CHICHIHUALCO, Guerrero.- Al menos un millar de hombres de este municipio se preparan para una confrontación armada con los comunitarios de Tlacotepec, que el pasado domingo 11 irrumpieron violentamente en el poblado de Filo de Caballo y provocaron la huida de más de mil 600 habitantes, que desde entonces se refugiaron en esta cabecera municipal, reveló David Barragán López, presidente de la Unión de Comisarios por la Paz, la Seguridad y el Desarrollo de este municipio de la sierra de Guerrero.
Desde hace meses, grupos de autodefensa del municipio serrano de Heliodoro Castillo, más conocido como Tlacotepec, mantienen un conflicto con sus vecinos de Leonardo Bravo, lo que se ha traducido en choques armados en el corredor carretero Tlacotepec-Casa Verde, que desemboca en la carretera México-Acapulco. Detrás de ellos están grupos del narco que buscan controlar la siembra de la amapola.
En entrevista con ejecentral, este dirigente campesino asegura que no ve otra salida. Ante la ausencia de las autoridades el choque armado es la única forma de resolver la disputa territorial que mantienen las guardias comunitarias de ambos municipios enclavados en la parte media y alta de la Sierra Madre del Sur.
Respaldado por al menos una docena de coordinadores de los pueblos agraviados, Barragán detalló que buscarán la manera de “allegarse de armas automáticas para estar en condiciones de enfrentar a cerca de dos mil supuestos policías comunitarios que mantienen en su poder a Filo de Caballo y a otras cuatro comunidades”, que aseguran tienen a los habitantes en estado de sitio y nadie ha podido acceder a la zona, ni las autoridades lo han intentado.
“El gobierno nos dejó abandonados. Con el gobierno ya no se cuenta, porque desde el intento de regreso a nuestras comunidades, el sábado pasado, a los primeros disparos que hubo en la carretera el gobierno se regresó y hasta este momento no ha retornado. Hay un vacío de gobierno en toda esta región”, advirtió Barragán.
El pasado sábado 17, después de un fallido intento de regresar a los desplazados a sus comunidades de origen, los enviados del gobierno estatal encabezados por el subsecretario de Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, elementos de la Policía del Estado y del 50 Batallón de Infantería abandonaron la caravana de pobladores en la comunidad de Los Morros. En el curso de la noche, como pudieron y sin resguardo policiaco, relataron varios de los desplazados entrevistados por ejecentral, regresaron a esta cabecera municipal para pernoctar en un ambiente de relativa seguridad. Los últimos grupos arribaron a esta ciudad al filo de las dos de la mañana del domingo, sin ningún apoyo oficial, lo que provocó la furia de los representantes comunitarios.
En esta cabecera municipal están refugiados un total de un mil 638 personas —en mayor número mujeres, jóvenes y niños—, procedentes Filo de Caballo, Los Morros, Campo de Aviación y Carrizal de Bravo. La seguridad en la alcaldía la proporciona un grupo de apenas 20 elementos de la Policía Municipal que mantiene rondines de vigilancia en el zócalo, donde se encuentra el gimnasio que resguarda a las familias desplazadas.
Este municipio cuenta además con una fuerza de 180 elementos adscritos a la Policía Rural Estatal, que en realidad son comunitarios con reconocimiento oficial, equipados en 2015 por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, con el pleno reconocimiento de la Unión de Comisarios por la Paz.
Tensión. Cuatro comunidades se encuentran en estado de sitio en Tlacotepec y Chichihualco, municipios a 4 y 2 horas de distancia de Chilpancingo.Esta fuerza, de las que debido a la violencia han desertado unos 60 elementos, está apostada en las comunidades violentadas por los supuestos comunitarios de Tlacotepec que, en lugar de retroceder como había prometido el gobierno estatal, están avanzado tierra abajo hacia comunidades cada vez más cercanas a la cabecera municipal de Chichihualco.
Desde septiembre pasado, cientos de hombres de diferentes comunidades amenazadas por los comunitarios de Tlacotepec, tomaron las armas para defenderse de una eventual agresión armada, tal como ahora está sucediendo. Estos individuos alzados en armas serían la fuerza que se confrontaría contra los cerca de dos mil supuestos comunitarios de Tlacotepec.
Ambos bandos se acusan mutuamente de haber provocado este conflicto intercomunitario: los de Tlacotepec, encabezados por su coordinador Humberto Moreno, aseguran que desde junio pasado en Chichihualco le han cerrado el paso al transporte público, traslado de víveres, médicos y maestros, al extremo de que casi 50 escuelas están paralizadas desde antes de terminar el ciclo escolar.
Es decir, se estarían peleando el único paso carretero que comunica a los pueblos de la sierra con la capital Chilpancingo. Las autoridades de Chichihualco lo niegan rotundamente y consideran que este problema se originó desde agosto de 2017, cuando se cayó el precio de la goma de opio, que es la actividad económica preponderante en toda esta región de la Sierra Madre del Sur, lo que ha causado una crisis que raya en la hambruna.
Información de las propias comunidades aledañas, pero no confirmada por las autoridades, sostiene que los comunitarios de Tlacotepec responden a los intereses de un grupo delictivo conocido como Cártel Sierra Unida, mientras que las autodefensas de Chichihualco son señalados de involucrarse con un grupo delictivo diferente, denominado Cártel del Sur.
“Visto el desinterés del gobierno para ayudarnos, sólo nos queda armarnos para expulsar a esta gente de Tlacotepec que viene tomando terrenos y localidades que no son de ellos. Al rato nos van a quitar ejidos, ocoteras, tierras de siembra, pero el gobierno no les quiere hacer frente porque realmente esta gente invasora son narcos”, advirtió Barragán López.