Las organizaciones sociales, escuelas y asociaciones de Derecho, agencias internacionales que criticaron y hasta cuestionaron el nombramiento del procurador Raúl Cervantes, aquellas que se sintieron más tranquilas al saber que ya no es tan seguro que se convierta en Fiscal General, en realidad no deberían de estarlo, pues él y su equipo tendrán el tiempo suficiente, por lo menos un año o dos, para hacer los ajustes internos clave, y ya comenzaron.
Mientras tanto, continua la negociación en el Senado, particularmente entre las bancadas de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional para llegar a un acuerdo sobre los nombres que colocarán en las fiscalías, la General y Anticorrupción. Aunque se pospuso la decisión para febrero, por ahora va ganando la posición de ceder al PAN el nombramiento de quien combatirá la corrupción y al PRI, la cabeza de la Fiscalía General. Los otros partidos no cuentan.
En lo que eso se resuelve, en la Procuraduría General de la República (PGR) hay señales de alerta por los cambios que se están gestando y que sólo asoman una limpieza no sólo de grupos, sino de casos, presentes y futuros.
El poder político que aglutina la PGR es mucho. Hacer una auditoría a las investigaciones que se tienen, resolverlas en el mejor de los casos y, en el peor, redirigirlas, debilitarlas, almacenarlas o casi desaparecerlas es una tarea posible, o tal sólo extraer la información clave y valiosa y llevársela. Ha ocurrido en el pasado y ha dependido del momento político, de la calidad de los titulares y el control real que puedan tener sobre la dependencia.
El movimiento más sensible y visible ocurrió el pasado 25 de noviembre, cuando en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el procurador Cervantes publicó el cambio de adscripción de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.
Podría parecer poco relevante pero no lo es. Esa unidad tiene bajo su responsabilidad todas las pesquisas más importantes, sensibles y de alto impacto sobre lavado de dinero del crimen organizado, empresarios y políticos. Todos los estudios internacionales y analistas coinciden que atacar ese delito es la única forma de aniquilar a las mafias y cerrar la llave de la corrupción y la violencia.
Esa oficina fue creada en la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) hace dos décadas. Goza de una ley especial que le permite, con gran velocidad, obtener documentos bancarios, escuchas telefónicas, vigilancias, la inclusión de investigadores encubiertos y hasta entregas vigiladas o aumentar el término de retención de un detenido. Además es el área que está vinculada con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
El procurador Cervantes decidió quitarle todas las facultades de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y trasladarla a Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, que es la encargada de los ilícitos que no cumplen con el tipo penal de delincuencia organizada, y que por cierto ya tenía una unidad similar: Delitos Fiscales y Financieros.
¿Por qué desarmar a la SEIDO? ¿Por qué quitarle un área sustancial para combatir a los grupos criminales? ¿Por qué restarle facultades a una unidad de ese tipo, cuando las operaciones con recursos de procedencia ilícita o la falsificación de moneda tienen un altísimo nivel de complejidad?
Sorprende que el titular de la PGR, en el Acuerdo A/238/12, asegure que a pesar de que saca de la SEIDO a esta Unidad, la oficina conserva sus facultades para investigar al crimen organizado, cuando esto no es posible. También dice que “el combate a estos delitos son una prioridad para la institución”.
En el documento se justifica que son: “acciones de modernización en la estructura orgánica de la dependencia, a efecto de favorecer la armonía entre sus unidades administrativas, y dotarle de herramientas que garanticen mayor efectividad en sus tareas de investigación y combate a los delitos”. Es notorio que las investigaciones financieras son un tema que preocupa precisamente a quien ha sido cuestionado por sus vínculos con empresarios investigados en Estados Unidos por lavado de dinero. Un año es suficiente para amoldar una institución, debilitarla o fortalecerla, también para administrar la impunidad. Son más de dos décadas de explorar en el periodismo desde un enfoque de seguridad nacional. @Gosimai