México, terreno fértil para la delincuencia transnacional

La pandemia por la Covid-19 paralizó la movilidad y derrumbó las actividades productivas en casi todos los sectores, pero el crimen organizado transnacional, lejos de debilitarse encontró nichos de oportunidad. Y uno de esos espacios fue México.

Tan sólo en el primer año del gobierno de López Obrador el impacto económico a causa de la violencia ascendió a unos 4.57 billones de pesos, equivalente al 21.3% del Producto Interno Bruto (PIB), según un calculó del Instituto para la Economía y la Paz (IEP). En contraste, la estimación de que las ganancias de la delincuencia organizada transnacional en el país equivaldrían a un 4% del PIB, con base en información de la UNAM y de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), lo cual arroja una estimación que “va entre los 20 mil millones de dólares como cifras mínimas y 40 mil millones”, precisó el analista Rubén Salazar Vázquez, director de la consultora Etellekt.

❝Eso te da una dimensión de la manera en que el crimen ha venido capitalizando estos procesos de conflictividad social y polarización política, donde las distintas fuerzas partidistas —yo diría de (Felipe) Calderón a la fecha— nada más no terminan en ponerse de acuerdo en cómo vamos a ganarle la batalla al crimen. Esa es la realidad❞, aseveró el consultor.

La más reciente Evaluación de la Amenaza del Crimen Transnacional Organizado en América Latina de la Unión Europea, que analizó siete áreas de la amenaza del crimen transnacional en ochos países de la región, concluyó que en México “el delito de lavado de activos es una actividad común de la delincuencia organizada ya que, como bien se sabe, las organizaciones criminales tienen una amplia estructura tipo gerencial”.

Hace tres semanas en un informe para el Congreso de Estados Unidos se planteó que de hecho Covid-19 fue una gran oportunidad para los cárteles mexicanos que almacenaron recursos y diversificaron sus delitos; pero especialmente se considera que desarrollaron nuevas formas de producción de drogas, especialmente fentanilo, que les deja enormes ganancias.

“Algunos analistas advirtieron que las condiciones pandémicas pueden motivar a los productores de drogas con sede en México a encontrar fuentes alternativas de precursores y desarrollar aún más la capacidad de producción nacional. En marzo de 2021, el Departamento de Estado informó que ‘existe alguna evidencia policial de que los cárteles de la droga mexicanos están consolidando su participación en la producción y el tráfico de fentanilo, utilizando métodos de producción alternativos que involucran químicos ‘pre-precursores’”, señala el documento del Servicio de Investigación del Congreso publicado el 14 de octubre pasado.

El senador republicano Charles Grassley advirtió, apenas en septiembre, ante el malestar por la falta de cooperación de México, que “los cárteles mexicanos están importando drogas mortales y traficando seres humanos. Estos sucesos horribles e incesantes dejan muy claro que los cárteles controlan efectivamente nuestra frontera sur. Ellos realmente manejan quién y lo que ingresa a nuestro país desde México”.

A diferencia de lo que ofrece el discurso oficial, a lo largo de los últimos dos años los indicadores nacionales, pero principalmente internacionales, ponen en evidencia cómo se fortalecieron las redes internacionales de lavado de dinero y aumentaron las operaciones de narcotráfico, con un mayor auge en la producción y comercialización de opioides sintéticos como el fentanilo, potente droga altamente adictiva que en 2020 habría causado la muerte por sobredosis de más de 100 mil estadounidenses.

Pero también proliferaron otras operaciones delictivas de gran escala, que se muestra en el despunte de delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral o migratoria; el alza en el tráfico ilegal de armas; así como una mayor sofisticación y especialización en los delitos cibernéticos que se potencializaron por un mayor uso de herramientas tecnológicas, el teletrabajo y las operaciones bancarias en línea; e incluso una mayor incidencia de delitos ambientales, como el tráfico especies silvestres, la deforestación y la minería ilegal.

Esto significa que, en tres años de gestión de Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desde donde presumió acciones contra grupos criminales, en realidad no los debilitaron. Y es justo, a unas horas que se celebre la cumbre entre los mandatarios de México, Canadá y Estados Unidos, que la operación de estas organizaciones preocupa a esas naciones, por las inversiones que tienen en el territorio mexicano y el consumo de drogas, del que este miércoles el presidente Joe Biden alertó, ha alcanzado una cifra histórica en la cantidad de muertes por el abuso de sustancias.

