Alfonso Ramírez Cuéllar busca las factureras desde su origen para evitar evasión y desvío de recursos
El vicecoordinador de la bancada de Morena señaló que se necesita fortalecer la vigilancia sobre las estructuras que permiten la facturación falsa, particularmente cuando intervienen recursos públicos.
Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.
/Foto: Especial
Combatir a las empresas factureras desde el momento en que se constituyen y no cuando el daño fiscal ya ocurrió es uno de los planteamientos que el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar considera clave dentro del Paquete Económico 2027.
El vicecoordinador de la bancada de Morena señaló que se necesita fortalecer la vigilancia sobre las estructuras que permiten la facturación falsa, particularmente cuando intervienen recursos públicos o instituciones que no son contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Su propuesta busca cerrar los espacios que permiten simular operaciones, evadir impuestos y, en determinados casos, desviar recursos públicos.
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¿Qué propone Alfonso Ramírez Cuéllar contra las factureras?
El legislador plantea que el combate a las factureras debe comenzar desde la creación de las empresas.
La propuesta contempla que, cuando una persona moral sea inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), sus socios o accionistas tengan que acreditar su capacidad económica y la procedencia del capital utilizado para constituirla.
También plantea que las aportaciones de capital se realicen mediante medios electrónicos que permitan su trazabilidad.
Con esto, el objetivo es dificultar que puedan utilizarse prestanombres o recursos cuya procedencia no pueda identificarse para crear sociedades destinadas posteriormente a operaciones simuladas.
¿Cómo funciona el esquema de las empresas factureras?
De acuerdo con la explicación de Ramírez Cuéllar, una de estas estructuras puede comenzar con la constitución de una sociedad mediante prestanombres.
Después, la empresa obtiene los elementos necesarios para comenzar a operar, entre ellos:
- RFC.
- e.firma.
- Sellos digitales.
- Cuentas bancarias.
Una vez que cuenta con estos mecanismos, puede comenzar una etapa de facturación masiva.
Después de algunos meses, la sociedad puede abandonar su domicilio y quedar como no localizada.
Cuando la autoridad identifica a una de estas empresas, otra sociedad de la misma red puede entrar en operación y repetir el procedimiento.
De esta manera, según el planteamiento del diputado, las estructuras pueden sustituir una empresa por otra mientras continúan con la dispersión de recursos.
El problema adquiere otra dimensión cuando estas estructuras son utilizadas para mover recursos públicos.
El esquema descrito consiste en que el dinero puede pasar de un gobierno o de un particular a una primera empresa facturera.
Posteriormente, los recursos pueden transferirse entre distintas empresas mediante operaciones sucesivas hasta llegar a los beneficiarios finales.
Este movimiento puede dificultar la identificación del origen y destino del dinero, además de darle apariencia de legitimidad a una operación que podría ser simulada.
Cuando se trata de recursos públicos, el diputado señala que además del daño fiscal puede existir una afectación directa al patrimonio público y responsabilidades para quienes intervengan.
¿Qué instituciones estarán bajo mayor vigilancia?
La propuesta plantea acentuar la vigilancia sobre operaciones realizadas por entidades que no son contribuyentes del ISR.
Entre ellas se encuentran:
- Sindicatos.
- Centros educativos.
- Gobiernos municipales.
- Gobiernos estatales.
- Entidades autónomas.
- Otros organismos no contribuyentes del ISR.
El objetivo es evitar que estas instituciones puedan convertirse en puntos de entrada o salida para operaciones simuladas y dispersión de recursos.
Ramírez Cuéllar sostiene que los controles deben aplicarse a toda la cadena y no únicamente a las empresas que aparecen al final de las operaciones.
¿Qué pasaría con quienes utilicen facturas falsas?
Otro de los planteamientos consiste en establecer consecuencias fiscales para quienes realicen operaciones con facturas falsas o simuladas.
De acuerdo con la iniciativa descrita por el legislador, quienes realicen este tipo de operaciones deberán pagar ISR sobre el monto de dichas operaciones.
También contempla responsabilidades para funcionarios y dirigentes sindicales que estén involucrados en estos mecanismos.
La propuesta busca que las consecuencias no recaigan exclusivamente sobre las empresas utilizadas para realizar las operaciones, sino también sobre quienes autoricen, faciliten o participen en ellas.
¿Por qué quieren combatir a las factureras desde su creación?
Ramírez Cuéllar plantea que uno de los principales problemas es que la autoridad puede detectar una empresa cuando el proceso ya está avanzado.
Para entonces, la sociedad puede haber facturado masivamente, abandonado su domicilio y dispersado los recursos.
Por ello, su propuesta busca cambiar el enfoque hacia una estrategia preventiva, con controles desde el momento en que se constituye una persona moral.
La intención es conocer quién aporta el capital, cuál es su procedencia y cómo se realizan las aportaciones.
También se busca que los movimientos financieros puedan ser rastreados mediante mecanismos electrónicos.
El planteamiento busca cerrar el ciclo que permite que una empresa sea creada, comience a emitir facturas, mueva recursos y posteriormente desaparezca para ser sustituida por otra sociedad.
Ramírez Cuéllar señaló que las factureras no funcionan necesariamente de manera aislada, sino que pueden formar parte de redes de simulación y dispersión de recursos.
En estas estructuras, de acuerdo con el legislador, pueden intervenir prestanombres, facilitadores, notarios, liderazgos sindicales, funcionarios estatales y municipales, además de entidades que no son contribuyentes del ISR.
Por ello, su propuesta plantea controles sobre distintos puntos de la cadena. DJ
