Por segunda ocasión en 16 meses, el Mecanismo para la Protección de Personas de Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) no tendrá recursos para cubrir más de tres mil medidas otorgadas a 702 personas —307 periodistas, aunque 70 fueron desplazados junto con sus familias por el alto nivel de riesgo— y defensores, además de colectivos bajo su protección.
Todos ellos podrían quedar desprotegidos y a merced de las organizaciones criminales o grupos de interés que los amenazaron, porque el fideicomiso con el que se implementan las medidas de protección se quedaría sin fondos para el próximo 1 de octubre, por lo que no se podrán cubrir refugios, alimentación, botones de emergencia o escoltas, entre otros.
›La primera vez que se lanzó esta alerta fue en mayo de 2017, días después del asesinato del periodista, Javier Valdez Cárdenas, en Culiacán, Sinaloa, el 15 de mayo.
Días después de conocerse la noticia, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a fortalecer la estructura del mecanismo y la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR.
Ante la oleada de protestas nacionales e internacionales por el homicidio de Valdez Cárdenas, Peña Nieto anunció la implementación de Acciones para la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores. Los recursos para el fortalecimiento del mecanismo nunca llegaron. Y desde mayo de 2017, hasta ahora, cuatro periodistas más fueron asesinados y uno está desaparecido.
Patricia Colchero, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y del Mecanismo, explicó que desde 2017 se solicitaron tres millones de pesos para el fondo de medidas, pero la Secretaría de Hacienda sólo asignó dos millones de pesos, y hasta ahora operó con ese dinero.
Ante el agotamiento del dinero para su operación, por segunda vez el mecanismo solicitó más fondos, pero hasta la fecha no ha recibido una nueva respuesta por parte de la Secretaría de Hacienda.
Sin embargo, el subsecretario de Derechos Humanos, Rafael Avante Juárez, se dice confiado y tranquilo: “No se preocupen vamos a garantizar que existan los fondos, estamos gestionando para que esta respuesta sea positiva, esperamos sea pronto”, señaló a organismos internacionales de defensa de la liberta de expresión el pasado 31 de agosto. Y añadió: “Si no tengo la liquidez tendremos que sentarnos con la empresa a revisar”.
En ningún otro momento de los seis años que tiene de existencia el Mecanismo, se había lanzado una alerta máximas sobre la falta de recursos para la protección, y de la que se hicieran eco otros organismos como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, quien en un comunicado emitido el 27 de agosto, exhortó al gobierno mexicano a garantizar recursos para, y que de no otorgarse “supondría un riesgo para las 959 personas actualmente beneficiarias del mecanismo y ocasionaría que nuevas personas en riesgo no pudieran recibir protección”, dijo entonces.
Así también se pronunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)al señalar que “la falta de fondos en el mecanismo pondría en peligro la integridad de las personas beneficiarias del mismo, y se incumpliría el compromiso de la Federación y de la Conago de atender las recomendaciones generales 24 y 25 de la Comisión que asumieron como política pública”, dijo en un comunicado fechado al 28 de agosto por su titular, Luis Raúl González Pérez.
La organización Reporteros Sin Fronteras advirtió en otro comunicado del 28 de junio pasado, a propósito de las elecciones federales, que “la protección de los periodistas será uno de los mayores desafíos del nuevo Presidente de México” y alertó: “El futuro presidente de México debe reforzar el mecanismo federal de protección de periodistas que no cuenta con suficientes recursos. Este mecanismo debe contar con dispositivos adecuados para atender los casos más urgentes, a los periodistas que padecen ataques en línea y a aquellos que son víctimas de desplazamiento forzado”. Además, “la lucha contra la impunidad en los crímenes contra periodistas, debe ser una prioridad del futuro gobierno”, dijo.
Si bien la seguridad de los ciudadanos, de los periodistas y defensores de derechos humanos es una obligación del Estado y forma parte de los compromisos que en materia de derechos humanos ha asumido ante la comunidad internacional, la respuesta que se otorgue a la crisis que enfrenta el mecanismo indicará qué tan importante puede ser para el actual gobierno que presume en su último informe el pleno respeto al ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.