Es entonces que México, pese a la pandemia, se consolidó como un centro de operaciones neurálgico para el crimen organizado transfronterizo, muestran distintos documentos de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, como el Programa de Cooperación Internacional de la Unión Europea contra el Crimen Transnacional Organizado en Latinoamérica (EL PAcCTO), así como especialistas en la materia.

“En México, y en general el mundo, experimentó un caldo de cultivo para muchas de estas actividades delictivas en donde la gente ha tenido que valerse de todo para sobrevivir. La pandemia vino a complicar muchas cosas para muchos gobiernos que tenían una debilidad institucional muy notoria, como es el caso mexicano en donde también se agrega el tema de la corrupción”, advirtió Rubén Salazar Vázquez.

En entrevista con ejecentral el consultor especializado en análisis de riesgos señaló que a escasas seis semanas de que concluya el año: “estamos en el peor de los escenarios”, derivado en buena medida, dijo, de las expectativas “muy elevadas” que creó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en busca de para desarticular estas redes de crimen organizado transnacional, “y lamentablemente la realidad las ha rebasado por completo”.

Expectativas. La fuerza de seguridad que existía en el sexenio anterior se ha triplicado en este gobierno, pero sin un resultado contundente.

Líder mundial… en crimen

Considerando la amplitud y el “consolidado” mercado ilegal que lo mismo trafica ilegalmente drogas, armamento, personas y recursos naturales, la organización Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada colocó a México en el cuarto lugar de un total de 193 países -con una calificación del 7.57 puntos de una escala del 1 al 10- de su Índice Global de Crimen Organizado que dio a conocer a finales de septiembre de este año.

La medición, en la que hace énfasis en las inclemencias que enfrentan y persisten las víctimas del crimen organizado, ante las carencias por parte de las autoridades por garantizar los mecanismos para proveerlas de justicia y una efectiva reparación del daño, debido a que los cárteles en México “se encuentran entre los grupos mafiosos más sofisticados del mundo”.

Bajo un contexto en el que se advierte que, “si bien los actores del Estado no controlan los mercados delictivos, la corrupción dentro del gobierno facilita las redes delictivas proporcionando ingresos a los funcionarios públicos de alto rango”, también queda en evidencia que “gran parte de la violencia de los cárteles rivales se relaciona con el control de las rutas de envío con destino al norte (hacia Estados Unidos)”.

Apenas un mes después de esa publicación, la actualización del informe Crimen Organizado y Violencia en México elaborado por el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Relaciones Internacionales de San Diego, a través del proyecto Justice in México (Justicia en México) sentenció la urgencia “desesperante” de México por desarrollar “una mayor capacidad institucional e integridad en sus instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, así como una estrategia eficaz para hacer frente a las amenazas del crimen organizado”.

Sobre ese aspecto el académico e investigador de la UNAM Raúl Benítez Manaut consideró que el país “sigue siendo campo fértil para el crimen organizado”, y muestra de ello también se refleja en el nivel de violencia y homicidios que hay, “no es que el gobierno haya hecho una estrategia para reducir los homicidios o reducir el consumo de drogas o el tránsito de drogas. Las cosas siguen más o menos igual a pesar de la pandemia y a pesar del cambio de gobierno”.

Considerando que, de acuerdo con las cifras oficiales en lo que va del gobierno en turno —desde el 1 de diciembre de 2018 al 15 de noviembre de este año— suman 103 mil 76 personas asesinadas en el país, el también director del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) apuntó que tal nivel de violencia respondió a que durante la pandemia cerraron casi todas las actividades económicas y la movilidad de las personas, sin embargo “las actividades criminales siguieron su curso y el número de homicidios en casi el mismo con y sin pandemia”.

En ese sentido subrayó: “esto quiere decir que los criminales siguieron teniendo su misma actividad fundamental y aprovecharon para hacer venganzas entre grupos, aprovechando que el gobierno tenía a los cuerpos de seguridad bastante distraídos en todo el cuidado de las carreteras y todo lo referente a la pandemia”. Aunque precisó que desde su opinión “no es que la pandemia haya beneficiado al crimen organizado, pero definitivamente no lo afectó y el número de homicidios se mantiene en niveles muy similares a los de 2019”.

