Sanciona EU a la cúpula de la CPI

El Gobierno de Estados Unidos sancionó este martes a la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, y al magistrado senegalés Abdoulaye Seye por investigar a países no miembros.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fundamentó la imposición de congelación de activos y prohibición de viaje en que ambos magistrados han actuado contra funcionarios cuya jurisdicción no es reconocida por Washington.

Estas medidas restrictivas se dirigen contra Akane por su rol representativo e institucional y contra Seye por supervisar indagatorias relativas al financiamiento de asentamientos israelíes y al suministro de armamento en Cisjordania ocupada.

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La administración del presidente Donald Trump tildó al organismo con sede en La Haya de “institución corrupta, politizada y abusiva”, al tiempo que busca su desmantelamiento operativo.

Ante tales señalamientos, el tribunal internacional reaccionó advirtiendo que las medidas unilaterales socavan el Estado de derecho global y vulneran el orden jurídico internacional, reafirmando que continuará con sus labores operativas bajo los principios de imparcialidad e independencia fijados en el Estatuto de Roma.

Las represalias de la Casa Blanca surgen como respuesta a las investigaciones sobre Israel, socio clave estadounidense, tras la emisión de órdenes de arresto en 2024 contra Benjamín Netanyahu y el exministro Yoav Gallant por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en el conflicto armado en Gaza.

Washington jamás ratificó el tratado fundacional de la corte, por lo que niega su competencia para juzgar tanto a ciudadanos norteamericanos como a sus aliados.

Como parte de la campaña diplomática estadounidense para aislar al tribunal, países como Chad y Venezuela manifestaron su intención de abandonar el organismo multilateral.

La postura de la Casa Blanca ha encontrado resistencia en su propio territorio, donde organizaciones de derechos humanos presentaron demandas en Nueva York alegando que las represalias atentan contra la libertad de expresión protegida por la Constitución.

Por otra parte, la CPI también ha afrontado tensiones previas con otras potencias mundiales, como ocurrió cuando Moscú emitió órdenes de captura contra funcionarios del tribunal tras dictarse una medida similar contra el mandatario ruso Vladimir Putin.

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