fabricar un arma en 30 minutos y carecen de número de serie; así como regulaciones que eviten que soportes estabilizadores como los que se utilizaron en el tiroteo de abril en la ciudad de Boulder, Colorado, que dejó 10 muertos.

“Estamos absolutamente decididos a hacer cambios”, sostuvo el mandatario al señalar que las acciones significan que su administración “no esperará a que el Congreso actúe para tomar sus propios pasos”. 

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