Sheinbaum va contra el ICE: las acciones legales de México por muertes y abusos
El cambio es importante porque una protesta diplomática, por sí sola, no inicia necesariamente una investigación penal ni determina si alguien cometió un delito.
Una persona manifestante sostiene una bandera que dice «Fuck ICE» (Jódete ICE) en una manifestación de «No Kings» (Sin Reyes) frente al ayuntamiento en Houston, Texas, el 17 de octubre de 2026.
/Foto: REGINALD MATHALONE/NurPhoto via AFP
El gobierno de México ha cambiado su estrategia para responder a las muertes y presuntos abusos contra migrantes mexicanos en Estados Unidos. En lugar de limitarse a enviar protestas diplomáticas, ahora busca que las autoridades estadounidenses investiguen los casos por la vía penal y que las empresas privadas que administran centros de detención también rindan cuentas.
La estrategia, impulsada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, incluye denuncias ante fiscalías estadounidenses, acciones civiles contra compañías que operan instalaciones migratorias y participación en procesos judiciales colectivos relacionados con las condiciones de detención.
ES DE INTERÉS: 13 mexicanos han muerto bajo custodia del ICE desde enero; México exige investigaciones y fortalece apoyo consular
¿Qué cambió en la estrategia de México contra el ICE?
Durante años, una de las principales herramientas del gobierno mexicano para responder a presuntos abusos contra sus ciudadanos en Estados Unidos consistió en presentar notas diplomáticas de protesta. Estos documentos sirven para expresar formalmente el desacuerdo de un gobierno y solicitar explicaciones a otro país.
Sin embargo, ante la recurrencia de muertes y denuncias de malos tratos, México comenzó a impulsar una estrategia que busca llevar los casos ante las autoridades judiciales estadounidenses.
El cambio es importante porque una protesta diplomática, por sí sola, no inicia necesariamente una investigación penal ni determina si alguien cometió un delito. En cambio, una denuncia ante las autoridades competentes puede solicitar que se investiguen los hechos, se recaben pruebas y se establezcan posibles responsabilidades.
En julio de 2026, después de acumularse los 17 fallecimientos reportados, el gobierno mexicano decidió reforzar esta vía legal mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR).
El objetivo es que las muertes y los presuntos abusos no se atiendan únicamente como asuntos diplomáticos, sino también como casos que podrían tener consecuencias legales.
México presenta denuncias por muertes de migrantes en Estados Unidos
La nueva estrategia contempla denuncias penales ante fiscalías estatales estadounidenses y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés).
Con estas acciones, México busca que se investiguen de manera independiente las circunstancias de las muertes de sus ciudadanos, incluidos los casos en los que existan sospechas de homicidio o negligencia grave.
Uno de los casos mencionados es el de Lorenzo Salgado Araujo, quien murió después de recibir disparos de agentes migratorios en Houston, Texas.
En situaciones como esta, una investigación debe establecer cómo ocurrieron los hechos, qué participación tuvieron los agentes involucrados y si su actuación se ajustó a la ley. La presentación de una denuncia no significa que el delito esté probado ni que exista una persona declarada culpable.
LEE TAMBIÉN: Juez de Nueva York prohíbe detenciones de ICE; ¿en qué lugares no podrá haber redadas contra migrantes?
La intención de la vía penal es que las autoridades correspondientes examinen las pruebas y determinen si existen elementos para fincar responsabilidades.
¿Por qué México también busca responsabilizar a las empresas que administran centros del ICE?
Otro frente de la estrategia mexicana se dirige a las compañías privadas que administran centros de detención migratoria en Estados Unidos.
Aunque el ICE es la agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes migratorias, parte de la infraestructura de detención es operada por empresas privadas. Esto significa que, en determinadas instalaciones, las compañías tienen responsabilidades relacionadas con la administración cotidiana, los servicios y las condiciones en las que permanecen las personas detenidas.
Por ello, México busca que las posibles responsabilidades no se limiten a los funcionarios públicos. Si existen indicios de incumplimientos por parte de las empresas operadoras, también podrían ser objeto de acciones legales.
Entre las medidas mencionadas se encuentran los requerimientos de cese y desistimiento, conocidos en inglés como cease and desist. Se trata de comunicaciones formales que exigen detener una conducta que se considera ilegal o perjudicial. Su envío no equivale, por sí mismo, a una sentencia judicial ni demuestra automáticamente que la empresa haya cometido una infracción.
