En México, ser defensor de derechos humanos es como firmar una sentencia de muerte. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sabe que el Estado tiene una deuda pendiente con todos los que han asesinado a lo largo y ancho del país, pero se hace de la vista gorda.
Los defensores tienen todo en su contra: dan la cara, denuncian graves violaciones y les falta protección. Solamente entre 2019 y 2020 asesinaron al menos a 54 defensores, muchos de ellos, personas que protegían la tierra, el territorio y el medio ambiente. En México, desde sexenios anteriores estos asesinatos van quedando en la más absoluta impunidad, en el abandono e incluso en el olvido.
En la sesión del Consejo de Derechos Humanos,
la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos Mary Lawlor, presentó un informe en el que analiza la situación relativa al asesinato de defensores en muchas partes del mundo y examina el problema de las amenazas de muerte que a menudo preceden al asesinato de los defensores de los derechos humanos.
El informe remarca que desde 2015 en América Latina —la región más castigada—, han sido asesinados 1,323 defensores. De ellos, los que se dedican a los derechos humanos y los relacionados con el medio ambiente son los más atacados.
Muchos gobiernos, dice el informe de Lawlor, no están cumpliendo sus obligaciones morales y jurídicas de impedir estos asesinatos. Ello se debe principalmente a la falta de voluntad política: “Los Estados pueden y deberían intervenir para evitar los asesinatos, respondiendo con más eficacia a las amenazas”.
En respuesta al informe de Lawlor, la 4T dijo lo siguiente: “Agradecemos a la relatora por dedicar su informe al grave problema de amenazas de muerte y asesinatos de defensores de derechos humanos, tema que constituye una prioridad para mi país. México condena de manera inequívoca el asesinato de personas defensoras de derechos humanos y está comprometido a fortalecer la rendición de cuentas y a erradicar la impunidad”.
“Al mismo tiempo, reconoce los retos que enfrenta, y ha venido impulsando acciones que incidan en un entorno propicio y más seguro para las y los defensores.
Mencionaré algunas de esas acciones. Desde 2012, se creó un mecanismo de protección de personas defensoras, cuyo objetivo es prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas en su contra y que se ha fortalecido permanentemente”, se atrevió a decir la representante de México; sus palabras resonaron en una sala vacía por la pandemia.
Así suelen mentir el gobierno de López Obrador y los gobiernos anteriores de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en el foro de Derechos Humanos de la ONU, como si nadie los escuchara.
Si hay tanta voluntad política para enfrentar esta tragedia, ¿por qué entonces el Congreso eliminó el fondo independiente que financiaba el mecanismo de protección para defensores y periodistas? El financiamiento del programa provenía de uno de los 109 fideicomisos públicos eliminados por las órdenes de AMLO.
Desde su creación, este programa era ineficaz, ineficiente y lejos de ser perfecto. Necesitaba ser fortalecido, pero con este recorte, el inquilino de Palacio Nacional le acabó de dar el tiro de gracia. Ahora el mecanismo depende de la Secretaría de Gobernación y se encuentra en una situación todavía más precaria.
Además, la relatora Lawlor ha dirigido al gobierno de la 4T varias comunicaciones pidiendo informes sobre casos individuales y muchas de ellas se han quedado sin respuesta. Así es el tamaño de su compromiso.
Los defensores se ahogan en un mar de amenazas, de acoso, de persecución y prácticamente nadie sale en su defensa, nadie les tira un salvavidas. Muchos han dado la vida por causas justas, dieron voz a los olvidados, a los invisibles. Cada una de sus muertes será una herida lacerante para el gobierno de López Obrador que presume de proteger los derechos humanos. Es vergonzoso.