Gabriela Sotomayor

La independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es más necesaria que nunca y requiere acciones fuertes, urgentes y contundentes con respecto al decretazo del presidente Andrés Manuel López Obrador que intenta consumar y legalizar la militarización del país.

Para la SCJN, lo de la Ley Bonilla resultó ser un tiro de prueba junto a la bola rápida lanzada por AMLO, justo en tiempos pandémicos. Ante el fallo, AMLO evitó defender al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y menos aún tras los desencuentros que hubo por exigir a la Secretaría de Salud que “digan la verdad’’ por sus omisiones en cuanto al conteo de los muertos por la pandemia.

El gran reto que tiene ante sí, ahora, la SCJN y sobre todo su ministro presidente Arturo Zaldívar es el de cuestionar y quizá declarar como inconstitucional el truculento y peligroso acuerdo decretado por AMLO. Es la prueba de fuego.

Especialistas en la materia ya han demostrado en diversos artículos por qué el acuerdo que dispone de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública es inconstitucional o va contra la Constitución.

Deja abierta la posibilidad de que el presidente establezca los criterios de lo que significa extraordinario, subordinado, regulado, complementario, fiscalizado, dándole un poder extraordinario y además podría violar las garantías individuales de los mexicanos. El poder judicial no lo puede permitir.

El decretazo, por no decir golpazo de AMLO, puede desafiarse porque la CNDH de antes, la que lideraba Luis Raúl González Pérez, metió una acción de inconstitucionalidad contra la ley de la Guardia Nacional y además la sociedad civil tiene mucho que hacer para impugnar el acuerdo con juicios de amparo como se hizo con la Ley de Seguridad Interior.

El mismo Zaldívar utilizó el recurso del “fraude a la Constitución’’ para tirar abajo tanto la Ley Bonilla como la Ley de Seguridad Interior el sexenio pasado. Y lo podría volver a utilizar.

Con ello se sentó un precedente que de ninguna manera es retórico pues con el decreto se realiza algo aparentemente constitucional para darle la vuelta a la constitución.

La SCNJ demostró que a pesar de que se burlaron las salvaguardas establecidas en el derecho constitucional mexicano “la única que no pudieron burlar, ni podrán hacerlo es la justicia constitucional en manos de la Suprema Corte como tribunal constitucional de México’’, defendió el ministro quien llamó a tener confianza en el poder Judicial.

Diversos organismos de la ONU han urgido a desmilitarizar el país ya que “la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad debe ajustarse a criterios de estricta excepcionalidad y ser el último recurso, asegurando el carácter civil de las corporaciones de seguridad’’.

Desde 2006 la estrategia de seguridad evidencia su disfuncionalidad para reducir la violencia y el aumento de las violaciones de derechos humanos.   

“Si bien la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública está prevista –bajo ciertas circunstancias– en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, el Acuerdo publicado no contiene información ni disposiciones que permitan evaluar su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en la materia’’, subraya la división de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Es evidente que a la luz de este decreto el peor golpe bajo fue la creación de la Guardia Nacional, ese es el engaño de raíz, la sociedad fue traicionada porque pensó que sería de carácter civil.

Toca ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer su autonomía e independencia con todo rigor, más pronto que tarde, porque de lo contrario el país se hundirá en profundos ríos de sangre que desde que se declaró la guerra contra el narco han dejado los militares. 

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