La primera medida de este tipo descrita en la información proporcionada se dirigió contra las empresas que administran el centro de detención de Adelanto, en California.
En esa instalación se habían reportado los fallecimientos consecutivos de cuatro internos mexicanos, entre ellos José Guadalupe Ramos Solano. Los casos han sido señalados como parte de las razones para exigir una revisión de las condiciones de detención y de la atención que reciben los migrantes.
México se suma a una demanda colectiva por las condiciones de detención
A finales de marzo de 2026, México también intervino en una demanda colectiva contra el ICE mediante la figura jurídica conocida como amicus curiae, expresión en latín que significa «amigo de la corte».
En términos sencillos, esta figura permite que una persona u organización que no es una de las partes principales de un juicio presente información, argumentos o conocimientos que pueden ayudar al tribunal a analizar el caso.
La intervención mexicana busca aportar elementos sobre las condiciones en las que permanecen los migrantes detenidos y las denuncias de deficiencias en los servicios médicos.
Entre los señalamientos incluidos en el caso se encuentran:
- Condiciones de confinamiento deficientes, descritas por los demandantes como inhumanas.
- Retrasos o falta de respuesta a solicitudes de atención médica.
- Demoras en la atención de personas con enfermedades crónicas que ya existían antes de su detención.
- Posibles fallas en los servicios de salud dentro de los centros migratorios.
El punto central es determinar si estas condiciones constituyen incumplimientos de las obligaciones legales de las autoridades o de los operadores de los centros.
La participación de México puede aportar información y argumentos al tribunal, pero no significa que el país haya ganado el juicio ni que las acusaciones estén demostradas. Eso dependerá de las pruebas y de las decisiones judiciales correspondientes.
ENTÉRATE: ¿Quién es Lance Schroyer? El expolicía y exmarine que Donald Trump eligió para dirigir el ICE
¿Qué pasa cuando el ICE retiene documentos de los migrantes?
Las acciones legales también abarcan denuncias relacionadas con la retención de pertenencias y documentos personales de migrantes, como pasaportes, permisos de trabajo y dinero.
Estos documentos son fundamentales para que una persona pueda acreditar su identidad, buscar empleo, rentar una vivienda o realizar trámites después de salir de un centro de detención.
Si una persona queda en libertad, pero no recupera sus documentos o pertenencias, puede enfrentar obstáculos para retomar su vida cotidiana, incluso cuando ya no se encuentra bajo custodia migratoria.
De acuerdo con la información proporcionada, la red consular mexicana y defensores de derechos humanos han respaldado acciones civiles relacionadas con estas prácticas, incluidas algunas presentadas ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
En estos casos, la discusión legal consiste en determinar si la retención de los documentos o bienes fue indebida y qué medidas pueden solicitarse para remediar el problema.
Estas demandas tienen un objetivo distinto al de las investigaciones por fallecimientos: mientras las denuncias penales buscan esclarecer posibles delitos, las acciones civiles pueden intentar obtener la devolución de pertenencias, corregir prácticas o conseguir otras medidas de reparación previstas por la ley.
El Gobierno de México demandará a ICE
La estrategia combina distintas vías porque los casos denunciados no son iguales. Una muerte durante un operativo, una posible negligencia médica en un centro de detención y la retención de documentos requieren investigaciones y procedimientos diferentes.
En conjunto, las acciones buscan cuatro objetivos principales:
- Esclarecer las muertes: solicitar investigaciones que determinen cómo fallecieron los migrantes y si hubo responsabilidades penales.
- Revisar las condiciones de detención: aportar información sobre las deficiencias denunciadas en instalaciones migratorias.
- Examinar la actuación de las empresas privadas: exigir que se revisen posibles incumplimientos de los operadores de los centros.
- Proteger los derechos de los migrantes liberados: impulsar medidas frente a la retención de documentos, dinero y otras pertenencias.
El alcance de estas acciones dependerá de las pruebas presentadas, de la competencia de cada tribunal y de las resoluciones que emitan las autoridades estadounidenses.
El cambio de estrategia representa un intento de pasar de las protestas diplomáticas a procedimientos en los que se puedan examinar pruebas y solicitar consecuencias legales concretas. Sin embargo, presentar denuncias o participar en un juicio no garantiza una condena ni una resolución favorable.
Para las familias de los mexicanos fallecidos y para quienes denuncian abusos durante la detención migratoria, el desafío será conseguir que cada caso se investigue de manera efectiva y que las autoridades determinen las responsabilidades que correspondan. DJ
