Si bien México en los últimos años “robusteció” sus estrategias para prevenir el lavado de dinero, especialmente con reformas legales y la inclusión de algunos sistemas de monitoreo al interior de las distintas áreas de la Secretaría de Hacienda, todavía “existe una brecha grande” respecto a la efectividad de la persecución y del castigo a este delito, ámbitos que tocan a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial.
Otro de los elementos que ha generado un vacío en nuestro país, es la confiscación de los bienes producto de lavado de dinero, que ha sido poco efectivo hasta ahora, por las pocas herramientas legales que existían y sólo se ha podido enfocar en casos de narcotráfico y trata de personas, no así en los casos de tráfico de armas, de migrantes o, peor aún, de corrupción. Esto también es producto a la deficiente información de inteligencia, las limitadas investigaciones de campo y que en muy pocas ocasiones resisten los juicios.
Apenas estas últimas semanas se aprobó la Ley de Extinción de Dominio que ha causado enorme controversia, y en esta semana la Fiscalía General de la República creó una unidad especial para atender este tema en función de las nuevas disposiciones legales, la cual nace con limitaciones de personal y recursos.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es el organismo que establece los estándares y recomendaciones que deberán cumplir los países para combatir el lavado de dinero y nos han calificado mal. Daniel Alberto Ortiz de Montellano —vicepresidente de la comisión de PLD e integrante de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio Gerente de la práctica forense de KPMG México—, elaboró un estudio que tituló Radiografía de la 4ª ronda de evaluaciones mutuas del GAFI, y el resultado muestra que no es sólo un problema de México, pero por ello es más preocupante:
“El análisis de los 81 países evaluados a la fecha muestra grandes deficiencias en los esquemas preventivos alrededor del mundo. En una época como la actual, donde la tecnología evoluciona y facilita los movimientos de dinero, no se puede bajar la guardia. Se deben buscar esquemas que permitan aprovechar las tecnologías disruptivas para incrementar la eficiencia de los controles. Aún queda mucho por explotar e innovar.
“Todos los países necesitan cambiar el enfoque de la estrategia y buscar la efectividad de las medidas y como consecuencia, el cumplimiento; de lo contrario, la lucha en contra de estos ilícitos seguirá con grandes áreas de oportunidad y los criminales las aprovecharán”.
Si bien es un problema más amplio y sólo Reino Unido, Estados Unidos e Israel tienen una “efectividad alta”, México no alcanza ninguno de los objetivos con efectividad alta, más bien se encuentra en un rango de efectividad moderada, lo que se traduce en impunidad, el peor de los problemas porque, dice el estudio, “generan un clima proclive para que el delito no sea castigado”.
En poco tiempo las autoridades de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera se prevé que den a conocer los resultados de una serie de investigaciones que han llevado a cabo sobre ahora exfuncionarios que trabajaban al interior de la Secretaría de Hacienda, de la desaparecida Procuraduría General de la República y hasta del Poder Judicial. Han documentado cómo se simularon investigaciones por lavado de dinero o defraudación fiscal que en realidad terminaron en extorsiones a empresarios o personajes de interés para evitar las supuestas pesquisas.
Por ahora, el grupo especial que documenta estos hechos ocurridos en los últimos dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto suma testimonios, documentos oficiales del Servicio de Administración Tributaria, resoluciones de tribunales y expedientes escondidos en la Fiscalía. Los resultados tendrán que soportar los procesos judiciales para que sean considerados exitosos y haya un reconocimiento por parte del GAFI.
@Gosimai