La última entrega del Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2020, realizado por diversos especialistas y editado por Casede dio cuenta que la supuesta estrategia e intentos del gobierno actual por pacificar el país habrían fracasado desde su origen, ante un “monstruoso” comportamiento de las organizaciones criminales, resultando en la profundidad de diversas crisis “, desde la creciente violencia criminal, la sistemática violación de los derechos humanos y los altos índices de corrupción e impunidad” que ha prevalecido en los últimos tres lustros, apunta el informe.

La UIF sin impacto

Otro indicador que se suma a la estela de evidencias sobre la viabilidad de la delincuencia transnacional en territorio mexicano se refleja en la Evaluación de la Amenaza del Crimen Transnacional Organizado en América Latina de la Unión Europea, que bajo la óptica del Instrumento de Documentación y Evaluación de la Amenaza en Latinoamérica (IDEAL) analizó siete áreas de la amenaza del crimen transnacional en ochos países de la región.

A través de ese método, el programa europeo del PAcCTO destacó en el caso de México, se estableció que “los operadores que se dedican a la producción, distribución, control, transporte, así como el trasiego; y, por otro lado, la parte financiera, que es compleja de investigar para las autoridades y, a través de la cual, dichas organizaciones acumulan millonarias ganancias, precisando que los cárteles operan de manera extremadamente fragmentada en todas sus actividades”.

El analista Rubén Salazar recordó que precisamente el más reciente acuerdo internacional entre la Unión Europea y los países de América Latina, incluyendo a México, firmado el pasado 9 de noviembre en la denominada Declaración de Panamá se enfoca en asumir el compromiso de los países participantes por trabajar en conjunto y enfocarse al combate de las finanzas del crimen organizado transnacional.

En ese sentido, asentó el consultor, “el gobierno mexicano y el país llegan mal y además las señales que está enviando con lo que acaba de pasar con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde pareciera que más allá que se pretendiera concentra los esfuerzos o los objetivos planteados en esta Declaración de Panamá , pues no se comparten, más bien la unidad ha estado operando con una intencionalidad política y es muy probable que con el nuevo titular (Pablo Gómez Álvarez) esto se agudice aún más”.

Sobre el cuestionado desempeño y destino de la UIF, el consultor en seguridad Alexei Chévez Silveti reiteró que muestra de que la UIF en México ha venido “trabajando a la mitad”, priorizando una agenda política”, antes que un interés o voluntad por realizar el combate al lavado de dinero, “algo que todos los países han puesto como primordial tanto en contra de los cárteles criminales como de las organizaciones terroristas”, es precisamente el incumplimiento de estos acuerdos.

“De las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -del cual México es miembro desde el 2000- sólo se han cumplido 20-22 de esos acuerdos para combatir el lavado de dinero (…) Definitivamente el cambiar de titular por un perfil más político, pues no ayuda en el sentido de la curva de aprendizaje, o sea, si de por si teníamos todos estos rezagos y ahora le sumamos la curva de aprendizaje del nuevo titular sí va a ser más complicado la parte del combate al lavado de dinero”, sostuvo Chévez Silveti.

Alarma mortal. El gobierno de Joe Biden confirmó la muerte de más de 100 mil personas a causa de “la pandemia de sobredosis en EU, cuyos principales productores-distribuidores son los cárteles en México.

La inercia del fracaso

Bajo la lupa internacional, el reto que enfrenta México, como la décima quinta mayor economía del mundo, y miembro firmante de una infinidad de acuerdos internacionales encaminados a combatir a nivel global las estructuras y redes de la delincuencia organizada, se torna aún más complejo debido a lo que especialistas, así como los informes y estudios internacionales advierten como una “inacción” y falta de estrategia, que a poco más de la mitad del gobierno no ha traído los resultados previstos.

“Estamos en un momento muy delicado porque el tema de la inseguridad, si prevalece por un lado la debilidad institucional y por el otro la impunidad, es decir no se sancionan los delitos, no se sanciona a los responsables, no hay manera de elevar el costo por estas conductas. ¿Dónde están los indicadores para realmente identificar que el gobierno ha logrado castigar a los cárteles o al crimen organizado transnacional por el lado financiero, como que fue de sus promesas del propio Alfonso Durazo cuando fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana?”, cuestionó Rubén Salazar.

