Tijuana impulsa pacto contra la extorsión para fortalecer la seguridad y la actividad económica

La administración municipal de Tijuana puso en marcha una nueva estrategia enfocada en combatir la extorsión y fortalecer las condiciones para el desarrollo económico de la ciudad. Como parte de este esfuerzo, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz encabezó la firma del Pacto por la Prosperidad y la Justicia Económica, un acuerdo impulsado en coordinación con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).

La iniciativa busca reforzar la seguridad de comerciantes, empresarios y prestadores de servicios mediante acciones coordinadas que permitan generar mayor certeza jurídica, confianza para la inversión y mejores condiciones para la actividad productiva.

Durante el acto protocolario, el presidente municipal destacó que Tijuana fue seleccionada como el punto de arranque de esta estrategia a nivel nacional debido a su relevancia económica y a su papel como una de las ciudades con mayor dinamismo comercial y de servicios en México.

“Estamos ante un momento de gran trascendencia para nuestro municipio, uno que marcará el rumbo de la ciudad que queremos ser, una donde el crecimiento económico venga acompañado de bienestar y justicia social”, expresó Burgueño Ruiz.

¿Qué contempla el Pacto por la Prosperidad y la Justicia Económica?

El acuerdo establece una serie de acciones orientadas a fortalecer la relación entre autoridades y sector productivo para enfrentar delitos que afectan directamente a la economía local, especialmente la extorsión.

Entre los mecanismos previstos se encuentran la implementación de esquemas de denuncia anónima, la coordinación permanente entre empresarios y autoridades de seguridad, así como una mayor articulación entre dependencias de los tres niveles de gobierno.

El objetivo consiste en facilitar la atención de denuncias, mejorar la capacidad de respuesta institucional y generar un entorno más seguro para quienes desarrollan actividades comerciales y de servicios en la ciudad.

Combate a la extorsión, prioridad para proteger a negocios y emprendedores

La extorsión representa una de las principales preocupaciones para pequeños y medianos negocios, así como para comercios familiares que dependen de condiciones de seguridad para operar y crecer.

Por ello, el nuevo pacto incorpora acciones específicas para cerrar espacios a este delito mediante la colaboración entre autoridades municipales, estatales y federales, además de la participación activa del sector empresarial.

La estrategia también busca fortalecer la confianza de inversionistas y emprendedores, al generar condiciones que favorezcan la permanencia y expansión de las actividades económicas.

Estrategia alineada con la política nacional de seguridad

Las acciones anunciadas por el gobierno municipal se encuentran alineadas con la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Dentro de las prioridades nacionales se encuentra el combate a la extorsión, delito que afecta tanto a ciudadanos como a empresas y que impacta directamente en el desarrollo económico de diversas regiones del país.

En este contexto, las autoridades locales señalaron que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno permitirá fortalecer las acciones preventivas y mejorar los mecanismos de atención a las víctimas.

Tijuana busca consolidarse como referente nacional

El alcalde Ismael Burgueño Ruiz subrayó que la seguridad y el crecimiento económico mantienen una relación directa, especialmente en una ciudad fronteriza con intensa actividad comercial, turística e industrial.

Añadió que la colaboración entre gobierno y sector productivo permitirá construir un entorno más favorable para la inversión y el empleo, al tiempo que fortalecerá la confianza de quienes generan actividad económica en la región.

Con la firma del Pacto por la Prosperidad y la Justicia Económica, Tijuana se convierte en la primera ciudad del país en poner en marcha esta estrategia, cuyo propósito es reducir el impacto de la extorsión y contribuir a un entorno de mayor estabilidad para los negocios y el desarrollo económico.