La mitad de las entidades del país es incapaz de garantizar seguridad pública y jurídica a sus ciudadanos, además la percepción ciudadana de falta de combate a la corrupción va en crecimiento.
El Índice de Competitividad Estatal 2022, publicada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), evidencia las carencias de los estados en materia de Estado de derecho, sistema político y gobierno.
Al menos 17 entidades se ubican en lo más bajo del ranking, que mide la seguridad pública y jurídica, por lo que está estrechamente ligada a la calidad de vida de los ciudadanos, su integridad física y la paz pública.
En este apartado, las entidades empeoraron en cuatro rubros: en el costo del delito por persona —cuyo promedio nacional asciende a dos mil 878 pesos—, incidencia delictiva, delitos no denunciados y competencia en servicios notariales.
En el subíndice de Sistema Político, 16 estados obtuvieron las peores evaluaciones, con lo que se alejan de un sistema político incluyente y democrático, la participación ciudadana y rendición de cuentas.
Sólo uno de los siete indicadores revisados en este subíndice registró mejoría: las agresiones a periodistas.
En tanto, la participación ciudadana y competencia electoral empeoraron, mientras que la percepción de corrupción del gobierno y en los partidos políticos, así como la consulta de información de finanzas públicas y las barreras impuestas a los candidatos independientes, se mantuvieron sin cambios.
En tanto, 15 entidades reprobaron en el subíndice de gobiernos, que mide la capacidad de los estados en influir positivamente en la competitividad.
Los ingresos propios y la informalidad laboral empeoraron en estas entidades; mientras que, la interacción con el gobierno por medios electrónicos y el indicador subnacional de mejora regulatoria, se mantuvieron; en tanto, el barómetro de información presupuestal estatal sí mostró una mejoría.