Debido a que uno de los estandartes del gobierno en turno ha sido que “en lugar de perseguir a los narcotraficantes vamos a perseguir el dinero del crimen”, como reiteró el extitular de la SSPC, hoy gobernador de Sonora, la postura de Alexei Chévez, especialista en Fuerzas Especiales y Contraterrorismo es contundente: “Absolutamente ninguna de las promesas que hizo (Alfonso) Durazo se cumplió, una sola no cumplió y está plenamente documentado que mientras él estuvo en el equipo de transición y después como funcionario público federal, nada se cumplió", subrayó.

Y muestra de ello, apuntó, es la deficiencia operativa en el despliegue de la Guardia Nacional, que a la fecha se mantiene en “una perpetua espera para saber cuándo va a empezar a dar resultados. Ya la consolidaron, son casi 100 mil elementos, prácticamente tiene cobertura en todo el territorio, pero simple y sencillamente no vemos los resultados que uno esperaría al triplicar la fuerza de seguridad que existía en el sexenio anterior, es decir, tenemos un poco más del número de homicidios que en el sexenio anterior, y tres veces más policías”.

Las consecuencias de lo que Chévez Silveti calificó como “la inacción ante los grupos criminales como política pública de este gobierno”, es el que se han agudizado las tensiones a nivel internacional, pero particularmente de las autoridades de Estados Unidos, de quienes refirió “cada vez están dando señales más claras, más audibles y menos diplomáticas de que definitivamente se les está agotando la paciencia sobre el rumbo que está llevando el gobierno en lo que respecta a la seguridad y las operaciones contra los grupos criminales en México”.

Un ejemplo de ello, el llamado que el gobierno de Joe Biden hizo en septiembre de este año para que el gobierno de México intensificara la lucha contra los cárteles, redoblar la incautación de drogas y desmantelar las redes de operación de estas organizaciones, al incluirlo en la lista de los “principales países productores de drogas ilícitas o de tránsito de drogas importantes para el año fiscal 2022”.

Una contradicción sobre el deficiente desempeño que insinúa el gobierno estadounidense recae en el reciente aseguramiento de un laboratorio, precursores y lo que el gobierno mexicano reconoció como el decomiso de fentanilo “más grande de la historia” —118 kilogramos de pasta de fentanilo—, ocurrido el 28 de octubre con la captura de Armando “El Inge”, identificado como uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa, dedicado a la producción y tráfico de esta droga sintética, que se ha convertido en uno de los principales objetivos de los norteamericanos.

“Se constata un aumento de la cantidad de laboratorios de producción de metanfetamina en México y Estados Unidos, así como el crecimiento de las incautaciones de fentanilo. Esto causa una preocupación importante de sus autoridades”, señala el Instrumento de Documentación y Evaluación de la Amenaza en Latinoamérica de la Unión Europea.

Pese a identificar a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como organizaciones que

encabezan el tráfico de esa droga, considerada hasta 100 veces más potente que la heroína, y que en el informe anual de seguridad de 2020 se registró un aumento en el decomiso de fentanilo de más de 400% con respecto a 2019, y un alza en el aseguramiento de laboratorios clandestinos de 92% en el mismo periodo, la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido renuente en reconocer que esta droga sintética se produzca en el país.

“Se han planteado infinidad de estrategias cuyos resultados deberían ser puestos a revisión, donde han participado infinidad de expertos, organizaciones de la sociedad civil, gubernamentales, de todo tipo, pero al día de hoy tenemos, ya en este gobierno, tan sólo en víctimas humanas ya más de 100 mil, entonces algo no estamos haciendo y si a eso le sumamos la postura del gobierno, vamos mal en todos los sentidos”, concluyó Rubén Salazar.

En tanto Alexei Chévez pidió considerar que el contexto mexicano, similar al de Colombia implica “una estructura de crimen organizado más compleja en relación al reto que le representa al Estado a diferencia de muchos otros países de América latina, reconoció que los indicadores actuales son “desastrosos”.

“Yo creo que el crimen organizado, al contrario, cada vez esta tomando más control sobre las diferentes áreas productivas del país en diferentes estados, lo hemos visto en algo que no sucedía como la ejecución de estas personas en Tulum, es decir, en áreas donde normalmente no teníamos en el radar como de violencia extrema, se está suscitando”.

Lo cual implica que “el crimen organizado y las organizaciones que derivan de él definitivamente no le tienen ningún miedo, ni ningún respeto al Estado mexicano. Los números que presenta el gobierno, como un éxito mediano, no es así", sostuvo Chévez Silveti