Pacto contra la Extorsión en CDMX: gobierno de Clara Brugada impulsa denuncias, tecnología y acciones contra el delito

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la firma del Pacto contra la Extorsión, donde destacó que este delito no puede enfrentarse sin la participación activa de la ciudadanía y los distintos sectores sociales. Durante el acto, subrayó que la extorsión no solo afecta el patrimonio de las personas, sino que también instala el miedo como mecanismo de control, por lo que su combate requiere una respuesta colectiva.

Desde noviembre de 2024, la administración capitalina implementó una estrategia integral basada en cambios normativos, fortalecimiento institucional, promoción de la denuncia y atención a víctimas. Como resultado, entre enero y marzo de 2025 se registraron 335 detenciones por este delito, lo que representa un incremento del 30% respecto al mismo periodo del año anterior.

No obstante, la mandataria reconoció que la extorsión sigue siendo un delito subreportado debido al temor de las víctimas, lo que limita su combate efectivo.

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Participación ciudadana, eje clave del pacto

Brugada hizo un llamado directo a la población para denunciar y organizarse, al enfatizar que cada denuncia no solo protege a quien la realiza, sino también a toda la comunidad. En ese sentido, aseguró que el gobierno brindará acompañamiento y protección a quienes decidan alzar la voz.

“El pacto no es una firma que se quede en el papel, es el inicio de un proceso social”, afirmó. Asimismo, convocó a vecinos, comerciantes y organizaciones a sumarse a esta estrategia.

Entre las acciones contempladas destacan la creación de redes vecinales y comerciales, la instalación de botones de emergencia, cámaras y alarmas en negocios, así como capacitaciones para actuar ante intentos de extorsión, tanto presenciales como telefónicos.

Reformas legales y nuevas herramientas institucionales

Como parte del fortalecimiento del combate a este delito, Brugada anunció el envío de un paquete de reformas al Código Penal para armonizar la legislación local con la federal. Entre las nuevas figuras se contempla el hostigamiento coercitivo, que permitirá sancionar con mayor severidad las amenazas vinculadas a la extorsión.

Además, se creará un Centro de Atención Inmediata contra la Extorsión para recibir denuncias y actuar de forma rápida, junto con el fortalecimiento de la inteligencia financiera para rastrear recursos ilícitos y desmantelar redes criminales.

La estrategia también incluye esquemas de protección a testigos, atención integral a víctimas y la consolidación de un gabinete especializado que coordinará acciones entre autoridades de seguridad y procuración de justicia.

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Denuncia y coordinación institucional, fundamentales

Por su parte, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, señaló que la extorsión impacta directamente en la vida cotidiana, al generar miedo y afectar las actividades económicas. Destacó que la denuncia es fundamental para combatir este fenómeno.

Entre enero y marzo de 2026, el cumplimiento de órdenes de aprehensión por extorsión creció 45% respecto a 2025 y 170% en comparación con 2019, reflejando un mayor alcance en la procuración de justicia.

Tecnología y prevención fortalecen resultados

El coordinador del C5, Salvador Guerrero Chiprés, explicó que la línea contra la extorsión, habilitada en noviembre de 2024, ha sido clave en la prevención. En 17 meses de operación se han recibido 4,515 reportes, de los cuales el 87.5% corresponden a intentos fallidos.

Asimismo, las extorsiones consumadas han disminuido 29.2% desde agosto de 2025, lo que evidencia avances en la atención oportuna y en la confianza ciudadana.

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Un compromiso colectivo contra la extorsión

Desde el ámbito legislativo y judicial, autoridades coincidieron en que la extorsión es una forma de violencia que afecta la libertad y la economía de las familias. El pacto establece compromisos claros para autoridades, organizaciones y ciudadanía, enfocados en promover la denuncia, acompañar a las víctimas y fortalecer la prevención.

Con este acuerdo, el gobierno capitalino busca consolidar una política de “tolerancia cero” frente a la extorsión y avanzar hacia una ciudad más segura, donde la participación social sea clave para erradicar este delito.