SCJN confirma que no usará camionetas blindadas; decisión muestra que “la Corte escucha y reacciona”, afirma Hugo Aguilar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó este 26 de enero de 2026 que no hará uso de las camionetas blindadas adquiridas recientemente por el Poder Judicial de la Federación, tras la controversia pública que provocó la compra de estos vehículos.

Durante una conferencia de prensa, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, informó que se solicitará activar el procedimiento correspondiente para la devolución de las unidades, o bien, evaluar su asignación a personas juzgadoras que desempeñan funciones en contextos de mayor riesgo.

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El titular del máximo tribunal sostuvo que esta determinación es una muestra de que la SCJN atiende las inquietudes ciudadanas y reafirmó su compromiso con una política de austeridad.

Señaló que la protección de las y los ministros no debe confundirse con privilegios, y remarcó que garantizar la seguridad no implica incurrir en lujos ni alejarse del objetivo de servir a la población con lo indispensable.

No se identifican amenazas para ministras y ministros

Aguilar Ortiz explicó que, tras dialogar con las ministras y ministros, se concluyó que no existen reportes actuales de riesgos de seguridad que justifiquen el uso de vehículos blindados por parte del Pleno.

Indicó que, por consenso, se decidió operar bajo criterios de austeridad, sin comprometer las funciones del tribunal.

Origen de la compra y análisis técnico

El ministro presidente aclaró que la adquisición de las camionetas respondió a recomendaciones técnicas en materia de seguridad, luego de que se detectaran deficiencias mecánicas y el vencimiento del blindaje en varias unidades del parque vehicular anterior.

Precisó que se realizaron estudios de riesgo y evaluaciones físico-mecánicas, en coordinación con áreas internas y autoridades de seguridad, lo que derivó en una estrategia de renovación vehicular que incluyó la desincorporación de 21 vehículos considerados obsoletos.

Austeridad como política institucional

Aguilar Ortiz subrayó que la austeridad no es un gesto simbólico, sino una directriz administrativa permanente dentro de la SCJN, la cual se ejerce con autonomía e independencia frente a cualquier poder o actor político.

Finalmente, señaló que cada unidad tuvo un costo aproximado de 2.4 millones de pesos, incluido el blindaje, y afirmó que, en lo personal, no tiene inconveniente en utilizar transporte público, como el Metro.

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